La Guerra Cristera en México consistió en una fuerte lucha que duró 3 años entre el Gobierno y la Iglesia, de la cual se prohibió hablar durante mucho tiempo en México y también se tienen muy pocos documentos que hablen de ella.
Después de haber terminado la Guerra de Reforma en 1859 (durante la cual se enfrentaron dos grupos políticos en México: los conservadores que estaban en contra de la
Constitución de 1857 contra los liberales) y la intervención Francesa en 1867 los gobernantes de México llevaron a la práctica una serie de medidas que proclamaban la separación entre la Iglesia y el Estado, al igual que disminuyeron el papel social de la primera ya que se sancionaba a los funcionarios que asistían a actos religiosos, se confiscaron todas las propiedades eclesiásticas y abolieron las órdenes monásticas.
Durante la dictadura del general
Porfirio Díaz (1876-1910), el conflicto entre la Iglesia y el Estado se calmó un poco. Y durante este tiempo la iglesia aprovechó de realizar en México una "segunda evangelización", desarrollando numerosos movimientos de acción cívica y social que fue hecha por órdenes del Papa León XIII que pretendía renovar la Iglesia.
La Iglesia estaba en plena expansión cuando comenzó la
Revolución de México, siendo los primeros tres años de esta favorables para la Iglesia.
En 1910 tras la victoria de Carranza y Obregón se promulga de la nueva
Constitución, la cual establece una política de intolerancia religiosa y privó a la Iglesia de toda personalidad jurídica, entre sus puntos están: la prohibición de los votos religiosos, la prohibición a la Iglesia para poseer bienes raíces. Pero la nueva Constitución fue más lejos, se prohibió el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas, a la vez que el Estado decidiría el número de iglesias y de sacerdotes que habría; se negó al clero el derecho de votar, a la prensa religiosa se le prohibió tocar temas relacionados con asuntos públicos, se señaló la educación primaria como laica y secular, y las corporaciones religiosas y los ministros de cultos estarían impedidos para establecer o dirigir escuelas primarias.
Los católicos no ofrecieron una respuesta violenta cuando la
Constitución entró en vigor, y se optó por iniciar una lucha pacífica para modificar aquellas partes que les afectaban directamente.
