¡Ay, Dios mío! Aquí estamos otra vez, discutiendo qué hacer con la gente que se mata entregándonos el almuerzo, la cena… bueno, casi cualquier cosa que nos dé pereza ir a buscar. Parece que la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa le ha dado un empujón al expediente 24.500, buscando darle algunos derechos a los repartidores de apps. No sé ustedes, pero yo creo que esto se puso interesante.
La idea principal es meter a estos trabajadores dentro del ámbito del contrato individual de trabajo. Eso significa, en cristiano, que la aplicación tendría que reconocer una relación de dependencia y dirección, además de pagarles una remuneración fija, claro. Se habla de acceso a beneficios laborales, seguridad social... toda la onda. Imagínate, esos pobres tipos, laburando a sol y sombra, sin nada más que unas propinas variables y la amenaza de que te cancelen si tardas cinco segundos en llegar. Una verdadera torta.
La diputada Priscila Vindas, del Frente Amplio, fue la que más le metióle mano al tema. Explicó que hay miles de personas “precarizadas” trabajando entre 50 y 60 horas semanales, aguantando exigencias absurdas de las aplicaciones – horarios fijos, multas por rechazar pedidos, tiempos ridículos para entregar la comida… ¡uf, me dan ganas de pedir pizza en casa! Dice que es urgente legislar para mejorar esas condiciones. Y tiene razón, ¿quién no ha visto a un repartidor corriendo como loco intentando cumplir con un tiempo imposible?
Pero, como siempre pasa en Costa Rica, no todos están de acuerdo. El diputado Gilberto Campos, del PLN, salió con el discurso de que esto va a matar empleos. Dice que lejos de ayudar, van a “excluir personas del mercado laboral”. ¿Será posible? Uno se pregunta si realmente entienda cómo funciona el brete de muchos de estos repartidores, que a menudo lo ven como una oportunidad, aunque sea precaria, para ganarse unos colones.
Ahora bien, analizando la situación con calma, parece que lo que se busca es encontrar un punto medio. No se trata de convertir a Uber Eats o Rappi en empresas con todos los atractivos de Coca Cola, sino de establecer mínimos básicos de respeto y condiciones dignas de trabajo. Porque, seamos sinceros, nadie merece trabajar pagando alquiler de bicicleta ni poniéndose en riesgo constantemente, sólo para que tengamos nuestra comida rapidito.
Además, en la misma sesión, aprobaron el expediente 24.451, que destina un porcentaje de los ingresos por importación de cemento a las municipalidades. Eso sí que es una buena vara, porque ayuda a financiar proyectos locales y echarle una mano a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. ¡Un respiro en medio de tanta polémica!
Entendámonos, la economía es importante, y no queremos asfixiar a las empresas que ofrecen estos servicios. Pero tampoco podemos seguir ignorando la realidad de miles de trabajadores que están siendo explotados, directa o indirectamente. En definitiva, este tema está cargadísimo de matices y requiere un debate serio y responsable, donde se escuchen todas las voces, incluyendo la de los propios repartidores. Ya cansé a todos con esta vaina, pero es un tema que merece atención.
Entonces, ¿creen que la nueva ley es una solución viable para proteger los derechos de los repartidores de apps, o temen que tenga consecuencias negativas en el mercado laboral? Dejen sus opiniones abajo, quiero saber qué piensan mis compas del Foro.
La idea principal es meter a estos trabajadores dentro del ámbito del contrato individual de trabajo. Eso significa, en cristiano, que la aplicación tendría que reconocer una relación de dependencia y dirección, además de pagarles una remuneración fija, claro. Se habla de acceso a beneficios laborales, seguridad social... toda la onda. Imagínate, esos pobres tipos, laburando a sol y sombra, sin nada más que unas propinas variables y la amenaza de que te cancelen si tardas cinco segundos en llegar. Una verdadera torta.
La diputada Priscila Vindas, del Frente Amplio, fue la que más le metióle mano al tema. Explicó que hay miles de personas “precarizadas” trabajando entre 50 y 60 horas semanales, aguantando exigencias absurdas de las aplicaciones – horarios fijos, multas por rechazar pedidos, tiempos ridículos para entregar la comida… ¡uf, me dan ganas de pedir pizza en casa! Dice que es urgente legislar para mejorar esas condiciones. Y tiene razón, ¿quién no ha visto a un repartidor corriendo como loco intentando cumplir con un tiempo imposible?
Pero, como siempre pasa en Costa Rica, no todos están de acuerdo. El diputado Gilberto Campos, del PLN, salió con el discurso de que esto va a matar empleos. Dice que lejos de ayudar, van a “excluir personas del mercado laboral”. ¿Será posible? Uno se pregunta si realmente entienda cómo funciona el brete de muchos de estos repartidores, que a menudo lo ven como una oportunidad, aunque sea precaria, para ganarse unos colones.
Ahora bien, analizando la situación con calma, parece que lo que se busca es encontrar un punto medio. No se trata de convertir a Uber Eats o Rappi en empresas con todos los atractivos de Coca Cola, sino de establecer mínimos básicos de respeto y condiciones dignas de trabajo. Porque, seamos sinceros, nadie merece trabajar pagando alquiler de bicicleta ni poniéndose en riesgo constantemente, sólo para que tengamos nuestra comida rapidito.
Además, en la misma sesión, aprobaron el expediente 24.451, que destina un porcentaje de los ingresos por importación de cemento a las municipalidades. Eso sí que es una buena vara, porque ayuda a financiar proyectos locales y echarle una mano a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. ¡Un respiro en medio de tanta polémica!
Entendámonos, la economía es importante, y no queremos asfixiar a las empresas que ofrecen estos servicios. Pero tampoco podemos seguir ignorando la realidad de miles de trabajadores que están siendo explotados, directa o indirectamente. En definitiva, este tema está cargadísimo de matices y requiere un debate serio y responsable, donde se escuchen todas las voces, incluyendo la de los propios repartidores. Ya cansé a todos con esta vaina, pero es un tema que merece atención.
Entonces, ¿creen que la nueva ley es una solución viable para proteger los derechos de los repartidores de apps, o temen que tenga consecuencias negativas en el mercado laboral? Dejen sus opiniones abajo, quiero saber qué piensan mis compas del Foro.
