¡Ay, Dios mío! Quién lo diría, ¿verdad, compas? Resulta que los precarios, esos asentamientos que damos por sentado, le están sacando una torta tremenda a nuestras arcas nacionales. La Contraloría General de la República soltó un informe que te deja helao: estamos hablando de más de ¢24 mil millones perdidos entre 2022 y 2024. ¡Una suma que da pa’ construir varias escuelas o pa’ arreglar las carreteras que parecen pistas de carreras!
La cosa es clara: al tener estos asentamientos informales, se limita la recolección de impuestos municipales, esas tarifas por los servicios que usamos día tras día, y otras contribuciones que deberíamos estar pagando todos. Pero eso no es todo, porque también se pierden las ganancias de negocios que andan ahí, trabando a pata y sin declarar ni un lejísimo.
Y pa’ rematar, el Estado tiene que poner la mano en el bolsillo pa’ atender emergencias – incendios, ayuda social, todo ese rollo –, y encima, todavía no se refleja en los presupuestos públicos los costos “ocultos”. ¿Pa' qué les digo? Que es una espiral negativa, donde la pobreza se alimenta de sí misma y las instituciones quedan desfinanciadas. ¡Un brete, diay!
La CGR detalló cómo se pierde la plata. Por ejemplo, los aparatos eléctricos... ¡ufff! Operadores como el ICE y la CNFL calculan unos ¢18.200 millones perdidos por conexiones ilegales. Imagínate, gente robándole luz a nosotros, los que pagamos puntualmente. ¡Eso no tiene nombre! El AyA y la ESPH tampoco se quedaron atrás: dejaron de recibir alrededor de ¢4.500 millones por el agua que sale corriendo, sin medidor ni nada.
Luego están los bomberos, que tienen que ir apagando fogatas y atendiendo situaciones de emergencia en estos lugares, gastando ¢162,9 millones. Y ni hablar del IMAS, que destina guita pa’ titular terrenos y ayudar a las familias que fueron echadas de sus casas. Todo eso suma, compa, y la cifra final es escalofriante: casi ¢24.700 millones en pérdidas fiscales. ¡Qué sal!
Pero la vaina va más allá del dinero, ¿me entiendes? Se trata también del uso responsable de nuestros recursos. Según el informe, durante esos mismos años, perdimos 58 millones de kWh de energía eléctrica y 8,5 millones de metros cúbicos de agua por consumo no facturado. El AyA puso un ejemplo bien claro: un asentamiento en Curridabat consume tanta agua como toda la zona urbana formal colindante, ¡pero ocupa solo el 5% de la superficie! Un desbalance que amenaza la sostenibilidad del recurso hídrico.
Lo bueno de todo esto es que, según estudios internacionales, invertir en vivienda digna en estos precarios puede impulsar el PIB, aumentar la esperanza de vida y mejorar la educación de los niños. ¡Es decir, no solo ayudaría a resolver un problema social, sino que también sería una jugada maestra pa’ el desarrollo del país! Imagínate, podríamos estar hablando de un aumento del 10,5% en el PIB per cápita. ¡Qué carga!
Así que ya sabes, compa. Hay que cambiar el chip y dejar de parchear la situación. Necesitamos una estrategia seria, que involucre regularizar la propiedad de la tierra, invertir en prevención, asignar el presupuesto adecuado y organizar el territorio. Solo así podremos recuperar la plata perdida, asegurar los servicios básicos y construir un futuro más justo y sostenible para todos. Ahora dime tú, ¿crees que el gobierno está tomando las medidas necesarias o seguimos viendo cómo se nos va la guita por la ventana?
La cosa es clara: al tener estos asentamientos informales, se limita la recolección de impuestos municipales, esas tarifas por los servicios que usamos día tras día, y otras contribuciones que deberíamos estar pagando todos. Pero eso no es todo, porque también se pierden las ganancias de negocios que andan ahí, trabando a pata y sin declarar ni un lejísimo.
Y pa’ rematar, el Estado tiene que poner la mano en el bolsillo pa’ atender emergencias – incendios, ayuda social, todo ese rollo –, y encima, todavía no se refleja en los presupuestos públicos los costos “ocultos”. ¿Pa' qué les digo? Que es una espiral negativa, donde la pobreza se alimenta de sí misma y las instituciones quedan desfinanciadas. ¡Un brete, diay!
La CGR detalló cómo se pierde la plata. Por ejemplo, los aparatos eléctricos... ¡ufff! Operadores como el ICE y la CNFL calculan unos ¢18.200 millones perdidos por conexiones ilegales. Imagínate, gente robándole luz a nosotros, los que pagamos puntualmente. ¡Eso no tiene nombre! El AyA y la ESPH tampoco se quedaron atrás: dejaron de recibir alrededor de ¢4.500 millones por el agua que sale corriendo, sin medidor ni nada.
Luego están los bomberos, que tienen que ir apagando fogatas y atendiendo situaciones de emergencia en estos lugares, gastando ¢162,9 millones. Y ni hablar del IMAS, que destina guita pa’ titular terrenos y ayudar a las familias que fueron echadas de sus casas. Todo eso suma, compa, y la cifra final es escalofriante: casi ¢24.700 millones en pérdidas fiscales. ¡Qué sal!
Pero la vaina va más allá del dinero, ¿me entiendes? Se trata también del uso responsable de nuestros recursos. Según el informe, durante esos mismos años, perdimos 58 millones de kWh de energía eléctrica y 8,5 millones de metros cúbicos de agua por consumo no facturado. El AyA puso un ejemplo bien claro: un asentamiento en Curridabat consume tanta agua como toda la zona urbana formal colindante, ¡pero ocupa solo el 5% de la superficie! Un desbalance que amenaza la sostenibilidad del recurso hídrico.
Lo bueno de todo esto es que, según estudios internacionales, invertir en vivienda digna en estos precarios puede impulsar el PIB, aumentar la esperanza de vida y mejorar la educación de los niños. ¡Es decir, no solo ayudaría a resolver un problema social, sino que también sería una jugada maestra pa’ el desarrollo del país! Imagínate, podríamos estar hablando de un aumento del 10,5% en el PIB per cápita. ¡Qué carga!
Así que ya sabes, compa. Hay que cambiar el chip y dejar de parchear la situación. Necesitamos una estrategia seria, que involucre regularizar la propiedad de la tierra, invertir en prevención, asignar el presupuesto adecuado y organizar el territorio. Solo así podremos recuperar la plata perdida, asegurar los servicios básicos y construir un futuro más justo y sostenible para todos. Ahora dime tú, ¿crees que el gobierno está tomando las medidas necesarias o seguimos viendo cómo se nos va la guita por la ventana?
