¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con una movida que te deja el alma en vilo. Resulta que esos puentes históricos allá en Santo Domingo de Heredia, los de Tures, ¡están pendiendo de un hilo! Parece que, pese a los esfuerzos de los vecinos y al inicio de trámites para declararlos patrimonio nacional, existe un agujero legal tan grande como el cráter de un volcán que amenaza con borrarlos del mapa.
La Unidad de Patrimonio Histórico-Arquitectónico del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) reconoce que, lamentablemente, el proceso para proteger estas joyas arquitectónicas está lleno de trabas. Según Adrian Vindas, jefe de la unidad, una vez que se notifica al propietario sobre el inicio del proceso de declaratoria, el puente queda protegido... ¡hasta ese momento! Es decir, hasta que la Comisión Nacional de Patrimonio emita un dictamen favorable. ¿Se dan cuenta de la bronca?
El asunto es que la Comisión Nacional de Patrimonio tiene una pila enorme de casos que revisar, más de 500 solicitudes, para ser exactos. Con solo cuatro arquitectos y cinco historiadores atendiendo todo el país, ¡imagínate el brete! Entre eso, restauraciones, permisos especiales, inventarios… Están hasta arriba, ¿qué quieren que les digan? Priorizan los casos más urgentes, aquellos donde el peligro de destrucción es inminente, pero los puentes de Tures, aunque en riesgo, todavía están en estudio activo, lo que genera cierta esperanza, aunque débil.
La verdad, esto me huele raro. Uno se pregunta qué intereses hay detrás de querer tirar estos puentes, obras maestras de ingeniería colonial que han resistido el paso del tiempo. Son testigos silenciosos de nuestra historia, de cómo se construyó este país. Demolerlos sería como arrancarle una página importante al libro de Costa Rica.
Lo peor de todo es que esta situación no es aislada. Hay otros casos similares acumulándose en la burocracia, inmuebles con gran valor histórico que languidecen en espera de una protección definitiva. Es hora de que el gobierno ponga mano dura y agilice los procesos, asignando más recursos y personal a la Unidad de Patrimonio. No podemos seguir perdiendo nuestro legado cultural por culpa de la lentitud administrativa.
Y hablando de papeleo, el proceso para la declaratoria patrimonial es largo y complejo. Después de la visita de expertos, se elabora un criterio que pasa por diversas evaluaciones y observaciones. Si la Comisión aprueba, se traslada al despacho para que se designe un órgano director, un grupo de abogados que revisan el aspecto legal. En resumen, ¡una maraña de requisitos! Todo esto mientras el tiempo corre y el riesgo de demolición aumenta.
Afortunadamente, la comunidad de Santo Domingo no se ha quedado de brazos cruzados. Los vecinos han organizado protestas y recogido firmas para exigir la protección de sus puentes. Su lucha es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede hacer valer sus derechos y defender el patrimonio cultural. Pero también necesitan apoyo, visibilidad y, sobre todo, una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades.
En fin, la incertidumbre sigue latente. ¿Será que lograremos salvar estos puentes centenarios del olvido y de la picadora de carne? ¿O sucumbirán ante los embates de la modernización desenfrenada? La pregunta que dejo abierta hoy para ustedes, mis queridos lectores del Foro: ¿Qué medidas creen que deberían tomarse urgentemente para fortalecer la protección del patrimonio histórico-cultural en Costa Rica, y qué responsabilidad tienen tanto el Estado como la sociedad civil en esta tarea?
La Unidad de Patrimonio Histórico-Arquitectónico del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) reconoce que, lamentablemente, el proceso para proteger estas joyas arquitectónicas está lleno de trabas. Según Adrian Vindas, jefe de la unidad, una vez que se notifica al propietario sobre el inicio del proceso de declaratoria, el puente queda protegido... ¡hasta ese momento! Es decir, hasta que la Comisión Nacional de Patrimonio emita un dictamen favorable. ¿Se dan cuenta de la bronca?
El asunto es que la Comisión Nacional de Patrimonio tiene una pila enorme de casos que revisar, más de 500 solicitudes, para ser exactos. Con solo cuatro arquitectos y cinco historiadores atendiendo todo el país, ¡imagínate el brete! Entre eso, restauraciones, permisos especiales, inventarios… Están hasta arriba, ¿qué quieren que les digan? Priorizan los casos más urgentes, aquellos donde el peligro de destrucción es inminente, pero los puentes de Tures, aunque en riesgo, todavía están en estudio activo, lo que genera cierta esperanza, aunque débil.
La verdad, esto me huele raro. Uno se pregunta qué intereses hay detrás de querer tirar estos puentes, obras maestras de ingeniería colonial que han resistido el paso del tiempo. Son testigos silenciosos de nuestra historia, de cómo se construyó este país. Demolerlos sería como arrancarle una página importante al libro de Costa Rica.
Lo peor de todo es que esta situación no es aislada. Hay otros casos similares acumulándose en la burocracia, inmuebles con gran valor histórico que languidecen en espera de una protección definitiva. Es hora de que el gobierno ponga mano dura y agilice los procesos, asignando más recursos y personal a la Unidad de Patrimonio. No podemos seguir perdiendo nuestro legado cultural por culpa de la lentitud administrativa.
Y hablando de papeleo, el proceso para la declaratoria patrimonial es largo y complejo. Después de la visita de expertos, se elabora un criterio que pasa por diversas evaluaciones y observaciones. Si la Comisión aprueba, se traslada al despacho para que se designe un órgano director, un grupo de abogados que revisan el aspecto legal. En resumen, ¡una maraña de requisitos! Todo esto mientras el tiempo corre y el riesgo de demolición aumenta.
Afortunadamente, la comunidad de Santo Domingo no se ha quedado de brazos cruzados. Los vecinos han organizado protestas y recogido firmas para exigir la protección de sus puentes. Su lucha es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede hacer valer sus derechos y defender el patrimonio cultural. Pero también necesitan apoyo, visibilidad y, sobre todo, una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades.
En fin, la incertidumbre sigue latente. ¿Será que lograremos salvar estos puentes centenarios del olvido y de la picadora de carne? ¿O sucumbirán ante los embates de la modernización desenfrenada? La pregunta que dejo abierta hoy para ustedes, mis queridos lectores del Foro: ¿Qué medidas creen que deberían tomarse urgentemente para fortalecer la protección del patrimonio histórico-cultural en Costa Rica, y qué responsabilidad tienen tanto el Estado como la sociedad civil en esta tarea?
