¡Ay, Dios mío, qué torta! La Fiscalía Anticorrupción se echó encima del caso de los supuestos sobornos en el Inamu, y ahora todo el mundo está hablando de esto. Resulta que unas funcionarias del Instituto Nacional de la Mujer, según dicen, estaban tratando de comprar el silencio de una señora de Turrialba para acusar al mismísimo Randall Zúñiga, el director del OIJ. ¿Se imaginan el rollo?
Todo empezó cuando la mencionada señora, harta de tanto chamaco, fue a la Fiscalía de Turrialba a contarles cómo le ofrecieron pagarle los estudios universitarios, echarle toda clase de facilidades, todo eso para que firmara una denuncia falsa contra Zúñiga. ¡Una verdadera novela digna de Televisora! Según la denunciante, Yerlin Zúñiga, la presidenta del Inamu, y una tal Claudia Blanco, del departamento legal, fueron las que estuvieron detrás de este supuesto plan maquiavélico.
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que están metiendo mano al caso, buscando pruebas que demuestren si estas señoras realmente aprovecharon sus cargos para presionar a la pobrecita. "Estamos revisando bien la onda, juntando los pedazos del rompecabezas para ver si hay juego sucio", declaró Díaz. Por ahora, la investigación va contra “ignorado”, o sea, aún no han puesto cara a los responsables. Esto significa que todavía tienen mucho brete por delante.
Lo curioso de todo esto es que, según la denunciante, ya tenían preparada la denuncia, lista para que ella la firmara. Pero la dama, con gallardía, se negó rotundamente, diciendo que los hechos relatados no eran ciertos. Y para colmo, el medio de comunicación OPA, parece que sin chequear bien la vara, publicó el documento como si fuera una denuncia oficial. ¡Qué sal! Parece que alguien no anduvo pensando bien antes de publicar la nota.
Pero eso no es todo, diay. Ahora también están investigando una posible reunión entre el presidente Rodrigo Chaves, la diputada Pilar Cisneros, el director del OIJ y su asistente, en un restaurante llamado Limoncello. ¿Será que esto tiene relación con el caso de los sobornos? ¡Quién sabe! El fiscal Díaz asegura que están haciendo todas las diligencias necesarias para aclarar este asunto, aunque sea un poco complicado.
Zúñiga, además de este lío, ya enfrenta cuatro denuncias por otros casos de índole sexual, en diferentes cantones del país. Una pena, porque el mae siempre parecía tan comprometido con su trabajo. Aunque, como dice el dicho, “el que no tiene vicios, no sabe lo que pierde”. Pero bueno, vamos por partes, primero hay que esperar a ver qué sale de esta investigación. Este caso pinta pa’ largo, chunche.
Además de los ofrecimientos de ayuda económica, la denunciante alega que las funcionarias del Inamu le prometieron echarle mano con otras gestiones ante el IMAS. “Me dijeron que me iban a conseguir todo tipo de apoyo, desde arreglarme los papeles hasta cubrir mis gastos universitarios”, contó la señora, visiblemente afectada por la situación. Lo que resulta aún más sospechoso es que la denuncia salió a luz gracias a un reportaje en OPA, justo después de que la denunciante rechazara firmarla. ¡Qué manera de meterse en broncas!
Este caso nos deja pensando: ¿hasta dónde llega la ambición de algunos funcionarios públicos? ¿Es cierto que se utilizan los recursos del Estado para manipular procesos judiciales? Con tanta controversia alrededor del Inamu y el OIJ, ¿qué medidas deberían tomar las autoridades para garantizar la transparencia y la integridad en la administración pública? ¡Compas, díganme qué piensan ustedes en el foro!
Todo empezó cuando la mencionada señora, harta de tanto chamaco, fue a la Fiscalía de Turrialba a contarles cómo le ofrecieron pagarle los estudios universitarios, echarle toda clase de facilidades, todo eso para que firmara una denuncia falsa contra Zúñiga. ¡Una verdadera novela digna de Televisora! Según la denunciante, Yerlin Zúñiga, la presidenta del Inamu, y una tal Claudia Blanco, del departamento legal, fueron las que estuvieron detrás de este supuesto plan maquiavélico.
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que están metiendo mano al caso, buscando pruebas que demuestren si estas señoras realmente aprovecharon sus cargos para presionar a la pobrecita. "Estamos revisando bien la onda, juntando los pedazos del rompecabezas para ver si hay juego sucio", declaró Díaz. Por ahora, la investigación va contra “ignorado”, o sea, aún no han puesto cara a los responsables. Esto significa que todavía tienen mucho brete por delante.
Lo curioso de todo esto es que, según la denunciante, ya tenían preparada la denuncia, lista para que ella la firmara. Pero la dama, con gallardía, se negó rotundamente, diciendo que los hechos relatados no eran ciertos. Y para colmo, el medio de comunicación OPA, parece que sin chequear bien la vara, publicó el documento como si fuera una denuncia oficial. ¡Qué sal! Parece que alguien no anduvo pensando bien antes de publicar la nota.
Pero eso no es todo, diay. Ahora también están investigando una posible reunión entre el presidente Rodrigo Chaves, la diputada Pilar Cisneros, el director del OIJ y su asistente, en un restaurante llamado Limoncello. ¿Será que esto tiene relación con el caso de los sobornos? ¡Quién sabe! El fiscal Díaz asegura que están haciendo todas las diligencias necesarias para aclarar este asunto, aunque sea un poco complicado.
Zúñiga, además de este lío, ya enfrenta cuatro denuncias por otros casos de índole sexual, en diferentes cantones del país. Una pena, porque el mae siempre parecía tan comprometido con su trabajo. Aunque, como dice el dicho, “el que no tiene vicios, no sabe lo que pierde”. Pero bueno, vamos por partes, primero hay que esperar a ver qué sale de esta investigación. Este caso pinta pa’ largo, chunche.
Además de los ofrecimientos de ayuda económica, la denunciante alega que las funcionarias del Inamu le prometieron echarle mano con otras gestiones ante el IMAS. “Me dijeron que me iban a conseguir todo tipo de apoyo, desde arreglarme los papeles hasta cubrir mis gastos universitarios”, contó la señora, visiblemente afectada por la situación. Lo que resulta aún más sospechoso es que la denuncia salió a luz gracias a un reportaje en OPA, justo después de que la denunciante rechazara firmarla. ¡Qué manera de meterse en broncas!
Este caso nos deja pensando: ¿hasta dónde llega la ambición de algunos funcionarios públicos? ¿Es cierto que se utilizan los recursos del Estado para manipular procesos judiciales? Con tanta controversia alrededor del Inamu y el OIJ, ¿qué medidas deberían tomar las autoridades para garantizar la transparencia y la integridad en la administración pública? ¡Compas, díganme qué piensan ustedes en el foro!
