¡Ay, Dios mío, qué desmadre! Las mamás de este país están hasta las cachas con la espera de los pagos por las licencias de cuidado infantil. Resulta que la Presidenta soltó unas palabras bonitas sobre apoyo a la familia, pero la realidad es que muchas madres se quedan sin plata, teniendo que elegir entre pagar el alquiler o poner comida en la mesa. ¡Qué vara!
La bronca viene de atrás, desde que la pandemia golpeó duro, muchas familias dependieron de las guarderías comunitarias para poder trabajar. El Gobierno prometió apoyar económicamente estas iniciativas, otorgando licencias de cuidado y pagando una compensación a las cuidadoras. Pero parece que el papeleo se ha tragado el dinero y las promesas se han quedado en el aire.
Según nos cuentan algunas afectadas, el problema no es solo la lentitud burocrática, sino también contradicciones en las declaraciones oficiales. Primero culparon a la CCSS, luego a alguna doña Marta que supuestamente anda trabando el proceso. ¡Qué torta! Parece que nadie asume la responsabilidad y las madres terminan siendo las que pagan los platos rotos.
Una de las mamás, quien prefiere mantenerse anónima por temor a represalias, nos dijo: “Estamos cansadas de escuchar excusas. Necesitamos respuestas claras y necesitamos que nos paguen lo que legalmente nos corresponde. Hemos hecho todo el papeleo, cumplido con todos los requisitos, pero seguimos esperando.” Su voz reflejaba la frustración compartida por decenas de mujeres en todo el país.
Y no es solamente un problema económico; es una cuestión de dignidad. Estas mujeres han dedicado sus vidas a cuidar de los niños, asegurándose de que tengan un ambiente seguro y estimulante para crecer. Ahora, se sienten abandonadas por el Estado y ninguneadas por quienes deberían estar velando por su bienestar.
Expertos en políticas públicas señalan que la falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales es la raíz del problema. Según analistas, la información no fluye correctamente entre la Presidencia, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras entidades involucradas, generando retrasos y confusiones.
Lo que preocupa es que esta situación podría tener consecuencias graves para las familias vulnerables. Muchas madres podrían verse obligadas a dejar de trabajar, afectando la economía familiar y perpetuando el ciclo de pobreza. Además, la incertidumbre y la angustia pueden afectar la salud mental de estas mujeres, ya que lidian con el estrés de no saber cómo cubrir sus necesidades básicas.
En fin, esta situación es un verdadero brete para miles de familias costarricenses. Es hora de que el Gobierno asuma la responsabilidad y agilice los trámites, garantizando que las madres reciban el apoyo que necesitan y merecen. ¿Ustedes creen que el Gobierno realmente va a solucionar este problema o seguirá echándonos balones viejos?
La bronca viene de atrás, desde que la pandemia golpeó duro, muchas familias dependieron de las guarderías comunitarias para poder trabajar. El Gobierno prometió apoyar económicamente estas iniciativas, otorgando licencias de cuidado y pagando una compensación a las cuidadoras. Pero parece que el papeleo se ha tragado el dinero y las promesas se han quedado en el aire.
Según nos cuentan algunas afectadas, el problema no es solo la lentitud burocrática, sino también contradicciones en las declaraciones oficiales. Primero culparon a la CCSS, luego a alguna doña Marta que supuestamente anda trabando el proceso. ¡Qué torta! Parece que nadie asume la responsabilidad y las madres terminan siendo las que pagan los platos rotos.
Una de las mamás, quien prefiere mantenerse anónima por temor a represalias, nos dijo: “Estamos cansadas de escuchar excusas. Necesitamos respuestas claras y necesitamos que nos paguen lo que legalmente nos corresponde. Hemos hecho todo el papeleo, cumplido con todos los requisitos, pero seguimos esperando.” Su voz reflejaba la frustración compartida por decenas de mujeres en todo el país.
Y no es solamente un problema económico; es una cuestión de dignidad. Estas mujeres han dedicado sus vidas a cuidar de los niños, asegurándose de que tengan un ambiente seguro y estimulante para crecer. Ahora, se sienten abandonadas por el Estado y ninguneadas por quienes deberían estar velando por su bienestar.
Expertos en políticas públicas señalan que la falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales es la raíz del problema. Según analistas, la información no fluye correctamente entre la Presidencia, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras entidades involucradas, generando retrasos y confusiones.
Lo que preocupa es que esta situación podría tener consecuencias graves para las familias vulnerables. Muchas madres podrían verse obligadas a dejar de trabajar, afectando la economía familiar y perpetuando el ciclo de pobreza. Además, la incertidumbre y la angustia pueden afectar la salud mental de estas mujeres, ya que lidian con el estrés de no saber cómo cubrir sus necesidades básicas.
En fin, esta situación es un verdadero brete para miles de familias costarricenses. Es hora de que el Gobierno asuma la responsabilidad y agilice los trámites, garantizando que las madres reciban el apoyo que necesitan y merecen. ¿Ustedes creen que el Gobierno realmente va a solucionar este problema o seguirá echándonos balones viejos?
