Maes, agarren silla porque el novelón político de la década acaba de soltar su capítulo más denso. Este viernes la cosa se puso color de hormiga para el presi Rodrigo Chaves. Una comisión especial en la Asamblea Legislativa, después de darle y darle al asunto, recomendó quitarle la inmunidad con un apretado marcador de 2 a 1. Así como lo leen. La posibilidad de ver a un presidente en ejercicio sentado en el banquillo de los acusados por un delito penal pasó de ser un rumor de pasillo a una vara muy, pero muy real.
Para que entiendan el tamaño de la torta, las que levantaron la mano a favor de mandarlo a juicio fueron Rocío Alfaro del Frente Amplio y Andrea Álvarez del PLN. Del otro lado, como era de esperarse, el diputado oficialista Daniel Vargas votó en contra, defendiendo a capa y espada a su jefe. Pero diay, la matemática es la matemática, y el 2 a 1 significa que ahora el informe pasa al Plenario. Aquí es donde la cosa se pone buena. Olvídense de Netflix, porque el verdadero drama se va a vivir en Cuesta de Moras. A finales de septiembre, entre el 22 y el 24 para ser exactos, los 57 diputados tendrán que decidir si se la juegan y reúnen los 38 votos necesarios para decirle "adiós" al fuero presidencial. Si eso pasa, el expediente vuela directo al Poder Judicial y ahí sí, que la justicia haga su brete.
Y es que no estamos hablando de cualquier cosa. Esto sería un hito, la primera vez en la historia de este chunche que llamamos república que a un presidente en funciones se le levanta la inmunidad para que enfrente a la justicia como cualquier hijo de vecino. Se dice fácil, pero el terremoto político que esto podría causar es de una magnitud que todavía no podemos ni calcular. Según el procedimiento, Chaves tendrá chance de ir al Plenario a defenderse antes de la votación, que será electrónica para que no quede duda de quién votó qué. Saquen las palomitas, porque ese día el rating del canal legislativo va a explotar. La presión sobre cada diputado va a ser brutal, y ya veremos quiénes se mantienen firmes y quiénes empiezan a negociar por debajo de la mesa.
Ahora, vamos al meollo del asunto, al chisme que originó todo este despiche. ¿De qué acusan al presi? Según la Fiscalía, el enredo es por un supuesto delito de concusión. En español, eso significa que Chaves, junto a su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, habrían presionado o "inducido" al empresario Christian Bulgarelli. ¿Para qué? Para que le soltara un beneficio económico de $32.000 a Federico Cruz, mejor conocido como "Choreco", el famoso asesor y compa del alma del presidente. La plata, al parecer, venía de un contrato de consultoría con el BCIE y era para ayudarle a Choreco a comprarse una casita. Si se comprueba, el delito de concusión se castiga con cárcel de dos a ocho años. Una mancha que no se quita fácil.
Así que el panorama está servido. Por un lado, el oficialismo y sus seguidores gritan que esto es una persecución política, un "golpe de Estado suave" orquestado por los poderes de siempre. Por el otro, la oposición y los críticos del gobierno ven esto como un acto necesario de rendición de cuentas, una prueba de que nadie, ni el mismísimo presidente, está por encima de la ley. La verdad es que, independientemente del bando, la situación es delicadísima y pone a prueba la solidez de nuestras instituciones. El presidente está bastante salado, y lo que pase en esas sesiones de setiembre definirá no solo su futuro político, sino el rumbo del país en los próximos años.
La pregunta del millón queda en el aire y quiero leerlos: ¿Creen que los diputados van a conseguir los 38 votos para levantar la inmunidad o esto terminará siendo puro show político y al final no pasará nada? ¡Abro debate, maes!
Para que entiendan el tamaño de la torta, las que levantaron la mano a favor de mandarlo a juicio fueron Rocío Alfaro del Frente Amplio y Andrea Álvarez del PLN. Del otro lado, como era de esperarse, el diputado oficialista Daniel Vargas votó en contra, defendiendo a capa y espada a su jefe. Pero diay, la matemática es la matemática, y el 2 a 1 significa que ahora el informe pasa al Plenario. Aquí es donde la cosa se pone buena. Olvídense de Netflix, porque el verdadero drama se va a vivir en Cuesta de Moras. A finales de septiembre, entre el 22 y el 24 para ser exactos, los 57 diputados tendrán que decidir si se la juegan y reúnen los 38 votos necesarios para decirle "adiós" al fuero presidencial. Si eso pasa, el expediente vuela directo al Poder Judicial y ahí sí, que la justicia haga su brete.
Y es que no estamos hablando de cualquier cosa. Esto sería un hito, la primera vez en la historia de este chunche que llamamos república que a un presidente en funciones se le levanta la inmunidad para que enfrente a la justicia como cualquier hijo de vecino. Se dice fácil, pero el terremoto político que esto podría causar es de una magnitud que todavía no podemos ni calcular. Según el procedimiento, Chaves tendrá chance de ir al Plenario a defenderse antes de la votación, que será electrónica para que no quede duda de quién votó qué. Saquen las palomitas, porque ese día el rating del canal legislativo va a explotar. La presión sobre cada diputado va a ser brutal, y ya veremos quiénes se mantienen firmes y quiénes empiezan a negociar por debajo de la mesa.
Ahora, vamos al meollo del asunto, al chisme que originó todo este despiche. ¿De qué acusan al presi? Según la Fiscalía, el enredo es por un supuesto delito de concusión. En español, eso significa que Chaves, junto a su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, habrían presionado o "inducido" al empresario Christian Bulgarelli. ¿Para qué? Para que le soltara un beneficio económico de $32.000 a Federico Cruz, mejor conocido como "Choreco", el famoso asesor y compa del alma del presidente. La plata, al parecer, venía de un contrato de consultoría con el BCIE y era para ayudarle a Choreco a comprarse una casita. Si se comprueba, el delito de concusión se castiga con cárcel de dos a ocho años. Una mancha que no se quita fácil.
Así que el panorama está servido. Por un lado, el oficialismo y sus seguidores gritan que esto es una persecución política, un "golpe de Estado suave" orquestado por los poderes de siempre. Por el otro, la oposición y los críticos del gobierno ven esto como un acto necesario de rendición de cuentas, una prueba de que nadie, ni el mismísimo presidente, está por encima de la ley. La verdad es que, independientemente del bando, la situación es delicadísima y pone a prueba la solidez de nuestras instituciones. El presidente está bastante salado, y lo que pase en esas sesiones de setiembre definirá no solo su futuro político, sino el rumbo del país en los próximos años.
La pregunta del millón queda en el aire y quiero leerlos: ¿Creen que los diputados van a conseguir los 38 votos para levantar la inmunidad o esto terminará siendo puro show político y al final no pasará nada? ¡Abro debate, maes!
