¡Ay, Dios mío! Resulta que la Asamblea Legislativa le dio luz verde al tercer presupuesto extraordinario del 2025, pero con un buen recorte de ¢128.500 millones. Parece que las cosas no anduvieron tan bien en la recolección de impuestos, y eso se siente en los bolsillos de todos. Que bueno que aprobaron el plenario, aunque con chirridos, porque así evitamos que se vaya todo al traste.
Según dicen, este ajuste se debe principalmente a que la tesorería no logró recaudar tanto como esperaban. Entre los cambios más notorios está un alivio para las familias de aquellos que están pasando por momentos difíciles con sus seres queridos en fase terminal. Se destinarán ¢2.700 millones para reactivar ese subsidio que les ayuda a cuidar de sus allegados sin perder su empleo. Esto, al menos, es algo que le quita un poco de pena al asunto.
Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio, ha dicho que esto es solo el principio y que urge una ley que agilice la entrega de esos recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Porque ya saben cómo anda la CCSS, con papeles y trámites que dan pereza hasta al más paciente. El mae quiere evitar que se sigan demorando los pagos y que la gente tenga que pasar apuros innecesarios. Esperemos que esta vez sí hagan caso y aceleren los procesos.
Pero no solo ahí quedó la cosa, mi clave. El Ministerio de Educación Pública (MEP) recibirá unos ¢93 millones provenientes de los intereses de la deuda para pagarle los aguinaldos a los maestros, que ya estaban pidiendo a gritos que se regularicen. Además, se destinaron ¢1.600 millones para arreglar algunas escuelas que tienen órdenes sanitarias pendientes, ¡porque qué carga tener que ir a clases en un lugar donde hay ratas o goteras! Es urgente ponerle orden a eso.
Y para que no digan que solo piensan en la educación, también le dieron ¢5.761 millones al Ministerio de Seguridad Pública y al Poder Judicial, gracias al ahorro que lograron con unas plazas vacantes en otros ministerios. Aunque, siendo sinceros, parece una migaja comparado con lo que realmente necesitan estas instituciones. Al final, siempre hay que hacer malabares con el presupuesto, diay, qué brete nos toca vivir.
Aquí es donde empieza a ponerse turbio, mi clave. Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, no se mordió la lengua y criticó duramente esta reducción de fondos para temas esenciales como la seguridad y los programas sociales. Dice que es una incoherencia tremenda que el gobierno use los intereses de la deuda para solucionar problemas internos, pero se niegue a girar recursos para fines sociales. ¡Qué sal! Así nunca vamos a avanzar como país.
La diputada Ramírez puso varios ejemplos que me hicieron levantar una ceja: 7710 millones para becas Avancemos, 5789 millones para comedores escolares, 2405 millones para transporte estudiantil y hasta 7000 millones que no les dieron al OIJ para llenar las plazas de policías. Una verdadera incongruencia, según ella, que debilita aún más la seguridad nacional. Que siga así y terminaremos teniendo más problemas de los que ya tenemos.
En resumen, este nuevo presupuesto trae algunos alivios puntuales, pero deja abierta la pregunta: ¿Estamos priorizando lo correcto? Con tantos recortes en áreas vitales, ¿cómo podemos esperar construir un futuro más seguro y justo para todos los costarricenses? Y ahora dime tú, ¿qué opinas tú? ¿Crees que este ajuste presupuestario es coherente o estamos dando marcha atrás en el desarrollo social de nuestro país?
Según dicen, este ajuste se debe principalmente a que la tesorería no logró recaudar tanto como esperaban. Entre los cambios más notorios está un alivio para las familias de aquellos que están pasando por momentos difíciles con sus seres queridos en fase terminal. Se destinarán ¢2.700 millones para reactivar ese subsidio que les ayuda a cuidar de sus allegados sin perder su empleo. Esto, al menos, es algo que le quita un poco de pena al asunto.
Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio, ha dicho que esto es solo el principio y que urge una ley que agilice la entrega de esos recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Porque ya saben cómo anda la CCSS, con papeles y trámites que dan pereza hasta al más paciente. El mae quiere evitar que se sigan demorando los pagos y que la gente tenga que pasar apuros innecesarios. Esperemos que esta vez sí hagan caso y aceleren los procesos.
Pero no solo ahí quedó la cosa, mi clave. El Ministerio de Educación Pública (MEP) recibirá unos ¢93 millones provenientes de los intereses de la deuda para pagarle los aguinaldos a los maestros, que ya estaban pidiendo a gritos que se regularicen. Además, se destinaron ¢1.600 millones para arreglar algunas escuelas que tienen órdenes sanitarias pendientes, ¡porque qué carga tener que ir a clases en un lugar donde hay ratas o goteras! Es urgente ponerle orden a eso.
Y para que no digan que solo piensan en la educación, también le dieron ¢5.761 millones al Ministerio de Seguridad Pública y al Poder Judicial, gracias al ahorro que lograron con unas plazas vacantes en otros ministerios. Aunque, siendo sinceros, parece una migaja comparado con lo que realmente necesitan estas instituciones. Al final, siempre hay que hacer malabares con el presupuesto, diay, qué brete nos toca vivir.
Aquí es donde empieza a ponerse turbio, mi clave. Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, no se mordió la lengua y criticó duramente esta reducción de fondos para temas esenciales como la seguridad y los programas sociales. Dice que es una incoherencia tremenda que el gobierno use los intereses de la deuda para solucionar problemas internos, pero se niegue a girar recursos para fines sociales. ¡Qué sal! Así nunca vamos a avanzar como país.
La diputada Ramírez puso varios ejemplos que me hicieron levantar una ceja: 7710 millones para becas Avancemos, 5789 millones para comedores escolares, 2405 millones para transporte estudiantil y hasta 7000 millones que no les dieron al OIJ para llenar las plazas de policías. Una verdadera incongruencia, según ella, que debilita aún más la seguridad nacional. Que siga así y terminaremos teniendo más problemas de los que ya tenemos.
En resumen, este nuevo presupuesto trae algunos alivios puntuales, pero deja abierta la pregunta: ¿Estamos priorizando lo correcto? Con tantos recortes en áreas vitales, ¿cómo podemos esperar construir un futuro más seguro y justo para todos los costarricenses? Y ahora dime tú, ¿qué opinas tú? ¿Crees que este ajuste presupuestario es coherente o estamos dando marcha atrás en el desarrollo social de nuestro país?
