Maes, hablemos paja un toque. ¿Cuántas veces hemos ido a la farmacia y salido con la billetera temblando y pensando “¡qué despiche!”? El tema de los precios de los medicamentos en este país es una novela de la que ya todos estamos cansados. Por años hemos escuchado la misma vara: que somos de los más caros de la región, que las farmacéuticas hacen su agosto, y que al final el que paga los platos rotos es uno. Pero diay, parece que por fin, después de tanto hablar, algo se está moviendo en Cuesta de Moras.
Resulta que esta semana la Asamblea Legislativa le dio el primer sí a un proyecto de ley que busca, ahora en serio, meterle el hombro a este problema. Con 40 votos a favor, los diputados aprobaron el expediente 23.234, una iniciativa que suena bastante bien en el papel. La vara es simple pero potente: prohibir los contratos de exclusividad. ¿Qué significa eso en español? Que se acaba el jueguito de que una importadora grande solo le venda a su cadena de farmacias “compa”, dejando a las más pequeñas por fuera y limitando la competencia. La idea es abrir la cancha para que más gente pueda jugar y, en teoría, los precios bajen por pura oferta y demanda.
Además, el plan incluye un “Observatorio de Precios” a cargo del MEIC. Piénsenlo como una especie de app o página web donde uno podría ver a cómo compra la farmacia el medicamento y a cómo se lo están vendiendo a usted. ¡Qué nivel de transparencia! Se acabaría el misterio y uno como consumidor tendría el poder de decidir dónde le rinde más la plata. Viendo esto, uno piensa: ¡qué chiva! Es un brete que se aplaude, especialmente viniendo de las diputadas del PUSC, María Marta Carballo y Melina Ajoy, que le han puesto bonito al asunto.
Pero como en toda historia tica, no podía ser tan fácil. ¿Se acuerdan de los famosos decretos del presidente Chaves? Aquellos que prometieron el oro y el moro en 2022 y 2023 para bajar los precios y que al final... nada. Seamos honestos: ese plan se fue al traste. El gobierno se jaló una torta monumental intentando poner topes a las ganancias que ni la Coprocom veía con buenos ojos. Fue un intento fallido que dejó un sin sabor, y ahora que el Congreso toma la batuta, la sombra de ese fracaso todavía está ahí. Es como ver a la Sele intentar una jugada que ya falló antes; uno quiere creer, pero la duda queda.
Y para echarle más leña al fuego, apenas se aprobó en primer debate, ¡pum! 17 diputados le metieron una consulta de constitucionalidad. Según la diputada Carballo, esto podría atrasar todo el proceso. Es para sentarse y pensar, ¿verdad? Justo cuando parece que hay una solución real sobre la mesa, sale un grupo a ponerle un freno de mano. Uno no sabe si es por intereses, por dudas genuinas o simplemente por ganas de complicar la cosa. El tiempo dirá si la jugada prospera o si se queda pegada en burocracia.
Entonces, maes, aquí estamos: con una ley prometedora que ya pasó un filtro importante, pero con el fantasma del fracaso pasado y una traba legal recién puesta. La pregunta para el foro es clara: ¿Creen que esta vez sí es la buena y por fin veremos un alivio en el bolsillo, o esto es solo otro capítulo de la misma novela y al final va a ser puro atol con el dedo? ¡Los leo!
Resulta que esta semana la Asamblea Legislativa le dio el primer sí a un proyecto de ley que busca, ahora en serio, meterle el hombro a este problema. Con 40 votos a favor, los diputados aprobaron el expediente 23.234, una iniciativa que suena bastante bien en el papel. La vara es simple pero potente: prohibir los contratos de exclusividad. ¿Qué significa eso en español? Que se acaba el jueguito de que una importadora grande solo le venda a su cadena de farmacias “compa”, dejando a las más pequeñas por fuera y limitando la competencia. La idea es abrir la cancha para que más gente pueda jugar y, en teoría, los precios bajen por pura oferta y demanda.
Además, el plan incluye un “Observatorio de Precios” a cargo del MEIC. Piénsenlo como una especie de app o página web donde uno podría ver a cómo compra la farmacia el medicamento y a cómo se lo están vendiendo a usted. ¡Qué nivel de transparencia! Se acabaría el misterio y uno como consumidor tendría el poder de decidir dónde le rinde más la plata. Viendo esto, uno piensa: ¡qué chiva! Es un brete que se aplaude, especialmente viniendo de las diputadas del PUSC, María Marta Carballo y Melina Ajoy, que le han puesto bonito al asunto.
Pero como en toda historia tica, no podía ser tan fácil. ¿Se acuerdan de los famosos decretos del presidente Chaves? Aquellos que prometieron el oro y el moro en 2022 y 2023 para bajar los precios y que al final... nada. Seamos honestos: ese plan se fue al traste. El gobierno se jaló una torta monumental intentando poner topes a las ganancias que ni la Coprocom veía con buenos ojos. Fue un intento fallido que dejó un sin sabor, y ahora que el Congreso toma la batuta, la sombra de ese fracaso todavía está ahí. Es como ver a la Sele intentar una jugada que ya falló antes; uno quiere creer, pero la duda queda.
Y para echarle más leña al fuego, apenas se aprobó en primer debate, ¡pum! 17 diputados le metieron una consulta de constitucionalidad. Según la diputada Carballo, esto podría atrasar todo el proceso. Es para sentarse y pensar, ¿verdad? Justo cuando parece que hay una solución real sobre la mesa, sale un grupo a ponerle un freno de mano. Uno no sabe si es por intereses, por dudas genuinas o simplemente por ganas de complicar la cosa. El tiempo dirá si la jugada prospera o si se queda pegada en burocracia.
Entonces, maes, aquí estamos: con una ley prometedora que ya pasó un filtro importante, pero con el fantasma del fracaso pasado y una traba legal recién puesta. La pregunta para el foro es clara: ¿Creen que esta vez sí es la buena y por fin veremos un alivio en el bolsillo, o esto es solo otro capítulo de la misma novela y al final va a ser puro atol con el dedo? ¡Los leo!
