¡Aguante! Parece que el Gobierno de Costa Rica decidió tomarse unas merecidas vacaciones navideñas, dejando a algunos de nosotros preguntándonos quién va a atender nuestras urgencias si todo el mundo está echando pies en la playa. Según Mideplan, desde el 22 de diciembre y hasta el 2 de enero, varios ministerios y entidades gubernamentales estarán cerrados, una medida justificada, dicen, por ahorrar unos colones y evitar que los funcionarios acumulen demasiadas vacaciones. ¡Un brete!
La directriz ejecutiva, firmada por el Presidente Chaves, el Ministro Navarro y el Ministro Romero, detalla qué días exactos habrá reposo para los servidores públicos. Tenemos el 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, además del 2 de enero. Para los oficinistas, la última jornada laboral efectiva será el viernes 19 de diciembre, así que ya saben, agenden sus citas y trámites antes de que cierren las puertas.
Pero ojo, no todos están en el mismo barco. Mientras que el Gobierno Central se relaja, otras instituciones tienen reglas diferentes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública, la Procuraduría General, el Registro Nacional, los policías y quienes trabajan en atención de emergencias definirán sus vacaciones con sus respectivos jefes. ¡Cada quien se organiza como pueda! Y ahí viene el meollo de la papa: ¿qué pasa con los asuntos urgentes que requieren atención durante esas fechas?
En el Poder Legislativo, el panorama también es diferente. Estarán fuera desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero, aunque la última sesión de plenario es el 18 de diciembre y regresan el 12 de enero. En cambio, el Poder Judicial tendrá cierre colectivo desde el 22 de diciembre hasta el 2 de enero, pero con algunas excepciones, pues el último día de trabajo es el 19 de diciembre y regresan el 5 de enero. Parece que la eficiencia no está precisamente en la agenda general.
Y claro, siempre hay excepciones. Las oficinas que atienden casos de violencia doméstica, por ejemplo, seguirán operativas en todo momento. ¡Menos mal que alguien sigue cuidando nuestro aseo!, aunque agradecemos enormemente el esfuerzo de estas personas que no se toman un respiro, especialmente en tiempos difíciles como estos.
Lo que sí es rescatable de toda esta movida es la intención del gobierno de ahorrar recursos. Dicen que reducirán el consumo de energía, telecomunicaciones, agua, combustible y demás gastos operativos. Además, argumentan que muchos funcionarios ya tienen vacaciones acumuladas, así que esto evitará que se les sigan sumando. ¡Ahí le pegamos al bolsillo!, aunque queda pendiente ver cuánto realmente se logra ahorrar con este plan.
Desde el punto de vista turístico y económico, también se espera un impulso. Al tener más gente de vacaciones, se espera que gasten dinero en restaurantes, hoteles, tours y actividades recreativas, lo que podría ayudar a reactivar la economía nacional. ¡A disfrutar de lo ajeno, digámoslo de otra forma! Aunque queda la inquietud de cómo afectará esto a los sectores que dependen de la administración pública para sus operaciones diarias, como los pequeños comerciantes que realizan pagos y trámites gubernamentales.
En fin, mientras algunos echan píos en la playa, otros andan con el brete de asegurar que los servicios básicos funcionen. Una decisión controvertida, sin duda, que nos deja pensando: ¿debería haber límites más estrictos a las vacaciones oficiales, especialmente considerando las necesidades de la población y el funcionamiento del país?, ¿cree usted que el ahorro justifica el posible impacto negativo en la calidad de los servicios públicos?
La directriz ejecutiva, firmada por el Presidente Chaves, el Ministro Navarro y el Ministro Romero, detalla qué días exactos habrá reposo para los servidores públicos. Tenemos el 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, además del 2 de enero. Para los oficinistas, la última jornada laboral efectiva será el viernes 19 de diciembre, así que ya saben, agenden sus citas y trámites antes de que cierren las puertas.
Pero ojo, no todos están en el mismo barco. Mientras que el Gobierno Central se relaja, otras instituciones tienen reglas diferentes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública, la Procuraduría General, el Registro Nacional, los policías y quienes trabajan en atención de emergencias definirán sus vacaciones con sus respectivos jefes. ¡Cada quien se organiza como pueda! Y ahí viene el meollo de la papa: ¿qué pasa con los asuntos urgentes que requieren atención durante esas fechas?
En el Poder Legislativo, el panorama también es diferente. Estarán fuera desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero, aunque la última sesión de plenario es el 18 de diciembre y regresan el 12 de enero. En cambio, el Poder Judicial tendrá cierre colectivo desde el 22 de diciembre hasta el 2 de enero, pero con algunas excepciones, pues el último día de trabajo es el 19 de diciembre y regresan el 5 de enero. Parece que la eficiencia no está precisamente en la agenda general.
Y claro, siempre hay excepciones. Las oficinas que atienden casos de violencia doméstica, por ejemplo, seguirán operativas en todo momento. ¡Menos mal que alguien sigue cuidando nuestro aseo!, aunque agradecemos enormemente el esfuerzo de estas personas que no se toman un respiro, especialmente en tiempos difíciles como estos.
Lo que sí es rescatable de toda esta movida es la intención del gobierno de ahorrar recursos. Dicen que reducirán el consumo de energía, telecomunicaciones, agua, combustible y demás gastos operativos. Además, argumentan que muchos funcionarios ya tienen vacaciones acumuladas, así que esto evitará que se les sigan sumando. ¡Ahí le pegamos al bolsillo!, aunque queda pendiente ver cuánto realmente se logra ahorrar con este plan.
Desde el punto de vista turístico y económico, también se espera un impulso. Al tener más gente de vacaciones, se espera que gasten dinero en restaurantes, hoteles, tours y actividades recreativas, lo que podría ayudar a reactivar la economía nacional. ¡A disfrutar de lo ajeno, digámoslo de otra forma! Aunque queda la inquietud de cómo afectará esto a los sectores que dependen de la administración pública para sus operaciones diarias, como los pequeños comerciantes que realizan pagos y trámites gubernamentales.
En fin, mientras algunos echan píos en la playa, otros andan con el brete de asegurar que los servicios básicos funcionen. Una decisión controvertida, sin duda, que nos deja pensando: ¿debería haber límites más estrictos a las vacaciones oficiales, especialmente considerando las necesidades de la población y el funcionamiento del país?, ¿cree usted que el ahorro justifica el posible impacto negativo en la calidad de los servicios públicos?
