¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con un proyecto que suena lindo en teoría, pero que huele a gallina flaca. Resulta que ahora quieren darle a la Policía de Migración la potestad de notificar procesos judiciales, directamente en fronteras y aeropuertos. Imagínate la cola que va a haber, ¡qué torta!
El diputado Salas, con toda la intención del mundo, dice que esto es para acelerar los juicios y resolver esos 859 mil expedientes acumulados que tenemos varados. Según él, actualmente hay que esperar hasta 656 días para simplemente avisarle a alguien que tiene un caso pendiente. ¡Pero buen, quién los aguanta! Yo creo que ahí hay algo turbio, el papeleo es un monstruo.
El proyecto, básicamente, quiere modificar algunas leyes para que los oficiales de Migración puedan entregar citaciones judiciales como si fueran notificadores profesionales. En teoría, sería súper eficiente: la gente sale del país y, ¡pum!, le llega la notificación. Pero a ver, ¿y si la persona no entiende qué le están diciendo? ¿Quién le explica sus derechos en medio del aeropuerto?
Lo que más me preocupa es que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Trabajadores de la Policía Profesional de Migración (ANEP-PPM) está echando humo. Dicen que no tienen ni la gente, ni el dinero, ni la capacitación necesaria para asumir este brete. ¡Y tienen razón! Con 515 oficiales para todo el país, ya andan justos atendiendo la demanda migratoria normal, ¿ahora van a convertirse en abogados y jueces?
Además, agregan que muchos policías ni siquiera tienen el curso básico de policía, mucho menos conocimientos de leyes procesales. Esto pinta a errores garrafales y nulidades legales, lo que terminaría generando más problemas que soluciones. ¡Se les estaría jalando una torta de cuidado!
Y ojo, porque también señalan que ya existen las Oficinas Centralizadas de Notificaciones (OCN), que están hechas precisamente para eso. Así que, en lugar de fortalecerlas, quieren pasarle la batuta a unos policías que probablemente ni saben diferenciar un pliego de una cédula judicial. ¡Qué nivel de despiste!
Desde la PPM proponen enfocarse en fortalecer esas oficinas existentes y en mejorar la profesionalización de la Policía de Migración, dotándolos de recursos y capacitación adecuada. Eso sí tendría sentido, pero claro, eso no da tantos titulares ni tanto rédito político. En cambio, meter a la policía en temas judiciales siempre levanta polémica... y de qué manera.
Ahora dime tú, ¿crees que darle esta responsabilidad a la Policía de Migración realmente va a solucionar el problema de la mora judicial, o es solo una solución chapucera que terminará creando más complicaciones? ¿O tal vez sería mejor invertir en capacitar a los notificadores judiciales y fortalecer las OCN en lugar de meter a la policía en un área donde claramente no están preparados?
El diputado Salas, con toda la intención del mundo, dice que esto es para acelerar los juicios y resolver esos 859 mil expedientes acumulados que tenemos varados. Según él, actualmente hay que esperar hasta 656 días para simplemente avisarle a alguien que tiene un caso pendiente. ¡Pero buen, quién los aguanta! Yo creo que ahí hay algo turbio, el papeleo es un monstruo.
El proyecto, básicamente, quiere modificar algunas leyes para que los oficiales de Migración puedan entregar citaciones judiciales como si fueran notificadores profesionales. En teoría, sería súper eficiente: la gente sale del país y, ¡pum!, le llega la notificación. Pero a ver, ¿y si la persona no entiende qué le están diciendo? ¿Quién le explica sus derechos en medio del aeropuerto?
Lo que más me preocupa es que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Trabajadores de la Policía Profesional de Migración (ANEP-PPM) está echando humo. Dicen que no tienen ni la gente, ni el dinero, ni la capacitación necesaria para asumir este brete. ¡Y tienen razón! Con 515 oficiales para todo el país, ya andan justos atendiendo la demanda migratoria normal, ¿ahora van a convertirse en abogados y jueces?
Además, agregan que muchos policías ni siquiera tienen el curso básico de policía, mucho menos conocimientos de leyes procesales. Esto pinta a errores garrafales y nulidades legales, lo que terminaría generando más problemas que soluciones. ¡Se les estaría jalando una torta de cuidado!
Y ojo, porque también señalan que ya existen las Oficinas Centralizadas de Notificaciones (OCN), que están hechas precisamente para eso. Así que, en lugar de fortalecerlas, quieren pasarle la batuta a unos policías que probablemente ni saben diferenciar un pliego de una cédula judicial. ¡Qué nivel de despiste!
Desde la PPM proponen enfocarse en fortalecer esas oficinas existentes y en mejorar la profesionalización de la Policía de Migración, dotándolos de recursos y capacitación adecuada. Eso sí tendría sentido, pero claro, eso no da tantos titulares ni tanto rédito político. En cambio, meter a la policía en temas judiciales siempre levanta polémica... y de qué manera.
Ahora dime tú, ¿crees que darle esta responsabilidad a la Policía de Migración realmente va a solucionar el problema de la mora judicial, o es solo una solución chapucera que terminará creando más complicaciones? ¿O tal vez sería mejor invertir en capacitar a los notificadores judiciales y fortalecer las OCN en lugar de meter a la policía en un área donde claramente no están preparados?
