¡Ay, Dios mío, qué vareta! Resulta que la Sala Constitucional le bajó duro al Ministro Mario Zamora y a varios jefes de la policía, diciéndoles que no pueden seguir usando a los oficiales para mandar mensajes políticos. Parece que la bronca viene de atrás, de cuando usaron a unos 70 policías para apoyar a diputados en octubre del año pasado. ¡Imagínate el chinamaná!
Todo esto salió a raíz de dos recursos de amparo que presentaron contra esa campaña política, y la Sala IV les dijo claramente que eso no se puede hacer. Se declararon parcialmente con lugar esos recursos, así que ahora tienen que aprender la lección, o van a estar pagando las consecuencias, y no precisamente con un vuelto.
Además de Zamora, también metieron en la condena a Stephen Madden Barrientos (director de PCD), Enrique Arguedas Elizondo (director de la Policía Profesional de Migración), Oswaldo Miranda Víquez (director general de la Policía de Tránsito), Nils Ching Vargas (exdirector de la Policía Penitenciaria, ahora viceministro) y Marlon Cubillo (director general de la Fuerza Pública). ¡Una lista interesante de figuras públicas, eh! Todos ellos ahora andan con cuidado porque cualquier resbalón los puede llevar directo a la picota.
Lo más peludo es que la Sala les advirtió que si se atreven a desafiar la orden o a obligar a alguien a incumplirla, podrían irse al traste con una pena de prisión de tres meses a dos años, o hasta paguen una multa considerable. ¡No es broma, mae! Esto es serio y parece que la Sala quiere dejar bien claro quién manda en esta vaina.
Y no solo eso, el Estado también tiene que soltar la pasta para cubrir los costos, daños y perjuicios que se causaron con estas acciones. ¡Qué carga tener que rascarle al bolsillo de los contribuyentes por culpa de unos politicazos! Uno se pregunta dónde quedó el sentido común y el respeto a la ley.
Recordemos que, en aquel video que generó toda esta polémica, también aparecieron Javier Moreira (director del SVA), Sergio Méndez (de la Policía Turística) y Juan Carlos Alvarado (exjefe de Operaciones y ahora director del SNG). Al parecer, la intención era crear una especie de ejército de apoyo político, pero resultó todo un batacazo en la cara. Inicialmente, el recurso interpuesto por Sitrajud sí iba dirigido también contra el Presidente Chaves, pero al final lo sacaron de la ecuación, por fortuna.
La Constitución Política es clara al respecto: las fuerzas de policía no pueden opinar ni manifestarse políticamente, ya sea individual o colectivamente. Artículo 12, para que aprendan, ¡idiay! Pero bueno, parece que algunos prefieren ignorar las leyes hasta que las golpean en la puerta de la casa.
Ahora, la gran pregunta queda abierta: ¿cree usted que esta sanción servirá para que los funcionarios públicos entiendan de una vez que el uso indebido de instituciones estatales con fines políticos es inaceptable, o simplemente es un parche temporal que volverá a romperse en cuanto cambie el viento? Dejen sus opiniones abajo y vamos a ver qué piensa la gente, ¡dale!
Todo esto salió a raíz de dos recursos de amparo que presentaron contra esa campaña política, y la Sala IV les dijo claramente que eso no se puede hacer. Se declararon parcialmente con lugar esos recursos, así que ahora tienen que aprender la lección, o van a estar pagando las consecuencias, y no precisamente con un vuelto.
Además de Zamora, también metieron en la condena a Stephen Madden Barrientos (director de PCD), Enrique Arguedas Elizondo (director de la Policía Profesional de Migración), Oswaldo Miranda Víquez (director general de la Policía de Tránsito), Nils Ching Vargas (exdirector de la Policía Penitenciaria, ahora viceministro) y Marlon Cubillo (director general de la Fuerza Pública). ¡Una lista interesante de figuras públicas, eh! Todos ellos ahora andan con cuidado porque cualquier resbalón los puede llevar directo a la picota.
Lo más peludo es que la Sala les advirtió que si se atreven a desafiar la orden o a obligar a alguien a incumplirla, podrían irse al traste con una pena de prisión de tres meses a dos años, o hasta paguen una multa considerable. ¡No es broma, mae! Esto es serio y parece que la Sala quiere dejar bien claro quién manda en esta vaina.
Y no solo eso, el Estado también tiene que soltar la pasta para cubrir los costos, daños y perjuicios que se causaron con estas acciones. ¡Qué carga tener que rascarle al bolsillo de los contribuyentes por culpa de unos politicazos! Uno se pregunta dónde quedó el sentido común y el respeto a la ley.
Recordemos que, en aquel video que generó toda esta polémica, también aparecieron Javier Moreira (director del SVA), Sergio Méndez (de la Policía Turística) y Juan Carlos Alvarado (exjefe de Operaciones y ahora director del SNG). Al parecer, la intención era crear una especie de ejército de apoyo político, pero resultó todo un batacazo en la cara. Inicialmente, el recurso interpuesto por Sitrajud sí iba dirigido también contra el Presidente Chaves, pero al final lo sacaron de la ecuación, por fortuna.
La Constitución Política es clara al respecto: las fuerzas de policía no pueden opinar ni manifestarse políticamente, ya sea individual o colectivamente. Artículo 12, para que aprendan, ¡idiay! Pero bueno, parece que algunos prefieren ignorar las leyes hasta que las golpean en la puerta de la casa.
Ahora, la gran pregunta queda abierta: ¿cree usted que esta sanción servirá para que los funcionarios públicos entiendan de una vez que el uso indebido de instituciones estatales con fines políticos es inaceptable, o simplemente es un parche temporal que volverá a romperse en cuanto cambie el viento? Dejen sus opiniones abajo y vamos a ver qué piensa la gente, ¡dale!
