¡Ay, Dios mío! Aquí seguimos con movidas judiciales que dan escalofríos. Resulta que la Asamblea Legislativa le dio luz verde al primer debate de una ley que busca meterle presión a esas organizaciones – iglesias, clubes deportivos, grupitos vecinales, tú me entiendes – si andan tapándole las canicas a gente que ha cometido abusos sexuales. ¡Una sopa! Pero con razón, ey!
La idea central, impulsada por el Frente Amplio, es simple: si alguien que trabaja o representa a una organización comete un abuso sexual, y esa organización lo sabía o debió saberlo, y no hizo nada al respecto, ¡pues tendrá que pagar! No solo el abusador, sino también la institución que le dio techo. El proyecto de ley quiere cortar de raíz esa cultura del silencio que ha permitido que estos tipos de crímenes se queden impunes por años. Vamos, que le quieren ponerle freno a esos “arreglitos” internos que siempre salen a relucir.
La ley contempla modificar varios códigos: Penal, Procesal Penal y Civil. Básicamente, le pone la lupa a las organizaciones y les obliga a denunciar cualquier sospecha de abuso sexual. Ya no alcanza con decir “eso no pasó aquí”. Ahora, si hay pruebas de que sabían y no hicieron nada, tendrán que asumir responsabilidades civiles, es decir, indemnizar a las víctimas. A ver si así se espantan unos cuantos maes que se creen dueños de la verdad y abusan de su posición de poder.
Un punto caliente del debate fue precisamente eso: ¿qué pasa con los sacerdotes y sus confesiones? Ahí la ley juega medio al gato y al ratón. Se mantiene la confidencialidad del secreto de confesión, pero no de forma irrestricta. O sea, si un sacerdote sabe de un abuso sexual y no lo denuncia, ¡puede caer! Y encima, si lo llaman a declarar en un juicio, tendrá que justificar por qué se niega a hablar. Imagínate la bronca. Que se preparen los curas, porque esto va en serio.
Ahora, para entendernos bien, el artículo 206 del Código Procesal Penal especifica que si alguna persona se acoge al secreto profesional – en este caso, un sacerdote – y se le cita para declarar, deberá explicar por qué no puede hacerlo. Y si el juez considera que está inventando excusas, ¡lo manda a declarar igual! Sin rodeos, chunches. Esto demuestra que la ley no va a andar con chiquitas ni medias tintas. Quiere que todos rindan cuentas y que se termine la protección a los abusadores, diay.
Pero ojo, que esto aún no es definitivo. Falta el segundo debate en la Asamblea, donde seguramente habrá más discusiones y posibles modificaciones. Algunos sectores conservadores ya están sacando pecho y argumentando que la ley atenta contra la libertad religiosa y el derecho a la privacidad. Pero la sociedad está harta de tanto silencio y complicidades. La presión popular es grande y parece que los diputados van a tener que tragarse el sapo y aprobarla tal cual.
Y hablando de consecuencias, este cambio podría significar un terremoto para muchas instituciones religiosas y deportivas. Imaginemos un colegio privado con una larga lista de denuncias por abusos sexuales… ¡Se iría todo al traste! Las demandas podrían hundir a la institución y afectar la vida de cientos de familias. Por eso, muchos directores e incluso líderes religiosos ya están haciendo movimientos para limpiar la casa y evitar sorpresas desagradables. Mejor prevenir que lamentar, como dicen por ahí. Además, abre la puerta a que ex-víctimas presenten demandas, buscando justicia y reparación tras años de silencio.
Definitivamente, esta ley marca un antes y un después en la lucha contra el abuso sexual en Costa Rica. Pero, ¿cree usted que realmente cerrará todas las brechas legales que permiten el encubrimiento de estos crímenes? ¿Será suficiente para cambiar la mentalidad de algunos líderes religiosos que aún consideran que proteger a los suyos es más importante que buscar la verdad y hacer justicia?
La idea central, impulsada por el Frente Amplio, es simple: si alguien que trabaja o representa a una organización comete un abuso sexual, y esa organización lo sabía o debió saberlo, y no hizo nada al respecto, ¡pues tendrá que pagar! No solo el abusador, sino también la institución que le dio techo. El proyecto de ley quiere cortar de raíz esa cultura del silencio que ha permitido que estos tipos de crímenes se queden impunes por años. Vamos, que le quieren ponerle freno a esos “arreglitos” internos que siempre salen a relucir.
La ley contempla modificar varios códigos: Penal, Procesal Penal y Civil. Básicamente, le pone la lupa a las organizaciones y les obliga a denunciar cualquier sospecha de abuso sexual. Ya no alcanza con decir “eso no pasó aquí”. Ahora, si hay pruebas de que sabían y no hicieron nada, tendrán que asumir responsabilidades civiles, es decir, indemnizar a las víctimas. A ver si así se espantan unos cuantos maes que se creen dueños de la verdad y abusan de su posición de poder.
Un punto caliente del debate fue precisamente eso: ¿qué pasa con los sacerdotes y sus confesiones? Ahí la ley juega medio al gato y al ratón. Se mantiene la confidencialidad del secreto de confesión, pero no de forma irrestricta. O sea, si un sacerdote sabe de un abuso sexual y no lo denuncia, ¡puede caer! Y encima, si lo llaman a declarar en un juicio, tendrá que justificar por qué se niega a hablar. Imagínate la bronca. Que se preparen los curas, porque esto va en serio.
Ahora, para entendernos bien, el artículo 206 del Código Procesal Penal especifica que si alguna persona se acoge al secreto profesional – en este caso, un sacerdote – y se le cita para declarar, deberá explicar por qué no puede hacerlo. Y si el juez considera que está inventando excusas, ¡lo manda a declarar igual! Sin rodeos, chunches. Esto demuestra que la ley no va a andar con chiquitas ni medias tintas. Quiere que todos rindan cuentas y que se termine la protección a los abusadores, diay.
Pero ojo, que esto aún no es definitivo. Falta el segundo debate en la Asamblea, donde seguramente habrá más discusiones y posibles modificaciones. Algunos sectores conservadores ya están sacando pecho y argumentando que la ley atenta contra la libertad religiosa y el derecho a la privacidad. Pero la sociedad está harta de tanto silencio y complicidades. La presión popular es grande y parece que los diputados van a tener que tragarse el sapo y aprobarla tal cual.
Y hablando de consecuencias, este cambio podría significar un terremoto para muchas instituciones religiosas y deportivas. Imaginemos un colegio privado con una larga lista de denuncias por abusos sexuales… ¡Se iría todo al traste! Las demandas podrían hundir a la institución y afectar la vida de cientos de familias. Por eso, muchos directores e incluso líderes religiosos ya están haciendo movimientos para limpiar la casa y evitar sorpresas desagradables. Mejor prevenir que lamentar, como dicen por ahí. Además, abre la puerta a que ex-víctimas presenten demandas, buscando justicia y reparación tras años de silencio.
Definitivamente, esta ley marca un antes y un después en la lucha contra el abuso sexual en Costa Rica. Pero, ¿cree usted que realmente cerrará todas las brechas legales que permiten el encubrimiento de estos crímenes? ¿Será suficiente para cambiar la mentalidad de algunos líderes religiosos que aún consideran que proteger a los suyos es más importante que buscar la verdad y hacer justicia?
