¡Ay, Dios mío! Parece que el MOPT se mandó una torta grande, porque la Contraloría General de la República (CGR) les dio un revés bien duro y rechazó su recurso para postergar el retiro de dos vallas publicitarias que estaban causando polémica. Esto del asunto de las vallas ya lleva rato dando qué hablar, y ahora la CGR les dice clarito: ¡a cumplir lo que mandamos!
Todo empezó el 23 de octubre pasado, cuando la CGR metióle presión al MOPT para quitar esas dos vallas, una en Alajuela y otra en Santa Ana, que formaban parte de un contrato con la empresa Publiex. Pero resulta que el ministro Efraím Zeledón pensó que podía jugar al gato y al ratón y pidió más tiempo, alegando incapacidad de gestión para hacer la faena a tiempo. ¡Imagínate el chururrón!
Pues la CGR, con toda la razón del mundo, respondió: «No, mijo, así no va». Dijeron que el recurso que presentó Zeledón era improcedente, que no estaba usando el camino correcto y, encima, que no tenía argumentos sólidos para justificar su dilación. Básicamente, le dijeron que no se puede pedir autorización para incumplir una orden. ¡Qué manera de buscarle vueltas a la rosca!
El oficio de la Contraloría no anduvo con rodeos: señaló que el MOPT no estaba intentando modificar las órdenes, sino simplemente comprar tiempo, lo cual no es propio de la vía administrativa que eligieron. Le recordaron, pa' que no se olviden, que presentar recursos no suspende la ejecución de las órdenes; al contrario, exige cumplimiento inmediato. ¡Y eso, señores, es ley seca!
Pero la cosa no termina ahí. La CGR también les puso otras tareas pendientes: tener que crear una regulación específica sobre la autorización de pantallas digitales en las rutas nacionales antes del 30 de abril de 2026, y realizar un inventario completo de todas las vallas y pantallas digitales en el GAM antes del 31 de marzo de 2026. ¡Una pila de bretes que tienen que resolver!
Mientras tanto, Publiex, la empresa dueña de las vallas, ya empezó a quitarlas, demostrando que sí se puede hacer si hay voluntad política y ganas de cumplir las normas. De hecho, ya retiraron la valla que estaba en el Parque del Agricultor en Alajuela. ¡Un buen ejemplo para el MOPT, que parece que anda con la velocidad de una tortuga!
Lo más curioso de todo es que el MOPT trató de justificar la demora argumentando que la valla de Santa Ana estaba dentro de un centro de conservación del Minambiente y que por eso no era su problema. ¡Pero la CGR les respondió con contundencia!: el reglamento de derechos de vía contempla también el paisaje adyacente a las rutas. Entonces, ¡no pueden escudarse en nadie! En cuanto a la valla de Alajuela, la CGR recordó que lleva más de tres años sin permiso legal, ¡un escándalo a cuenta abierta!
Ahora, la pregunta que nos queda es: ¿quién se jaló una torta en esta historia? ¿Fue el MOPT por tratar de evadir sus responsabilidades, o alguien más está detrás de esto? ¿Y qué medidas tomará el gobierno para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan mis panas sobre este asunto!
Todo empezó el 23 de octubre pasado, cuando la CGR metióle presión al MOPT para quitar esas dos vallas, una en Alajuela y otra en Santa Ana, que formaban parte de un contrato con la empresa Publiex. Pero resulta que el ministro Efraím Zeledón pensó que podía jugar al gato y al ratón y pidió más tiempo, alegando incapacidad de gestión para hacer la faena a tiempo. ¡Imagínate el chururrón!
Pues la CGR, con toda la razón del mundo, respondió: «No, mijo, así no va». Dijeron que el recurso que presentó Zeledón era improcedente, que no estaba usando el camino correcto y, encima, que no tenía argumentos sólidos para justificar su dilación. Básicamente, le dijeron que no se puede pedir autorización para incumplir una orden. ¡Qué manera de buscarle vueltas a la rosca!
El oficio de la Contraloría no anduvo con rodeos: señaló que el MOPT no estaba intentando modificar las órdenes, sino simplemente comprar tiempo, lo cual no es propio de la vía administrativa que eligieron. Le recordaron, pa' que no se olviden, que presentar recursos no suspende la ejecución de las órdenes; al contrario, exige cumplimiento inmediato. ¡Y eso, señores, es ley seca!
Pero la cosa no termina ahí. La CGR también les puso otras tareas pendientes: tener que crear una regulación específica sobre la autorización de pantallas digitales en las rutas nacionales antes del 30 de abril de 2026, y realizar un inventario completo de todas las vallas y pantallas digitales en el GAM antes del 31 de marzo de 2026. ¡Una pila de bretes que tienen que resolver!
Mientras tanto, Publiex, la empresa dueña de las vallas, ya empezó a quitarlas, demostrando que sí se puede hacer si hay voluntad política y ganas de cumplir las normas. De hecho, ya retiraron la valla que estaba en el Parque del Agricultor en Alajuela. ¡Un buen ejemplo para el MOPT, que parece que anda con la velocidad de una tortuga!
Lo más curioso de todo es que el MOPT trató de justificar la demora argumentando que la valla de Santa Ana estaba dentro de un centro de conservación del Minambiente y que por eso no era su problema. ¡Pero la CGR les respondió con contundencia!: el reglamento de derechos de vía contempla también el paisaje adyacente a las rutas. Entonces, ¡no pueden escudarse en nadie! En cuanto a la valla de Alajuela, la CGR recordó que lleva más de tres años sin permiso legal, ¡un escándalo a cuenta abierta!
Ahora, la pregunta que nos queda es: ¿quién se jaló una torta en esta historia? ¿Fue el MOPT por tratar de evadir sus responsabilidades, o alguien más está detrás de esto? ¿Y qué medidas tomará el gobierno para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan mis panas sobre este asunto!
