¡Ay, Dios mío! La polémica alrededor del programa de inglés virtual del INA sigue dando de qué hablar. Resulta que la Contraloría General de la República (CGR) ha admitido un recurso de apelación presentado por una empresa que no se quedó contenta con cómo le tocaron la lana en la licitación. Esto significa que, aparentemente, el proyecto para llevarles el inglés a todos los nacionales, cortesía de Open English, podría estar suspendido… ¡tremendo brete!
Todo comenzó con la licitación mayor 2025LY-000011-0002100001 del INA, que buscaba contratar un servicio de clases de inglés virtuales. Se presentaron varias ofertas, pero finalmente Open English se llevó la palma. Pero ojo, que dos empresas no tragaron fácil y presentaron objeciones ante la Contraloría. Una ya fue desechada, pero la otra… ahí va…
La CGR decidió darle un respiro a Open English y a la administración del INA, programando una audiencia para el 5 de diciembre donde tendrán que defender su posición. Dicen que tienen hasta el 17 de diciembre para ponerle pañales al asunto y presentar sus argumentos. Según informan desde la Contraloría, la decisión final no se sabrá sino hasta el 9 de febrero de 2026. ¡Uy, eso es mucho tiempo de espera, diay!
Y aquí es donde entra el ministro de Comunicaciones, Arnold Zamora, quien durante la conferencia de prensa semanal soltó la bomba diciendo que la Contraloría “se trajo abajo” el programa. Claramente, esto encendió todas las alarmas y puso a la administración a la defensiva. Christian Rucavado, el presidente ejecutivo del INA, también se sumó a la conversación, lamentando que la adjudicación internacional, que según él se celebró apenas hace un mes, haya sido frenada por este recurso que consideran “inconsistente”.
Al parecer, la empresa que apeló alega que Open English no cumple con las obligaciones sociales. Esto provocó que el mismísimo Presidente Rodríguez Chaves se lanzara con todo contra la Contraloría. Con su particular estilo, el mandatario sacó a relucir el caso de Apple y sus impuestos en Estados Unidos. “¿Vamos a decir que no podemos comprar iPhones porque Apple no le paga a la Caja en California y China?”, preguntó retóricamente. Un comentario bastante atrevido, sin duda.
Pero la cosa no termina ahí. El Gobierno también insinúa que hay intereses ocultos detrás de la apelación, sugiriendo que alguien estaría buscando favorecer a una empresa nacional. Aunque, claro, no han presentado ninguna prueba concreta para respaldar estas acusaciones. Por si fuera poco, aseguran que la empresa apelante quedó fuera de la licitación porque su oferta estaba tan ajustada, ¡solo un centavo de dólar por debajo de la ganadora! ¡Qué vareta!
En medio de tanto revuelo, Rucavado salió a pedirle a la Contraloría que “se ponga la camisa de Costa Rica” y agilice el proceso. Visiblemente molesto, expresó su preocupación por el impacto que esta demora podría tener en miles de estudiantes que esperaban ansiosamente tomar esas clases de inglés virtual. Parece que el ambiente está que arde, y la ciudadanía queda atrapada en medio de esta pelea entre el Gobierno, la Contraloría y las empresas aspirantes al contrato.
Con todo este panorama, uno se pregunta: ¿Hasta dónde llegará esta disputa legal? ¿Logrará el INA implementar el programa de inglés virtual a tiempo? Y lo más importante: ¿Quién está realmente defendiendo los intereses de los estudiantes costarricenses, o estamos presenciando un simple juego de poder entre instituciones y empresas? ¿Ustedes creen que la Contraloría está haciendo bien su trabajo, o debería ceder ante la presión del gobierno?
Todo comenzó con la licitación mayor 2025LY-000011-0002100001 del INA, que buscaba contratar un servicio de clases de inglés virtuales. Se presentaron varias ofertas, pero finalmente Open English se llevó la palma. Pero ojo, que dos empresas no tragaron fácil y presentaron objeciones ante la Contraloría. Una ya fue desechada, pero la otra… ahí va…
La CGR decidió darle un respiro a Open English y a la administración del INA, programando una audiencia para el 5 de diciembre donde tendrán que defender su posición. Dicen que tienen hasta el 17 de diciembre para ponerle pañales al asunto y presentar sus argumentos. Según informan desde la Contraloría, la decisión final no se sabrá sino hasta el 9 de febrero de 2026. ¡Uy, eso es mucho tiempo de espera, diay!
Y aquí es donde entra el ministro de Comunicaciones, Arnold Zamora, quien durante la conferencia de prensa semanal soltó la bomba diciendo que la Contraloría “se trajo abajo” el programa. Claramente, esto encendió todas las alarmas y puso a la administración a la defensiva. Christian Rucavado, el presidente ejecutivo del INA, también se sumó a la conversación, lamentando que la adjudicación internacional, que según él se celebró apenas hace un mes, haya sido frenada por este recurso que consideran “inconsistente”.
Al parecer, la empresa que apeló alega que Open English no cumple con las obligaciones sociales. Esto provocó que el mismísimo Presidente Rodríguez Chaves se lanzara con todo contra la Contraloría. Con su particular estilo, el mandatario sacó a relucir el caso de Apple y sus impuestos en Estados Unidos. “¿Vamos a decir que no podemos comprar iPhones porque Apple no le paga a la Caja en California y China?”, preguntó retóricamente. Un comentario bastante atrevido, sin duda.
Pero la cosa no termina ahí. El Gobierno también insinúa que hay intereses ocultos detrás de la apelación, sugiriendo que alguien estaría buscando favorecer a una empresa nacional. Aunque, claro, no han presentado ninguna prueba concreta para respaldar estas acusaciones. Por si fuera poco, aseguran que la empresa apelante quedó fuera de la licitación porque su oferta estaba tan ajustada, ¡solo un centavo de dólar por debajo de la ganadora! ¡Qué vareta!
En medio de tanto revuelo, Rucavado salió a pedirle a la Contraloría que “se ponga la camisa de Costa Rica” y agilice el proceso. Visiblemente molesto, expresó su preocupación por el impacto que esta demora podría tener en miles de estudiantes que esperaban ansiosamente tomar esas clases de inglés virtual. Parece que el ambiente está que arde, y la ciudadanía queda atrapada en medio de esta pelea entre el Gobierno, la Contraloría y las empresas aspirantes al contrato.
Con todo este panorama, uno se pregunta: ¿Hasta dónde llegará esta disputa legal? ¿Logrará el INA implementar el programa de inglés virtual a tiempo? Y lo más importante: ¿Quién está realmente defendiendo los intereses de los estudiantes costarricenses, o estamos presenciando un simple juego de poder entre instituciones y empresas? ¿Ustedes creen que la Contraloría está haciendo bien su trabajo, o debería ceder ante la presión del gobierno?
