¡Ay, Dios mío! Esto sí que está que arde. Resulta que la aspirante a la presidencia, Laura Fernández, anda soltando unas ideas que le han dado vuelta al plato a to’acos. Quiere suspender algunas libertades básicas, esas que nos da la Constitución, pa’ combatir al crimen organizado y el sicariato. Un brete eso, ¿eh?
Según cuenta la nota, la Fernández lo lanzó durante la presentación de su plan de gobierno. Dice que, si llega al poder y las cosas se ponen feas – y hablando de feas, estamos en un panorama bien complicado–, va a pedir a la Asamblea que levanten algunas garantías. Básicamente, quiere darle más mano dura a la policía para meterle allanamientos a los barrios que considere de alta peligrosidad. ¡Imagínate!, buscando maleantes a diestra y siniestra.
Pero a ver, vamos a ponerlo en plata clara. De qué garantías habla exactamente esta señora? Pues, entre otras, del libre tránsito (que podamos movernos por donde queramos), la inviolabilidad del hogar (que nadie te entra a tu casa sin permiso) y el derecho a la privacidad en las comunicaciones (que nadie espíe tus mensajes ni llamadas). Estas cositas, que parecen normales, podrían estar en la mira de la Fernández, según la ‘inteligencia’ del Gobierno, claro está.
Ahora, ojo porque esto no es tan sencillo como darle like a un post en Facebook. La Constitución dice clarito que estas decisiones no las puede tomar el Presidente solito. Necesita el visto bueno de la Asamblea Legislativa, y encima, necesita una votación importante: ¡más de 38 diputados tienen que estar de acuerdo! Además, la suspensión no puede durar más de 30 días, y solo aplica a las garantías específicas que hayan acordado levantar. Cosas de leyes, que siempre tienen sus mañas.
Y ahí es donde viene la bronca. Porque el concepto de 'barrios de máxima delincuencia' queda a criterio de la 'inteligencia' del Gobierno. ¿Quién decide cuáles son esos barrios? ¿Cómo saben que realmente hay tanta delincuencia ahí? ¿No será que van a empezar a molestar a gente inocente solo porque viven en cierto lugar? Esto huele a potrero, diay. Y recordemos que gobiernos anteriores, incluyendo el actual, ya han tenido problemas con la Sala Constitucional por violar derechos, acusados de censura y ataques a la prensa... la carga que tenemos, mae.
Parece recordar que hubo varios casos que fueron llevados ante la Sala Constitucional, como el cierre de Parque Viva y los ataques verbales del Presidente Chaves a los periodistas. Eso demuestra que en Costa Rica tenemos una historia bien turbia cuando se trata de respetar los derechos de las personas, especialmente cuando hay crisis. El mae se pasa de la raya con facilidad, chunche.
Algunos expertos legales dicen que esta propuesta es peligrosa porque abre la puerta a abusos de poder. Argumentan que, si se empieza a suspender garantías individuales bajo el pretexto de combatir el crimen, podríamos terminar viviendo en un Estado policial. Ya sé que la seguridad es importante, pero no podemos sacrificar nuestras libertades en el nombre de la seguridad. ¡Es un equilibrio delicado!
En fin, la idea de Fernández ha encendido todas las alarmas. ¿Estamos dispuestos a renunciar a algunas de nuestras libertades fundamentales para sentirnos más seguros? ¿Debería el gobierno tener ese poder de decidir quién es sospechoso y quién no, basándose únicamente en la 'inteligencia'? Venga, cuéntame tú, ¿qué opinas de toda esta vaina? ¡Dale, suelta tu parecer en los comentarios!
Según cuenta la nota, la Fernández lo lanzó durante la presentación de su plan de gobierno. Dice que, si llega al poder y las cosas se ponen feas – y hablando de feas, estamos en un panorama bien complicado–, va a pedir a la Asamblea que levanten algunas garantías. Básicamente, quiere darle más mano dura a la policía para meterle allanamientos a los barrios que considere de alta peligrosidad. ¡Imagínate!, buscando maleantes a diestra y siniestra.
Pero a ver, vamos a ponerlo en plata clara. De qué garantías habla exactamente esta señora? Pues, entre otras, del libre tránsito (que podamos movernos por donde queramos), la inviolabilidad del hogar (que nadie te entra a tu casa sin permiso) y el derecho a la privacidad en las comunicaciones (que nadie espíe tus mensajes ni llamadas). Estas cositas, que parecen normales, podrían estar en la mira de la Fernández, según la ‘inteligencia’ del Gobierno, claro está.
Ahora, ojo porque esto no es tan sencillo como darle like a un post en Facebook. La Constitución dice clarito que estas decisiones no las puede tomar el Presidente solito. Necesita el visto bueno de la Asamblea Legislativa, y encima, necesita una votación importante: ¡más de 38 diputados tienen que estar de acuerdo! Además, la suspensión no puede durar más de 30 días, y solo aplica a las garantías específicas que hayan acordado levantar. Cosas de leyes, que siempre tienen sus mañas.
Y ahí es donde viene la bronca. Porque el concepto de 'barrios de máxima delincuencia' queda a criterio de la 'inteligencia' del Gobierno. ¿Quién decide cuáles son esos barrios? ¿Cómo saben que realmente hay tanta delincuencia ahí? ¿No será que van a empezar a molestar a gente inocente solo porque viven en cierto lugar? Esto huele a potrero, diay. Y recordemos que gobiernos anteriores, incluyendo el actual, ya han tenido problemas con la Sala Constitucional por violar derechos, acusados de censura y ataques a la prensa... la carga que tenemos, mae.
Parece recordar que hubo varios casos que fueron llevados ante la Sala Constitucional, como el cierre de Parque Viva y los ataques verbales del Presidente Chaves a los periodistas. Eso demuestra que en Costa Rica tenemos una historia bien turbia cuando se trata de respetar los derechos de las personas, especialmente cuando hay crisis. El mae se pasa de la raya con facilidad, chunche.
Algunos expertos legales dicen que esta propuesta es peligrosa porque abre la puerta a abusos de poder. Argumentan que, si se empieza a suspender garantías individuales bajo el pretexto de combatir el crimen, podríamos terminar viviendo en un Estado policial. Ya sé que la seguridad es importante, pero no podemos sacrificar nuestras libertades en el nombre de la seguridad. ¡Es un equilibrio delicado!
En fin, la idea de Fernández ha encendido todas las alarmas. ¿Estamos dispuestos a renunciar a algunas de nuestras libertades fundamentales para sentirnos más seguros? ¿Debería el gobierno tener ese poder de decidir quién es sospechoso y quién no, basándose únicamente en la 'inteligencia'? Venga, cuéntame tú, ¿qué opinas de toda esta vaina? ¡Dale, suelta tu parecer en los comentarios!
