¡Pero qué vaina! La novela del secuestro de Don George Angulo y Doña Jaime Guardián parece que finalmente va a tener un capítulo decisivo. Después de tanto rodeo legal, la Fiscalía está echándole ganas pa’ que este caso, que nos dejó a todos boquiabiertos, llegue al juicio oral.
Como muchos recordarán, ambos empresarios fueron secuestrados a principios del 2023, dejando a toda la sociedad comentándolo en las parrandas y redes sociales. El caso, que inicialmente parecía un acto aislado, ha sido reclasificado como un delito de crimen organizado, lo que le da otra dimensión y abre las puertas a investigaciones más profundas sobre quiénes estaban detrás de esto y qué tan grande es la red.
La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (FAEDO), esos tigres del Ministerio Público, ya pidieron al Juzgado Penal que le dé luz verde para llevar el caso a juicio. Han acusado a un total de 13 personas, enfrentándolas a cargos pesados como secuestro extorsivo –donde pueden caer hasta 20 años de cárcel–, asociación ilícita, robo agravado, uso ilegal de uniformes policiales y, la que da más escalofríos, legitimación de capitales.
Durante la audiencia preliminar, realizada el mes pasado, se revisaron pruebas y testimonios, y ahora estamos aguardando la decisión del juez. Ese fallo será crucial para determinar si estos trece sospechosos tendrán que sentarse a enfrentar sus crímenes ante un tribunal. De ser así, ¡prepárense porque esto promete!
Según las investigaciones, se trataría de una banda de secuestradores bien organizada y con recursos, capaz de planear y ejecutar retenciones de alto perfil. El caso de Don George Angulo, propietario de varias academias de gimnasio por todo el país, fue el primero. Lo interceptaron en pleno día dentro de uno de sus negocios en San Pedro, lo llevaron a una finca y lo mantuvieron cautivo por unos días antes de dejarlo en Sarapiquí.
Y luego vino el caso de Doña Jaime Guardián Moreno, un exdirectivo bancario reconocido en el mundo empresarial. Este señor, de 66 años, fue secuestrado en Escazú mientras iba manejando, y aunque tampoco se reveló el monto exacto, la policía judicial confirmó que exigieron una suma millonaria en bitcoins para su liberación. ¡Imagínense el susto que se llevó este hombre!
Lo que realmente aceleró la investigación, según fuentes cercanas al caso, fue la forma en que pedían el rescate: usando criptomonedas. Esa característica les dio a los investigadores una pista importante para rastrear el flujo de dinero y conectar los casos. Además, los allanamientos realizados en San José y Cartago, con apoyo del SERT y BOA, permitieron capturar a once personas en primera instancia, incluyendo al presunto líder de la banda, un tipo originario de Cartago que había estado moviéndose por la capital.
Al final, lograron pillar a estos delincuentes disfrutando de unas vacaciones en Jacó, a pesar de estar gastando poquito dinero después de recibir esas fortunas en criptomonedas. Se dice que invirtieron gran parte del dinero en motocicletas, carros y viajes por el país. Ahora, la gran pregunta que queda es: ¿Realmente han logrado desarticular por completo esta banda de secuestradores y recuperar todos los fondos ilícitos? ¿Creen que el sistema judicial podrá hacerle justicia a las víctimas y disuadir a otros potenciales delincuentes?
Como muchos recordarán, ambos empresarios fueron secuestrados a principios del 2023, dejando a toda la sociedad comentándolo en las parrandas y redes sociales. El caso, que inicialmente parecía un acto aislado, ha sido reclasificado como un delito de crimen organizado, lo que le da otra dimensión y abre las puertas a investigaciones más profundas sobre quiénes estaban detrás de esto y qué tan grande es la red.
La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (FAEDO), esos tigres del Ministerio Público, ya pidieron al Juzgado Penal que le dé luz verde para llevar el caso a juicio. Han acusado a un total de 13 personas, enfrentándolas a cargos pesados como secuestro extorsivo –donde pueden caer hasta 20 años de cárcel–, asociación ilícita, robo agravado, uso ilegal de uniformes policiales y, la que da más escalofríos, legitimación de capitales.
Durante la audiencia preliminar, realizada el mes pasado, se revisaron pruebas y testimonios, y ahora estamos aguardando la decisión del juez. Ese fallo será crucial para determinar si estos trece sospechosos tendrán que sentarse a enfrentar sus crímenes ante un tribunal. De ser así, ¡prepárense porque esto promete!
Según las investigaciones, se trataría de una banda de secuestradores bien organizada y con recursos, capaz de planear y ejecutar retenciones de alto perfil. El caso de Don George Angulo, propietario de varias academias de gimnasio por todo el país, fue el primero. Lo interceptaron en pleno día dentro de uno de sus negocios en San Pedro, lo llevaron a una finca y lo mantuvieron cautivo por unos días antes de dejarlo en Sarapiquí.
Y luego vino el caso de Doña Jaime Guardián Moreno, un exdirectivo bancario reconocido en el mundo empresarial. Este señor, de 66 años, fue secuestrado en Escazú mientras iba manejando, y aunque tampoco se reveló el monto exacto, la policía judicial confirmó que exigieron una suma millonaria en bitcoins para su liberación. ¡Imagínense el susto que se llevó este hombre!
Lo que realmente aceleró la investigación, según fuentes cercanas al caso, fue la forma en que pedían el rescate: usando criptomonedas. Esa característica les dio a los investigadores una pista importante para rastrear el flujo de dinero y conectar los casos. Además, los allanamientos realizados en San José y Cartago, con apoyo del SERT y BOA, permitieron capturar a once personas en primera instancia, incluyendo al presunto líder de la banda, un tipo originario de Cartago que había estado moviéndose por la capital.
Al final, lograron pillar a estos delincuentes disfrutando de unas vacaciones en Jacó, a pesar de estar gastando poquito dinero después de recibir esas fortunas en criptomonedas. Se dice que invirtieron gran parte del dinero en motocicletas, carros y viajes por el país. Ahora, la gran pregunta que queda es: ¿Realmente han logrado desarticular por completo esta banda de secuestradores y recuperar todos los fondos ilícitos? ¿Creen que el sistema judicial podrá hacerle justicia a las víctimas y disuadir a otros potenciales delincuentes?
