Maes, ¡qué despiche se armó en Cuesta de Moras! Si pensaban que la semana iba a estar tranquila, agárrense. La comisión especial que estaba investigando la vara del Caso BCIE acaba de soltar una bomba: recomendaron formalmente al Plenario levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. Así como lo leen. Después de un mes de audiencias, de revisar papeles y de escuchar al Fiscal General, al mismo Chaves y a otros involucrados, los diputados de la comisión (con votos clave de Andrea Álvarez del PLN y Rocío Alfaro del Frente Amplio) concluyeron que el expediente tiene suficiente carnita como para que la cosa no muera en la Asamblea y pase a los Tribunales. Esto no es un simple titular, es el inicio de una bronca política de proporciones épicas.
Para los que andan un poco perdidos, les hago un resumen en buen tico. La Fiscalía alega que el presidente Chaves, supuestamente, le metió presión al empresario Christian Bulgarelli para que, con la plata de un contrato del BCIE, le diera un "brete" bien pagado a su exjefe de campaña, Federico "Choreco" Cruz. El delito tiene un nombre rimbombante: concusión. En español simple, es cuando un funcionario público usa su poder para sacarle una ventaja indebida a alguien. Según la acusación, el famoso contrato de comunicación para Presidencia fue el chunche que se usó para mover la plata y pagar el favor. Bulgarelli, que ahora es el "testigo de la corona", es el que soltó toda la sopa, y por lo visto, sus declaraciones fueron la pieza clave para que la comisión tomara esta decisión.
Claro, la vara no fue unánime. Como en toda buena mejenga política, el pleito dentro de la comisión estuvo a cachete. Por un lado, la diputada Álvarez, que presidía el grupo, fue clarísima: "Hay seriedad y consistencia en la acusación". Ella y Alfaro sostienen que los documentos y los testimonios no huelen a persecución política, sino que apuntan a que sí hubo una "dádiva", un favorcito, pues. Pero en la otra esquina, el diputado oficialista Daniel Vargas se puso la chema del presi y rechazó todo. Para él, no hay una sola "prueba fehaciente" y todo es un cuento armado por Bulgarelli. Básicamente, su argumento es que no se puede armar un caso tan grave basándose solo en la palabra de un testigo que, además, también estaba metido en el enredo.
Ahora, ¿qué sigue en este novelón? Ojo, que la recomendación de la comisión no es la última palabra. Esto es como pasar la etapa de grupos; ahora viene la final. El informe se va para el Plenario, donde los 57 diputados tendrán que leerse el expediente y tomar la decisión final. Tienen 15 días para estudiarlo, y se rumora que la votación podría ser el lunes 22 de setiembre. Ahí es donde la puerca va a torcer el rabo, porque ya no es una comisión de unos pocos, es todo el Congreso. Se vienen días de negociaciones, de discursos encendidos, de presión mediática y, muy probablemente, de un montón de trapos sucios saliendo al sol. Si a Chaves le quitan el fuero, se convertiría en el primer presidente en la historia reciente de Costa Rica en enfrentar una causa penal mientras está en el cargo. ¡Casi nada!
Más allá de si son pro-Chaves o anti-Chaves, esta situación es una verdadera papa caliente para la institucionalidad del país. Pone a prueba la separación de poderes y la fortaleza de nuestro sistema judicial. La pregunta que queda en el aire es densa. ¿Es esto un acto de justicia necesario para sentar un precedente o una jugada política para desestabilizar al gobierno? Sea como sea, se nos vienen semanas de un nivel de tensión que no veíamos hace rato. Pero aquí entre nos, maes, y dejando las banderas políticas de lado por un segundo... ¿Creen que el Plenario tiene los pantalones para seguir la recomendación, o esto va a terminar en puro show y en una negociación por debajo de la mesa para que no pase nada?
Para los que andan un poco perdidos, les hago un resumen en buen tico. La Fiscalía alega que el presidente Chaves, supuestamente, le metió presión al empresario Christian Bulgarelli para que, con la plata de un contrato del BCIE, le diera un "brete" bien pagado a su exjefe de campaña, Federico "Choreco" Cruz. El delito tiene un nombre rimbombante: concusión. En español simple, es cuando un funcionario público usa su poder para sacarle una ventaja indebida a alguien. Según la acusación, el famoso contrato de comunicación para Presidencia fue el chunche que se usó para mover la plata y pagar el favor. Bulgarelli, que ahora es el "testigo de la corona", es el que soltó toda la sopa, y por lo visto, sus declaraciones fueron la pieza clave para que la comisión tomara esta decisión.
Claro, la vara no fue unánime. Como en toda buena mejenga política, el pleito dentro de la comisión estuvo a cachete. Por un lado, la diputada Álvarez, que presidía el grupo, fue clarísima: "Hay seriedad y consistencia en la acusación". Ella y Alfaro sostienen que los documentos y los testimonios no huelen a persecución política, sino que apuntan a que sí hubo una "dádiva", un favorcito, pues. Pero en la otra esquina, el diputado oficialista Daniel Vargas se puso la chema del presi y rechazó todo. Para él, no hay una sola "prueba fehaciente" y todo es un cuento armado por Bulgarelli. Básicamente, su argumento es que no se puede armar un caso tan grave basándose solo en la palabra de un testigo que, además, también estaba metido en el enredo.
Ahora, ¿qué sigue en este novelón? Ojo, que la recomendación de la comisión no es la última palabra. Esto es como pasar la etapa de grupos; ahora viene la final. El informe se va para el Plenario, donde los 57 diputados tendrán que leerse el expediente y tomar la decisión final. Tienen 15 días para estudiarlo, y se rumora que la votación podría ser el lunes 22 de setiembre. Ahí es donde la puerca va a torcer el rabo, porque ya no es una comisión de unos pocos, es todo el Congreso. Se vienen días de negociaciones, de discursos encendidos, de presión mediática y, muy probablemente, de un montón de trapos sucios saliendo al sol. Si a Chaves le quitan el fuero, se convertiría en el primer presidente en la historia reciente de Costa Rica en enfrentar una causa penal mientras está en el cargo. ¡Casi nada!
Más allá de si son pro-Chaves o anti-Chaves, esta situación es una verdadera papa caliente para la institucionalidad del país. Pone a prueba la separación de poderes y la fortaleza de nuestro sistema judicial. La pregunta que queda en el aire es densa. ¿Es esto un acto de justicia necesario para sentar un precedente o una jugada política para desestabilizar al gobierno? Sea como sea, se nos vienen semanas de un nivel de tensión que no veíamos hace rato. Pero aquí entre nos, maes, y dejando las banderas políticas de lado por un segundo... ¿Creen que el Plenario tiene los pantalones para seguir la recomendación, o esto va a terminar en puro show y en una negociación por debajo de la mesa para que no pase nada?
