Maes, a veces uno lee noticias que parecen sacadas de un mal chiste, pero que va, esto es la pura realidad tica. La vara es que este lunes en Piedades de Santa Ana, una oficial de la Fuerza Pública se jaló una torta, pero de esas monumentales: chocó la patrulla que manejaba y, para rematar, dio positivo en la prueba de alcoholemia. ¡Qué despiche! No estamos hablando de que rayó el bumper saliendo del parqueo, no. El accidente fue tan serio que un hombre está en este momento en condición crítica y otra persona resultó herida. O sea, el asunto pasó de ser un simple error a una potencial tragedia por una irresponsabilidad que cuesta creer.
Como era de esperarse, el Ministerio de Seguridad Pública salió rapidito a dar la cara, o al menos a intentarlo. Su respuesta fue la de siempre, la que parece copiada y pegada de un manual: confirmaron el positivo y dijeron que "se activa el protocolo para efectuar el control de alcohol en la sangre". Diay, gracias, es lo mínimo que uno esperaría. Pero esta respuesta burocrática deja un sinsabor terrible. El protocolo se activa después del choque, después de que ya hay dos personas heridas, una de ellas debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Y los protocolos de prevención? ¿Nadie se da cuenta si un compañero llega al brete con tragos de más antes de entregarle las llaves de un chunche que puede ser un arma en las manos equivocadas?
Aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Dejemos de lado por un segundo a la oficial y el proceso interno que le espera, que ojalá sea ejemplar. Pensemos en las víctimas. Un ciudadano, que probablemente iba tranquilo para su casa o su trabajo, ahora está en un hospital en estado crítico. Su vida y la de su familia cambiaron en un segundo, no por un accidente fortuito, sino por la presunta negligencia de quien se supone debe protegerlo. La noticia dice que el choque fue contra un "objeto fijo", pero el resultado no fue solo latas retorcidas; fue un despliegue de cinco unidades de emergencia y dos personas trasladadas. Aquí es donde la torta deja de ser una simple falta y se convierte en un asunto de vida o muerte.
Esta situación es el colmo de la ironía y le mete un golpe durísimo a la confianza en la policía. Se supone que ellos son la primera línea de defensa contra los borrachos al volante. Son ellos los que montan los operativos, los que nos detienen y nos hacen la prueba del alcoholímetro si sospechan algo. ¿Con qué cara ahora? ¿Cómo se supone que un ciudadano respete la autoridad de un oficial que le pide soplar en la maquinita, si en el fondo está pensando que tal vez ese mismo oficial se va a echar unos tragos antes de empezar su turno? Es un golpe directo a la credibilidad de toda la institución, y recuperar esa confianza cuesta un mundo.
Todo el plan de seguridad, de protección y de servicio a la comunidad de esta oficial, se fue al traste en el momento en que decidió, presuntamente, mezclar alcohol con el volante de una patrulla. Es una mancha que no solo la afecta a ella, sino que salpica a todos sus compañeros que sí hacen su trabajo con honor y responsabilidad. La pregunta que queda en el aire es densa y preocupante. Más allá de la sanción para esta mujer, que debe ser la que dicta la ley y el reglamento, ¿creen ustedes que esto es un caso aislado o un síntoma de un problema más profundo y silencioso dentro de la Fuerza Pública? ¿Faltan controles psicológicos y de estrés, o simplemente mejores filtros antes de que los oficiales salgan a la calle? Los leo.
Como era de esperarse, el Ministerio de Seguridad Pública salió rapidito a dar la cara, o al menos a intentarlo. Su respuesta fue la de siempre, la que parece copiada y pegada de un manual: confirmaron el positivo y dijeron que "se activa el protocolo para efectuar el control de alcohol en la sangre". Diay, gracias, es lo mínimo que uno esperaría. Pero esta respuesta burocrática deja un sinsabor terrible. El protocolo se activa después del choque, después de que ya hay dos personas heridas, una de ellas debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Y los protocolos de prevención? ¿Nadie se da cuenta si un compañero llega al brete con tragos de más antes de entregarle las llaves de un chunche que puede ser un arma en las manos equivocadas?
Aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Dejemos de lado por un segundo a la oficial y el proceso interno que le espera, que ojalá sea ejemplar. Pensemos en las víctimas. Un ciudadano, que probablemente iba tranquilo para su casa o su trabajo, ahora está en un hospital en estado crítico. Su vida y la de su familia cambiaron en un segundo, no por un accidente fortuito, sino por la presunta negligencia de quien se supone debe protegerlo. La noticia dice que el choque fue contra un "objeto fijo", pero el resultado no fue solo latas retorcidas; fue un despliegue de cinco unidades de emergencia y dos personas trasladadas. Aquí es donde la torta deja de ser una simple falta y se convierte en un asunto de vida o muerte.
Esta situación es el colmo de la ironía y le mete un golpe durísimo a la confianza en la policía. Se supone que ellos son la primera línea de defensa contra los borrachos al volante. Son ellos los que montan los operativos, los que nos detienen y nos hacen la prueba del alcoholímetro si sospechan algo. ¿Con qué cara ahora? ¿Cómo se supone que un ciudadano respete la autoridad de un oficial que le pide soplar en la maquinita, si en el fondo está pensando que tal vez ese mismo oficial se va a echar unos tragos antes de empezar su turno? Es un golpe directo a la credibilidad de toda la institución, y recuperar esa confianza cuesta un mundo.
Todo el plan de seguridad, de protección y de servicio a la comunidad de esta oficial, se fue al traste en el momento en que decidió, presuntamente, mezclar alcohol con el volante de una patrulla. Es una mancha que no solo la afecta a ella, sino que salpica a todos sus compañeros que sí hacen su trabajo con honor y responsabilidad. La pregunta que queda en el aire es densa y preocupante. Más allá de la sanción para esta mujer, que debe ser la que dicta la ley y el reglamento, ¿creen ustedes que esto es un caso aislado o un síntoma de un problema más profundo y silencioso dentro de la Fuerza Pública? ¿Faltan controles psicológicos y de estrés, o simplemente mejores filtros antes de que los oficiales salgan a la calle? Los leo.
