¡Ay, Dios mío! Qué rollo este asunto del traslado de reos justo antes de las elecciones. Las redes sociales explotaron con denuncias de que estaban quitándole las cédulas a los presos y mandándolos a otras cárceles, ¡imagínate la bronca! Algunos incluso decían que era pa’ evitar que votaran, una movida bien turbia si fuera cierto.
Según las denuncias, oficiales penitenciarios estarían aprovechando las “redadas” en las celdas para quedarse con los documentos de identidad de los privados de libertad. La información comenzó a circular como reguero de pólvora en Facebook y WhatsApp, generando mucha inquietud entre quienes defienden el derecho al voto de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que cumplen condena. Pues, ¡cáiganse de narices!
El Viceministro de Justicia, Nils Ching, salió al frente para negar rotundamente estas acusaciones. Dijo que esas historias son pura invención y que el Ministerio ha hecho todo lo posible para garantizar que los internos tengan toda la información necesaria sobre el proceso electoral. Un poco tranquilizador, pero todavía hay muchos escépticos por ahí, ¿eh?
“Este proceso electoral ha sido debidamente coordinado de parte del Ministerio de Justicia para el buen transcurrir del proceso electoral,” sentenció Ching en declaraciones a Diario Extra. Insistió en que las autoridades penitenciarias son respetuosas de los derechos de los privados de libertad y que cualquier traslado de reos se realiza únicamente por motivos de seguridad o riesgo, nada más. Pero la gente ya está viendo sombras por donde no las hay, ya saben cómo es.
Ahora, la Constitución Costarricense es clara: todo ciudadano mayor de edad tiene derecho al voto, independientemente de su condición. Por eso, cualquier intento por limitar ese derecho, legítimo o no, levanta ampollas. Y más en un año electoral como éste, donde la polarización política ya está a flor de piel. Esta vara se puso caliente rapidito.
Más allá de las acusaciones y negaciones, queda la interrogante sobre cómo asegurar un proceso electoral transparente y equitativo para todos los privados de libertad. Hay que recordar que muchas de estas personas han cometido delitos graves, pero eso no significa que pierdan su ciudadanía ni su derecho a participar en la vida democrática del país. Un brete lograr que todos estén contentos, ¡dios mío!
Lo que sí preocupa es que estas denuncias, aunque sean falsas, alimenten la desconfianza en las instituciones y en el sistema electoral. En un momento como este, donde la democracia está bajo ataque en muchos lugares del mundo, es fundamental fortalecer la confianza pública y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto libremente. Que no anden jalándose una torta con esto.
Sin embargo, la situación nos obliga a reflexionar: ¿Cómo podemos mejorar los mecanismos de supervisión y control para prevenir posibles irregularidades en el proceso electoral de los privados de libertad, asegurando que su derecho al voto esté plenamente garantizado y evitando cualquier sospecha de manipulación? ¡Vamos a platicarlo en el foro, qué dicen ustedes?
Según las denuncias, oficiales penitenciarios estarían aprovechando las “redadas” en las celdas para quedarse con los documentos de identidad de los privados de libertad. La información comenzó a circular como reguero de pólvora en Facebook y WhatsApp, generando mucha inquietud entre quienes defienden el derecho al voto de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que cumplen condena. Pues, ¡cáiganse de narices!
El Viceministro de Justicia, Nils Ching, salió al frente para negar rotundamente estas acusaciones. Dijo que esas historias son pura invención y que el Ministerio ha hecho todo lo posible para garantizar que los internos tengan toda la información necesaria sobre el proceso electoral. Un poco tranquilizador, pero todavía hay muchos escépticos por ahí, ¿eh?
“Este proceso electoral ha sido debidamente coordinado de parte del Ministerio de Justicia para el buen transcurrir del proceso electoral,” sentenció Ching en declaraciones a Diario Extra. Insistió en que las autoridades penitenciarias son respetuosas de los derechos de los privados de libertad y que cualquier traslado de reos se realiza únicamente por motivos de seguridad o riesgo, nada más. Pero la gente ya está viendo sombras por donde no las hay, ya saben cómo es.
Ahora, la Constitución Costarricense es clara: todo ciudadano mayor de edad tiene derecho al voto, independientemente de su condición. Por eso, cualquier intento por limitar ese derecho, legítimo o no, levanta ampollas. Y más en un año electoral como éste, donde la polarización política ya está a flor de piel. Esta vara se puso caliente rapidito.
Más allá de las acusaciones y negaciones, queda la interrogante sobre cómo asegurar un proceso electoral transparente y equitativo para todos los privados de libertad. Hay que recordar que muchas de estas personas han cometido delitos graves, pero eso no significa que pierdan su ciudadanía ni su derecho a participar en la vida democrática del país. Un brete lograr que todos estén contentos, ¡dios mío!
Lo que sí preocupa es que estas denuncias, aunque sean falsas, alimenten la desconfianza en las instituciones y en el sistema electoral. En un momento como este, donde la democracia está bajo ataque en muchos lugares del mundo, es fundamental fortalecer la confianza pública y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto libremente. Que no anden jalándose una torta con esto.
Sin embargo, la situación nos obliga a reflexionar: ¿Cómo podemos mejorar los mecanismos de supervisión y control para prevenir posibles irregularidades en el proceso electoral de los privados de libertad, asegurando que su derecho al voto esté plenamente garantizado y evitando cualquier sospecha de manipulación? ¡Vamos a platicarlo en el foro, qué dicen ustedes?
