¡Ay, Dios mío! La Asamblea Legislativa parece que anda manejándose a mordaza, y no precisamente por razones de seguridad nacional, sino por pura falta de transparencia, según un nuevo reporte que sacudió al Congreso esta semana. Un informe de la Auditoría Interna destapó unas cositas turbias en el manejo de actas y documentación del Directorio Legislativo, y vaya que sí nos dejó boquiabiertos a todos. Parece que algunos mae andaban haciendo las cosas a su propia ley, y eso, como sabemos acá en Costa Rica, nunca termina bien.
Para ponerlos en clima, el Directorio Legislativo es el encargado de dirigir la Asamblea, de tomar decisiones clave sobre cómo se gasta el dinero público y de establecer las reglas del juego dentro del Congreso. Se supone que tienen que ser transparentes, abiertos al escrutinio público, pero aparentemente, las cosas han ido encaminándose por un sendero bastante oscuro. Este informe, conocido como AL-AUIN-INF-0011-2025, es la prueba fehaciente de que hay mucho por limpiar y mucho por mejorar en nuestra democracia.
Lo que encontró la Auditoría es sencillamente alarmante: actas sin firmas, fechas fuera de lugar, información importante omitida… ¡Un verdadero desmadre administrativo! Y lo peor de todo es que esto no es algo puntual, sino un patrón sistemático. Según el informe, estas irregularidades se vienen arrastrando desde hace años, lo que indica una cultura de opacidad arraigada en el corazón del Congreso. ¿Se imaginan cuántas decisiones importantes pudieron haber sido tomadas bajo estas condiciones? ¡Qué torta!
Y no se crean que estamos hablando de errores menores. La Procuraduría General de la República ya puso el grito en el cielo, señalando que sin la firma del presidente del Directorio, una acta no vale ni un clavo. Sin acta válida, los acuerdos no tienen base legal, y cualquier decisión tomada podría ser impugnada judicialmente. Eso significa que, potencialmente, decisiones que afectaron a miles de costarriqueños podrían ser inválidas. ¡Imaginen el brete!
Pero la cereza del pastel es la forma en que declaran información como “confidencial”. Al parecer, simplemente estampan un sello de confidencialidad en cualquier documento que les da la gana, sin dar ninguna explicación razonable. La Constitución es clara: el acceso a la información pública es un derecho fundamental, y las excepciones deben estar debidamente justificadas. Esto no es proteger secretos de Estado, esto es esconder la pelota para evitar que la gente vea lo que están haciendo. ¡Qué sal!
Y lo más grave es que ya sabían que estaban metidos en un lío. La Auditoría Interna les avisó desde 2023, les hizo ver las señales de alerta, pero ellos hicieron caso omiso. En mayo de 2025 volvieron a advertirles, y aun así, nada cambió. Parece que algunos mae prefieren seguir tapándose los ojos con los dedos y esperando que el problema se solucione solo. Pero, díganme, ¿cuándo se ha solucionado algo solo en esta vida?
Esto plantea una pregunta muy seria: ¿Cómo podemos confiar en nuestros representantes si ni siquiera son capaces de administrar sus propios asuntos con transparencia? ¿Cómo pueden pedirnos a nosotros que seamos responsables si ellos mismos no lo son? La Asamblea Legislativa no puede andar exigiendo transparencia al Poder Ejecutivo mientras su propio Directorio opera en la sombra. ¡No joda! Es como predicar con el ejemplo, y ahí, mis queridos lectores, la Asamblea está fallando estrepitosamente.
En fin, este escándalo debería servir como un llamado de atención a todos los diputados. Es hora de que pongan orden en casa, de que implementen medidas efectivas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el Congreso. Pero me pregunto... ¿creen ustedes que este informe provocará cambios reales en la Asamblea Legislativa, o será otro episodio más en la larga lista de promesas incumplidas? ¿Cuál creen que sería la medida más efectiva para asegurar que esto no vuelva a pasar?
Para ponerlos en clima, el Directorio Legislativo es el encargado de dirigir la Asamblea, de tomar decisiones clave sobre cómo se gasta el dinero público y de establecer las reglas del juego dentro del Congreso. Se supone que tienen que ser transparentes, abiertos al escrutinio público, pero aparentemente, las cosas han ido encaminándose por un sendero bastante oscuro. Este informe, conocido como AL-AUIN-INF-0011-2025, es la prueba fehaciente de que hay mucho por limpiar y mucho por mejorar en nuestra democracia.
Lo que encontró la Auditoría es sencillamente alarmante: actas sin firmas, fechas fuera de lugar, información importante omitida… ¡Un verdadero desmadre administrativo! Y lo peor de todo es que esto no es algo puntual, sino un patrón sistemático. Según el informe, estas irregularidades se vienen arrastrando desde hace años, lo que indica una cultura de opacidad arraigada en el corazón del Congreso. ¿Se imaginan cuántas decisiones importantes pudieron haber sido tomadas bajo estas condiciones? ¡Qué torta!
Y no se crean que estamos hablando de errores menores. La Procuraduría General de la República ya puso el grito en el cielo, señalando que sin la firma del presidente del Directorio, una acta no vale ni un clavo. Sin acta válida, los acuerdos no tienen base legal, y cualquier decisión tomada podría ser impugnada judicialmente. Eso significa que, potencialmente, decisiones que afectaron a miles de costarriqueños podrían ser inválidas. ¡Imaginen el brete!
Pero la cereza del pastel es la forma en que declaran información como “confidencial”. Al parecer, simplemente estampan un sello de confidencialidad en cualquier documento que les da la gana, sin dar ninguna explicación razonable. La Constitución es clara: el acceso a la información pública es un derecho fundamental, y las excepciones deben estar debidamente justificadas. Esto no es proteger secretos de Estado, esto es esconder la pelota para evitar que la gente vea lo que están haciendo. ¡Qué sal!
Y lo más grave es que ya sabían que estaban metidos en un lío. La Auditoría Interna les avisó desde 2023, les hizo ver las señales de alerta, pero ellos hicieron caso omiso. En mayo de 2025 volvieron a advertirles, y aun así, nada cambió. Parece que algunos mae prefieren seguir tapándose los ojos con los dedos y esperando que el problema se solucione solo. Pero, díganme, ¿cuándo se ha solucionado algo solo en esta vida?
Esto plantea una pregunta muy seria: ¿Cómo podemos confiar en nuestros representantes si ni siquiera son capaces de administrar sus propios asuntos con transparencia? ¿Cómo pueden pedirnos a nosotros que seamos responsables si ellos mismos no lo son? La Asamblea Legislativa no puede andar exigiendo transparencia al Poder Ejecutivo mientras su propio Directorio opera en la sombra. ¡No joda! Es como predicar con el ejemplo, y ahí, mis queridos lectores, la Asamblea está fallando estrepitosamente.
En fin, este escándalo debería servir como un llamado de atención a todos los diputados. Es hora de que pongan orden en casa, de que implementen medidas efectivas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el Congreso. Pero me pregunto... ¿creen ustedes que este informe provocará cambios reales en la Asamblea Legislativa, o será otro episodio más en la larga lista de promesas incumplidas? ¿Cuál creen que sería la medida más efectiva para asegurar que esto no vuelva a pasar?
