¡Ay, Dios mío, qué movida la que está pasando en Heredia! Parece que siete polis municipales terminaron metidos en un brete bien gordo, retenidos por la Fiscalía Adjunta. Los señalan de cosas feas, muy feas… y ahora todos estamos preguntándonos: ¿hasta dónde puede llegar el abuso de poder en nuestras comunidades?
La cosa es así: estos siete oficiales, con apellidos que resuenan por acá –Barrientos, Chacón, Monge, Solano, Guadamuz, Artavia y Mesén–, enfrentan acusaciones serias. Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, e incluso, abuso sexual. ¡Imagínate el papelón! Las aguas están revueltas y la gente está comentando hasta por los codos.
Según la investigación, todo comenzó el 28 de septiembre pasado. Al parecer, unos vecinos grabaron un video donde estos policías estaban haciendo una requisa a alguien de manera bastante agresiva. Se dice que le pusieron las manos encima al pobre tipo, aunque él no puso resistencia. El Ministerio Público no se anduvo con rodeos: determinaron que hubo un exceso evidente de fuerza y que los uniformados se pasaron de la raya, usando sus funciones para molestar al ciudadano.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras revisar la evidencia, confirmó lo sospechado: parece que sí hubo un uso desmedido de la fuerza. Dicen que le dieron unos golpes y patadas al muchacho, ¡y eso es inaceptable! No importa si hay sospechas, la ley nos protege a todos y nadie merece ser tratado así por quienes deberían garantizar nuestra seguridad.
Ahora, ¿qué les espera a estos polis? Pues, según el licenciado Tlacatl Kabul Ugalde, la ley es clara: el Código Penal y la Ley General de Policía tienen castigos duros para quien abuse de su autoridad. Podrían ir a la cárcel por varios años, perder su empleo y enfrentar multas considerables. ¡Una verdadera torta la que se armó!
Para ponerle pausa a la cosa, el abogado Ugalde explica que la jurisprudencia es tajante: las actuaciones policiales deben ser legales, justificadas, moderadas y proporcionales. La policía no puede andar exigiendo identificaciones a diestra y siniestra sin motivos sólidos, ni limitar la libertad de las personas sin causa justa. ¡Eso es abuso puro y duro, y la Constitución lo prohíbe!
Las autoridades ya decomisaron pruebas de interés, videos, cámaras corporales, roles de servicio... toda la papelería necesaria para armar el juicio. Ahora la fiscalía va a evaluar cada caso individualmente para ver qué medidas cautelares pedir: arresto preventivo, restricciones de movimiento, vigilancia… Lo que haga falta para evitar que esto siga pasando y proteger a los ciudadanos.
En fin, este caso nos hace reflexionar sobre el rol de la policía en nuestras vidas. Son nuestros protectores, pero también deben ser respetuosos de la ley y de los derechos de todos. Después de todo este escándalo, me pregunto: ¿cree usted que la policía necesita más capacitación en Derechos Humanos y manejo de conflictos, o es que simplemente hay algunos malos elementos que dañan la imagen de toda una institución? Déjeme saber su opinión en los comentarios, ¡me interesa mucho escucharla!
La cosa es así: estos siete oficiales, con apellidos que resuenan por acá –Barrientos, Chacón, Monge, Solano, Guadamuz, Artavia y Mesén–, enfrentan acusaciones serias. Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, e incluso, abuso sexual. ¡Imagínate el papelón! Las aguas están revueltas y la gente está comentando hasta por los codos.
Según la investigación, todo comenzó el 28 de septiembre pasado. Al parecer, unos vecinos grabaron un video donde estos policías estaban haciendo una requisa a alguien de manera bastante agresiva. Se dice que le pusieron las manos encima al pobre tipo, aunque él no puso resistencia. El Ministerio Público no se anduvo con rodeos: determinaron que hubo un exceso evidente de fuerza y que los uniformados se pasaron de la raya, usando sus funciones para molestar al ciudadano.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras revisar la evidencia, confirmó lo sospechado: parece que sí hubo un uso desmedido de la fuerza. Dicen que le dieron unos golpes y patadas al muchacho, ¡y eso es inaceptable! No importa si hay sospechas, la ley nos protege a todos y nadie merece ser tratado así por quienes deberían garantizar nuestra seguridad.
Ahora, ¿qué les espera a estos polis? Pues, según el licenciado Tlacatl Kabul Ugalde, la ley es clara: el Código Penal y la Ley General de Policía tienen castigos duros para quien abuse de su autoridad. Podrían ir a la cárcel por varios años, perder su empleo y enfrentar multas considerables. ¡Una verdadera torta la que se armó!
Para ponerle pausa a la cosa, el abogado Ugalde explica que la jurisprudencia es tajante: las actuaciones policiales deben ser legales, justificadas, moderadas y proporcionales. La policía no puede andar exigiendo identificaciones a diestra y siniestra sin motivos sólidos, ni limitar la libertad de las personas sin causa justa. ¡Eso es abuso puro y duro, y la Constitución lo prohíbe!
Las autoridades ya decomisaron pruebas de interés, videos, cámaras corporales, roles de servicio... toda la papelería necesaria para armar el juicio. Ahora la fiscalía va a evaluar cada caso individualmente para ver qué medidas cautelares pedir: arresto preventivo, restricciones de movimiento, vigilancia… Lo que haga falta para evitar que esto siga pasando y proteger a los ciudadanos.
En fin, este caso nos hace reflexionar sobre el rol de la policía en nuestras vidas. Son nuestros protectores, pero también deben ser respetuosos de la ley y de los derechos de todos. Después de todo este escándalo, me pregunto: ¿cree usted que la policía necesita más capacitación en Derechos Humanos y manejo de conflictos, o es que simplemente hay algunos malos elementos que dañan la imagen de toda una institución? Déjeme saber su opinión en los comentarios, ¡me interesa mucho escucharla!
