¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de nuevo con el TSE tratando de cambiar las reglas del juego. Resulta que quieren ponerle freno al acceso público a nuestros datos personales, esos mismos que hasta ahora andaban ahí, colgados en su página web como churros. La Asamblea Legislativa está tramitando una reforma al Código Electoral que, según dicen, busca protegernos, pero huele raro, ¿eh?
Hasta ahora, cualquiera podía entrar a la página del TSE y echar un vistazo rápido a la edad de alguien, quiénes son sus papás, cuántos hijos tiene registrados, si ha sido casado, divorciado o quedó viudo… ¡Todo! Incluso dónde vive registrado como votante. Todo esto, amigos míos, era público. Ahora, parece ser que eso va a cambiar porque, al parecer, la gente anda usando esa info para cosas turbias.
Según explican los proponentes de la reforma, la Sala IV ha recibido varias quejas sobre esta facilidad para acceder a datos personales. Dicen que hay tratados internacionales que protegen nuestra privacidad y que, además, debería haber restricciones por motivos de seguridad. Vamos, que no quieren que nadie ande husmeando en nuestras vidas privadas. Y claro, suena lindo en teoría, pero siempre me pongo a pensar qué intereses hay detrás de estas cosas.
El proyecto de ley plantea que, a partir de ahora, el TSE podría cobrar por el acceso electrónico a la información que tienen en sus bases de datos. Pero ojo, solo si nosotros, los interesados, damos nuestro consentimiento o solicitamos una certificación formal. O sea, que ya no van a poder sacar fotos de la pantalla y copiar la información como antes. El TSE dice que estos datos, que ahora llaman “hechos vitales y básicos de la persona”, dejarían de ser públicos e irrestrictos para evitar que criminales los usen para hacernos daño. ¡Una carga!
Pero acá viene lo interesante: la Procuraduría General de la República, esa que tiene que dar el visto bueno a todo, no está muy convencida. Han hecho unas observaciones bastante fuertes sobre si esto es legal y constitucionalmente viable. Reconocen que la Asamblea puede decidir cómo manejar los datos personales, pero advierten que limitar el acceso a esa información podría traerle dolores de cabeza a otras áreas, como los negocios y la seguridad jurídica. Imagínate, no poder verificar fácilmente quién es el dueño de una propiedad o si alguien está legalmente autorizado para firmar un contrato... ¡Un brete!
Además, la Procuraduría apunta que el proyecto tiene algunas imprecisiones técnicas, especialmente en lo relacionado con el Sistema de Verificación de Identidad de los Ciudadanos (VID). Según ellos, ese sistema no es una base de datos que se pueda vender o comercializar. Y también dicen que, si realmente quieren cambiar la forma en que se manejan los datos, deberían hacerlo a través de una reforma a la Ley 8968, no metiendo normas a medio camino en el Código Electoral. Total, que están diciendo que el proyecto está medio tirado.
Y hablando de seguridad jurídica, preocupa que esta medida afecte la transparencia. Piensa en la cantidad de trámites que necesitamos hacer donde tenemos que demostrar datos vitales, desde comprar un carro hasta abrir una cuenta bancaria. Si se dificulta el acceso a esa información, el papeleo se va a multiplicar y la vida se va a volver más complicada. Un verdadero despiche, amigos. ¿Para qué queremos proteger la privacidad si luego nos atascamos en montañas de requisitos burocráticos?
Entonces, ¿qué opinan ustedes, pura buena intención o hay gato encerrado en esta reforma al Código Electoral? ¿Realmente necesitamos que el TSE cobre por nuestros datos personales o esto es simplemente una excusa para meter las manos en nuestros bolsillos y complicarnos aún más la vida? ¡Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios!
Hasta ahora, cualquiera podía entrar a la página del TSE y echar un vistazo rápido a la edad de alguien, quiénes son sus papás, cuántos hijos tiene registrados, si ha sido casado, divorciado o quedó viudo… ¡Todo! Incluso dónde vive registrado como votante. Todo esto, amigos míos, era público. Ahora, parece ser que eso va a cambiar porque, al parecer, la gente anda usando esa info para cosas turbias.
Según explican los proponentes de la reforma, la Sala IV ha recibido varias quejas sobre esta facilidad para acceder a datos personales. Dicen que hay tratados internacionales que protegen nuestra privacidad y que, además, debería haber restricciones por motivos de seguridad. Vamos, que no quieren que nadie ande husmeando en nuestras vidas privadas. Y claro, suena lindo en teoría, pero siempre me pongo a pensar qué intereses hay detrás de estas cosas.
El proyecto de ley plantea que, a partir de ahora, el TSE podría cobrar por el acceso electrónico a la información que tienen en sus bases de datos. Pero ojo, solo si nosotros, los interesados, damos nuestro consentimiento o solicitamos una certificación formal. O sea, que ya no van a poder sacar fotos de la pantalla y copiar la información como antes. El TSE dice que estos datos, que ahora llaman “hechos vitales y básicos de la persona”, dejarían de ser públicos e irrestrictos para evitar que criminales los usen para hacernos daño. ¡Una carga!
Pero acá viene lo interesante: la Procuraduría General de la República, esa que tiene que dar el visto bueno a todo, no está muy convencida. Han hecho unas observaciones bastante fuertes sobre si esto es legal y constitucionalmente viable. Reconocen que la Asamblea puede decidir cómo manejar los datos personales, pero advierten que limitar el acceso a esa información podría traerle dolores de cabeza a otras áreas, como los negocios y la seguridad jurídica. Imagínate, no poder verificar fácilmente quién es el dueño de una propiedad o si alguien está legalmente autorizado para firmar un contrato... ¡Un brete!
Además, la Procuraduría apunta que el proyecto tiene algunas imprecisiones técnicas, especialmente en lo relacionado con el Sistema de Verificación de Identidad de los Ciudadanos (VID). Según ellos, ese sistema no es una base de datos que se pueda vender o comercializar. Y también dicen que, si realmente quieren cambiar la forma en que se manejan los datos, deberían hacerlo a través de una reforma a la Ley 8968, no metiendo normas a medio camino en el Código Electoral. Total, que están diciendo que el proyecto está medio tirado.
Y hablando de seguridad jurídica, preocupa que esta medida afecte la transparencia. Piensa en la cantidad de trámites que necesitamos hacer donde tenemos que demostrar datos vitales, desde comprar un carro hasta abrir una cuenta bancaria. Si se dificulta el acceso a esa información, el papeleo se va a multiplicar y la vida se va a volver más complicada. Un verdadero despiche, amigos. ¿Para qué queremos proteger la privacidad si luego nos atascamos en montañas de requisitos burocráticos?
Entonces, ¿qué opinan ustedes, pura buena intención o hay gato encerrado en esta reforma al Código Electoral? ¿Realmente necesitamos que el TSE cobre por nuestros datos personales o esto es simplemente una excusa para meter las manos en nuestros bolsillos y complicarnos aún más la vida? ¡Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios!
