¡Ay, Dios mío, qué torta nos cayó encima! Parece que el caso BCR SAFI sigue dando de qué hablar y ahora salen a relucir seis funcionarios del banco metidos hasta el cuello en un supuesto esquema para favorecer al exdiputado Humberto Vargas Corrales y compañía. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) está investigando cómo estos tipos ayudaron a un “grupo criminal” –dicen– a quedarse con $54 millones. ¡Imagínate!
La movida, según el expediente, comenzó con el exdiputado y sus socios –Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Giovanni Barrantes Marín– creando una sociedad anónima. Esta empresa compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por unos módicos $16 millones y, con la ayuda de estos funcionarios del BCR, se lo vendieron a la subsidiaria del banco por unos jugosos $70 millones. ¡Uff, ahí huele a chamaco quemao!
El PEP, para los que no saben, es un parque industrial en Esparza, Puntarenas, con terrenos para bodegas y otras cosas. El BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIND) lo compró en el 2020, pagando esos $70 millones, entre pagos en efectivo y la entrega de otros terrenos que valuaron en $15.488.000. Y encima, el BCR SAFI retuvo casi $9 millones para arreglos que nunca hicieron, al parecer. ¡Qué cara de raja!
Según la orden de allanamiento, los funcionarios del BCR no solo se quedaron quietos viendo pasar la cometa. Participaron activamente en la operación, manipulando datos y exagerando el valor del PEP para justificar la compra. Entre ellos, hay nombres como Marco Carbajal Soto, Luis Carlos Gutiérrez Chaves y Natalia Garro Acuña, quienes aparentemente inventaron informes con valores inflados, diciendo que habían visitado el lugar y evaluado las construcciones usando métodos… digamos, creativos.
Pero eso no es todo. El expediente también revela que otros funcionarios, como Álvaro Camacho de la O, David Brenes Ramírez, Freddy Morera Zumbado, Juan Carlos Bolaños, y Luis Guillermo Corrales Zúñiga, miembros del Comité de Inversiones de BCR SAFI, aprobaron la compra sin investigar a fondo los riesgos ni cuestionar la valoración inflada. ¡Parece que estaban medio dormidos o qué sé yo! Apoyaron el proyecto a pesar de que ya había indicios de que algo andaba mal.
Para colmo, la sociedad vinculada al exdiputado ofrecieron contratos extraños al concretarse la venta. Un contrato de garantía donde los inquilinos antiguos del parque se iban gratis, y otro donde una empresa llamada Aguram S. A. se encargaba del mantenimiento del parque… a cambio de nada. ¡Eso es pura sospecha, mi pana! Claramente, se estaban buscando formas de sacar el mayor provecho posible de la transacción a costa del erario público.
Hasta ahora, la FAPTA ha identificado a 14 personas implicadas en este caso, incluyendo al exdiputado Vargas Corrales, su hijo, los socios, varios funcionarios del BCR y algunos abogados y arquitectos que asesoraron la operación. Todos enfrentan cargos por presuntas faltas a su deber de probidad y daños al patrimonio público. ¡Esta vainera promete escándalos pa’ rato!
Con todo esto, me pregunto: ¿Cómo podemos confiar en nuestras instituciones si vemos casos como este, donde parece que algunos funcionarios están más preocupados por sus propios bolsillos que por servir al país? ¿Crees que es suficiente con sancionar a los culpables o deberíamos cambiar radicalmente la forma en que se toman estas decisiones?
La movida, según el expediente, comenzó con el exdiputado y sus socios –Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Giovanni Barrantes Marín– creando una sociedad anónima. Esta empresa compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por unos módicos $16 millones y, con la ayuda de estos funcionarios del BCR, se lo vendieron a la subsidiaria del banco por unos jugosos $70 millones. ¡Uff, ahí huele a chamaco quemao!
El PEP, para los que no saben, es un parque industrial en Esparza, Puntarenas, con terrenos para bodegas y otras cosas. El BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIND) lo compró en el 2020, pagando esos $70 millones, entre pagos en efectivo y la entrega de otros terrenos que valuaron en $15.488.000. Y encima, el BCR SAFI retuvo casi $9 millones para arreglos que nunca hicieron, al parecer. ¡Qué cara de raja!
Según la orden de allanamiento, los funcionarios del BCR no solo se quedaron quietos viendo pasar la cometa. Participaron activamente en la operación, manipulando datos y exagerando el valor del PEP para justificar la compra. Entre ellos, hay nombres como Marco Carbajal Soto, Luis Carlos Gutiérrez Chaves y Natalia Garro Acuña, quienes aparentemente inventaron informes con valores inflados, diciendo que habían visitado el lugar y evaluado las construcciones usando métodos… digamos, creativos.
Pero eso no es todo. El expediente también revela que otros funcionarios, como Álvaro Camacho de la O, David Brenes Ramírez, Freddy Morera Zumbado, Juan Carlos Bolaños, y Luis Guillermo Corrales Zúñiga, miembros del Comité de Inversiones de BCR SAFI, aprobaron la compra sin investigar a fondo los riesgos ni cuestionar la valoración inflada. ¡Parece que estaban medio dormidos o qué sé yo! Apoyaron el proyecto a pesar de que ya había indicios de que algo andaba mal.
Para colmo, la sociedad vinculada al exdiputado ofrecieron contratos extraños al concretarse la venta. Un contrato de garantía donde los inquilinos antiguos del parque se iban gratis, y otro donde una empresa llamada Aguram S. A. se encargaba del mantenimiento del parque… a cambio de nada. ¡Eso es pura sospecha, mi pana! Claramente, se estaban buscando formas de sacar el mayor provecho posible de la transacción a costa del erario público.
Hasta ahora, la FAPTA ha identificado a 14 personas implicadas en este caso, incluyendo al exdiputado Vargas Corrales, su hijo, los socios, varios funcionarios del BCR y algunos abogados y arquitectos que asesoraron la operación. Todos enfrentan cargos por presuntas faltas a su deber de probidad y daños al patrimonio público. ¡Esta vainera promete escándalos pa’ rato!
Con todo esto, me pregunto: ¿Cómo podemos confiar en nuestras instituciones si vemos casos como este, donde parece que algunos funcionarios están más preocupados por sus propios bolsillos que por servir al país? ¿Crees que es suficiente con sancionar a los culpables o deberíamos cambiar radicalmente la forma en que se toman estas decisiones?
