¡Ay, Dios mío! Se armó un bronca en Santo Domingo de Heredia. Resulta que la Sala Constitucional tuvo que meterle mano a una movida bien salada que estaba tramando la Municipalidad contra unos señores y señoras que llevan décadas viviendo en una finca. La cosa es así: quieren echarlos a la calle, ¡imagínate!
Todo empezó porque estos dos adultos mayores presentaron un recurso de amparo, alegando que estaban violando sus derechos. Dijeron, con justa razón, que llevan casi toda una vida laburando y viviendo ahí mismo, cuidando hasta el cementerio municipal, siendo panteoneros y todo. La historia cuenta que las hijas de los dueños originales de la finca le regalaron el terrenito a la Municipalidad allá por el ’72, pero ellos siguieron viviendo tranquilos, sin hacer escándalo.
Pero fíjate la cosa, la Municipalidad decidió que ya era hora de echar esos suelos y les dieron un ultimátum para irse antes del 31 de agosto pasado. ¡Imagínate la angustia de la gente! No tienen dónde ir, ni cómo pagarse un techo. Ya saben cómo es esto, los viejitos siempre son los que sufren más. El asunto es que no todos tenemos ahorritos para comprar nosotras mismas un buen rancho.
Pues la Sala IV, con toda la sensatez del mundo, le dijo a Jorge Fonseca Fonseca, el alcalde, que espere un poquito. Le puso un freno directo: “No te metas con estas personas, chaval, hasta que no les consigas un lugar decente para vivir”. Tres meses le dio, pa’ que se ponga las pilas y coordine con el Consejo de la Persona Adulto Mayor, el INAMUY y todas esas instancias que deberían estar ayudando a la gente vulnerable.
Lo bueno de esta decisión es que protege a estos adultos mayores de un desalojo injustificado. Es una victoria pa’ la dignidad humana, ¡qué tuanis! Se demuestra que todavía hay autoridades que escuchan a la gente y defienden sus derechos. Hay que aplaudir esa actitud, porque muchas veces las cosas se van al traste por la burocracia y la falta de corazón.
Ahora, la gran incógnita es si el alcalde realmente va a cumplir con lo ordenado por la Sala. Vamos a ver si se pone manos a la obra y encuentra una solución digna para estas personas. No queremos que se lleven la sorpresa de que, a pesar de la orden judicial, terminan en la calle. Sería otra torta monumental para el municipio y para la imagen de Costa Rica. ¡Nosotros estamos pendientes, mi clave!
Este caso resalta la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas dirigidas a proteger a nuestros adultos mayores. Ellos son la base de nuestra sociedad, los que nos enseñaron valores y tradiciones. ¿Cómo podemos permitir que vivan en condiciones precarias o sean víctimas de injusticias? La solidaridad y el respeto hacia nuestros ancianos deben ser pilares fundamentales de nuestra nación.
Y ahora, díganme ustedes, compañeros del Foro: ¿Creen que el alcalde cumplirá con la orden de la Sala Constitucional o será otra promesa incumplida? ¿Qué otras medidas podrían tomarse para garantizar la seguridad y el bienestar de los adultos mayores en Costa Rica?
Todo empezó porque estos dos adultos mayores presentaron un recurso de amparo, alegando que estaban violando sus derechos. Dijeron, con justa razón, que llevan casi toda una vida laburando y viviendo ahí mismo, cuidando hasta el cementerio municipal, siendo panteoneros y todo. La historia cuenta que las hijas de los dueños originales de la finca le regalaron el terrenito a la Municipalidad allá por el ’72, pero ellos siguieron viviendo tranquilos, sin hacer escándalo.
Pero fíjate la cosa, la Municipalidad decidió que ya era hora de echar esos suelos y les dieron un ultimátum para irse antes del 31 de agosto pasado. ¡Imagínate la angustia de la gente! No tienen dónde ir, ni cómo pagarse un techo. Ya saben cómo es esto, los viejitos siempre son los que sufren más. El asunto es que no todos tenemos ahorritos para comprar nosotras mismas un buen rancho.
Pues la Sala IV, con toda la sensatez del mundo, le dijo a Jorge Fonseca Fonseca, el alcalde, que espere un poquito. Le puso un freno directo: “No te metas con estas personas, chaval, hasta que no les consigas un lugar decente para vivir”. Tres meses le dio, pa’ que se ponga las pilas y coordine con el Consejo de la Persona Adulto Mayor, el INAMUY y todas esas instancias que deberían estar ayudando a la gente vulnerable.
Lo bueno de esta decisión es que protege a estos adultos mayores de un desalojo injustificado. Es una victoria pa’ la dignidad humana, ¡qué tuanis! Se demuestra que todavía hay autoridades que escuchan a la gente y defienden sus derechos. Hay que aplaudir esa actitud, porque muchas veces las cosas se van al traste por la burocracia y la falta de corazón.
Ahora, la gran incógnita es si el alcalde realmente va a cumplir con lo ordenado por la Sala. Vamos a ver si se pone manos a la obra y encuentra una solución digna para estas personas. No queremos que se lleven la sorpresa de que, a pesar de la orden judicial, terminan en la calle. Sería otra torta monumental para el municipio y para la imagen de Costa Rica. ¡Nosotros estamos pendientes, mi clave!
Este caso resalta la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas dirigidas a proteger a nuestros adultos mayores. Ellos son la base de nuestra sociedad, los que nos enseñaron valores y tradiciones. ¿Cómo podemos permitir que vivan en condiciones precarias o sean víctimas de injusticias? La solidaridad y el respeto hacia nuestros ancianos deben ser pilares fundamentales de nuestra nación.
Y ahora, díganme ustedes, compañeros del Foro: ¿Creen que el alcalde cumplirá con la orden de la Sala Constitucional o será otra promesa incumplida? ¿Qué otras medidas podrían tomarse para garantizar la seguridad y el bienestar de los adultos mayores en Costa Rica?
