¡Ay, Dios mío! Parece que tenemos otro lío gordo en casa. Un informe de la Contraloría nos cayó como balde de agua fría revelando que los profesionales de la medicina encabezan la lista de quienes no cumplen con sus deberes fiscales ante la CCSS. ¡Qué despiche!, porque precisamente ellos, los que juraron curarnos, ahora estarían jugando sucio con nuestras contribuciones.
Según la investigación, durante el 2024, los doctores independientes acumularon una evasión millonaria de ₡2.009 millones. Pero eso no es todo, porque otras profesiones como la contaduría y administración de negocios (₡1.759 millones), derecho (₡1.459 millones), computación e informática (₡716 millones) y odontología (₡405 millones) tampoco anduvieron muy bien en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Claramente, esto es una vara que no podemos dejar pasar así nomás.
La jugada, según la CGR, es bastante sencilla: declaran unos ingresos mucho más bajos de lo que realmente ganan y, para colmo, algunos ni siquiera se aseguran en la CCSS como corresponde. ¡Una pena!, porque esperábamos que estos profesionales, que tienen una responsabilidad tan grande con nuestra salud, fueran ejemplo de rectitud y transparencia. Este brete pone en tela de juicio la ética profesional de muchos.
Pero la cosa no termina ahí. Lo más preocupante es que la propia CCSS parece estar hecha para andar medio torpe en este tema. Según la Contraloría, no existe ninguna normativa clara que defina cómo estimar la evasión de contribuciones. ¡Imagínate!, están manejando todo a tientas, sin herramientas ni procesos definidos. Y peor aún, esas estimaciones que logran hacer, no las usan para tomar decisiones ni para corregir el rumbo. ¡Qué carga!
El panorama general pinta feo: en total, los trabajadores independientes dejaron de pagar ₡126.785 millones en seguros de salud y ₡107.192 millones en seguros de pensiones durante el 2024. Los profesionales liberales no se quedaron atrás, con ₡6.395 millones faltantes en salud y ₡5.649 millones en pensiones. Tenemos incluso una buena cantidad de profesionales que tributan al Ministerio de Hacienda, pero ni madres cotizan a la CCSS… ¡Qué sal!
Para ponerle freno a esta situación, la CGR ya le puso plazos estrictos a la CCSS. Ahora tienen que moverse rápido y establecer normas claras para calcular y combatir la evasión. Le exigen a la Junta Directiva que analice el estudio y tome cartas en el asunto antes del 28 de septiembre de 2026. La Gerencia Financiera tiene que crear un reglamento para estimar la evasión y empezar a elaborarlo a toda prisa, teniendo resultados al 30 de noviembre de 2025. Además, tendrán que coordinarse con el Ministerio de Hacienda para compartir información y evitar que estos artimaños sigan funcionando.
Sin embargo, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿será suficiente con estas medidas correctivas para solucionar el problema de fondo? ¿Realmente cambiará la cultura de incumplimiento entre algunos profesionales? Y más importante aún, ¿cómo podemos garantizar que la CCSS tenga los recursos necesarios para fiscalizar adecuadamente a todos esos que intentan jugar con el sistema? ¿Es hora de implementar controles más rigurosos o enfocarnos en fortalecer la educación y concientización sobre la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales?
Y hablando de eso, ¿ustedes qué opinan, compañeros del Foro? ¿Creen que la CCSS tiene la capacidad y la voluntad política para enfrentar este desafío de frente? ¿Será que necesitamos revisar la forma en que regulamos a los profesionales independientes o simplemente se trata de unos pocos maeses que quieren aprovecharse del sistema? Dejen sus comentarios abajo, ¡quiero saber qué piensan!
Según la investigación, durante el 2024, los doctores independientes acumularon una evasión millonaria de ₡2.009 millones. Pero eso no es todo, porque otras profesiones como la contaduría y administración de negocios (₡1.759 millones), derecho (₡1.459 millones), computación e informática (₡716 millones) y odontología (₡405 millones) tampoco anduvieron muy bien en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Claramente, esto es una vara que no podemos dejar pasar así nomás.
La jugada, según la CGR, es bastante sencilla: declaran unos ingresos mucho más bajos de lo que realmente ganan y, para colmo, algunos ni siquiera se aseguran en la CCSS como corresponde. ¡Una pena!, porque esperábamos que estos profesionales, que tienen una responsabilidad tan grande con nuestra salud, fueran ejemplo de rectitud y transparencia. Este brete pone en tela de juicio la ética profesional de muchos.
Pero la cosa no termina ahí. Lo más preocupante es que la propia CCSS parece estar hecha para andar medio torpe en este tema. Según la Contraloría, no existe ninguna normativa clara que defina cómo estimar la evasión de contribuciones. ¡Imagínate!, están manejando todo a tientas, sin herramientas ni procesos definidos. Y peor aún, esas estimaciones que logran hacer, no las usan para tomar decisiones ni para corregir el rumbo. ¡Qué carga!
El panorama general pinta feo: en total, los trabajadores independientes dejaron de pagar ₡126.785 millones en seguros de salud y ₡107.192 millones en seguros de pensiones durante el 2024. Los profesionales liberales no se quedaron atrás, con ₡6.395 millones faltantes en salud y ₡5.649 millones en pensiones. Tenemos incluso una buena cantidad de profesionales que tributan al Ministerio de Hacienda, pero ni madres cotizan a la CCSS… ¡Qué sal!
Para ponerle freno a esta situación, la CGR ya le puso plazos estrictos a la CCSS. Ahora tienen que moverse rápido y establecer normas claras para calcular y combatir la evasión. Le exigen a la Junta Directiva que analice el estudio y tome cartas en el asunto antes del 28 de septiembre de 2026. La Gerencia Financiera tiene que crear un reglamento para estimar la evasión y empezar a elaborarlo a toda prisa, teniendo resultados al 30 de noviembre de 2025. Además, tendrán que coordinarse con el Ministerio de Hacienda para compartir información y evitar que estos artimaños sigan funcionando.
Sin embargo, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿será suficiente con estas medidas correctivas para solucionar el problema de fondo? ¿Realmente cambiará la cultura de incumplimiento entre algunos profesionales? Y más importante aún, ¿cómo podemos garantizar que la CCSS tenga los recursos necesarios para fiscalizar adecuadamente a todos esos que intentan jugar con el sistema? ¿Es hora de implementar controles más rigurosos o enfocarnos en fortalecer la educación y concientización sobre la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales?
Y hablando de eso, ¿ustedes qué opinan, compañeros del Foro? ¿Creen que la CCSS tiene la capacidad y la voluntad política para enfrentar este desafío de frente? ¿Será que necesitamos revisar la forma en que regulamos a los profesionales independientes o simplemente se trata de unos pocos maeses que quieren aprovecharse del sistema? Dejen sus comentarios abajo, ¡quiero saber qué piensan!
