¡Ay, Dios mío! Aquí seguimos con situaciones que te dejan boquiabierto. Resulta que tenemos 673 adultos mayores durmiendo en las calles de Costa Rica, una cifra que duele más que un resfriado en diciembre. Y ahora, la Asamblea Legislativa, buscando soluciones, ha sacado una idea que está generando más calor que un churrasquito en agosto: ¡rebajarles el salario a los diputados y otros jerarcas para pagar albergues!
La iniciativa, impulsada por la diputada Katherine Moreira Brown del PLN, busca crear un Sistema Nacional de Albergues Estatales (SINACE). Suena bien, ¿verdad?, pero el detalle es cómo piensan financiarlo. No van a pedir limosna, no, “directamente” a los bolsillos de la clase política. ¡Imagínense la cara de algunos cuando les digan que tienen que aflojar un poquito del buen vivir!
Según el IMAS, casi la mitad de los adultos mayores en Costa Rica no tienen pensión. Eso significa que dependen de la buena voluntad de familiares o… bueno, de nadie. La realidad es dura: muchos terminan olvidados, buscando un pedazo de cartón donde protegerse del sol y la lluvia. Una verdadera torta, vamos. Y esto no es un problema menor; refleja una falla profunda en nuestro sistema de protección social.
Pero volviendo a la propuesta, el esquema es este: un 0.5% de las dietas y salarios de los altos mandos, otro 0.5% de las utilidades líquidas de la Junta Protectora Social, 0.05% del presupuesto de las universidades públicas, 0.08% de las empresas estatales y hasta un diminuto 0.003% de los presupuestos municipales. ¡Qué brete, vaya! Parece que todos tienen que poner su granito de arena, aunque sea uno pequeñito.
La diputada Moreira defiende la medida diciendo que es éticamente viable. “Que los altos jerarcas donemos o nos rebajen un porcentaje para poder suplir esos centros de atención”, afirmó. Pero claro, hablar fácil es barato, cuando tú no eres quien se queda sin unos colones extras para gastar en el fin de semana. Y ahí es donde empieza el embate, ¿no creen?
El SINACE, si sale adelante, sería una red de seguridad estatal para rescatar a los adultos mayores en situación de calle. Eso sí, dependerá mucho de la buena voluntad de los mismos diputados que ahora tendrán que votar a favor de recortarse el sueldo. ¡Qué dilema más chuuuuuno! El CONAPAM, encargado de la gestión, necesitaría un flujo de caja garantizado por ley para construir y mantener esos albergues dignos que tanto necesitamos.
Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si esta medida es realmente efectiva o simplemente un parche. ¿Será suficiente ese pequeño porcentaje para cubrir todas las necesidades de los adultos mayores en riesgo? ¿O estamos condenados a seguir viendo a nuestros abuelos sufriendo en las calles mientras los políticos siguen disfrutando de privilegios innecesarios? Además, ¿no sería más efectivo atacar las causas profundas de la pobreza en la vejez, en lugar de simplemente tratar los síntomas?
Al final, la pelota está en la cancha de la Asamblea Legislativa. La decisión de aprobar o rechazar esta propuesta definirá no solo el futuro de miles de adultos mayores, sino también la imagen de nuestra clase política. Compañeros, ¿creen que esta fórmula solidaria es justa y necesaria? ¿O hay otras formas más efectivas de abordar el problema del abandono de la tercera edad en Costa Rica? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios!
La iniciativa, impulsada por la diputada Katherine Moreira Brown del PLN, busca crear un Sistema Nacional de Albergues Estatales (SINACE). Suena bien, ¿verdad?, pero el detalle es cómo piensan financiarlo. No van a pedir limosna, no, “directamente” a los bolsillos de la clase política. ¡Imagínense la cara de algunos cuando les digan que tienen que aflojar un poquito del buen vivir!
Según el IMAS, casi la mitad de los adultos mayores en Costa Rica no tienen pensión. Eso significa que dependen de la buena voluntad de familiares o… bueno, de nadie. La realidad es dura: muchos terminan olvidados, buscando un pedazo de cartón donde protegerse del sol y la lluvia. Una verdadera torta, vamos. Y esto no es un problema menor; refleja una falla profunda en nuestro sistema de protección social.
Pero volviendo a la propuesta, el esquema es este: un 0.5% de las dietas y salarios de los altos mandos, otro 0.5% de las utilidades líquidas de la Junta Protectora Social, 0.05% del presupuesto de las universidades públicas, 0.08% de las empresas estatales y hasta un diminuto 0.003% de los presupuestos municipales. ¡Qué brete, vaya! Parece que todos tienen que poner su granito de arena, aunque sea uno pequeñito.
La diputada Moreira defiende la medida diciendo que es éticamente viable. “Que los altos jerarcas donemos o nos rebajen un porcentaje para poder suplir esos centros de atención”, afirmó. Pero claro, hablar fácil es barato, cuando tú no eres quien se queda sin unos colones extras para gastar en el fin de semana. Y ahí es donde empieza el embate, ¿no creen?
El SINACE, si sale adelante, sería una red de seguridad estatal para rescatar a los adultos mayores en situación de calle. Eso sí, dependerá mucho de la buena voluntad de los mismos diputados que ahora tendrán que votar a favor de recortarse el sueldo. ¡Qué dilema más chuuuuuno! El CONAPAM, encargado de la gestión, necesitaría un flujo de caja garantizado por ley para construir y mantener esos albergues dignos que tanto necesitamos.
Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si esta medida es realmente efectiva o simplemente un parche. ¿Será suficiente ese pequeño porcentaje para cubrir todas las necesidades de los adultos mayores en riesgo? ¿O estamos condenados a seguir viendo a nuestros abuelos sufriendo en las calles mientras los políticos siguen disfrutando de privilegios innecesarios? Además, ¿no sería más efectivo atacar las causas profundas de la pobreza en la vejez, en lugar de simplemente tratar los síntomas?
Al final, la pelota está en la cancha de la Asamblea Legislativa. La decisión de aprobar o rechazar esta propuesta definirá no solo el futuro de miles de adultos mayores, sino también la imagen de nuestra clase política. Compañeros, ¿creen que esta fórmula solidaria es justa y necesaria? ¿O hay otras formas más efectivas de abordar el problema del abandono de la tercera edad en Costa Rica? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios!
