¡Ay, Dios mío! Resulta que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), esa institución que debería estar cuidando a los ninos y niñas, anda metido en un brete gordo. Perdió dos amparos por negarle información a la ANEP – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados – y ahora encima, la Sala Cuarta admite un tercer recurso. ¡Qué torta! Parece que el asunto de la transparencia les está saliendo caro, ¿eh?
Todo esto viene de atrás, mae. La ANEP ha insistido en que el PANI no les está dando acceso a información pública básica, cosas como oficios y documentos relacionados con la revisión de expedientes. Dicen ellos que solo querían ver las decisiones administrativas que llevaron a esas revisiones, ¡nada más! Pero el PANI, con aires de “yo soy el dueño de la verdad”, se la pasó invocando la confidencialidad sin presentar pruebas ni nada. ¡Un despiche!
La Sala Constitucional, harta de tanto rodeo, les dijo: “¡Ey, ey!”, y los mandó a entregar la información solicitada. Le dieron un plazo de diez días, ¡diez días para aclarar la maraña! Y ahí quedó, el PANI obligado a ceder un poquito. Imagínate, tener que obedecer a la ley… ¡qué carga!
Pero eso no fue todo. La ANEP siguió topándose con obstáculos. Solicitó la lista de asistencia a unas capacitaciones del personal en Pozoblanco, algo simple, aparentemente. Pero el PANI, en vez de simplemente pasarle la lista, la pasó de mano en mano entre departamentos, haciendo que la ANEP se moviera como loca para conseguir lo que les tocaba por derecho. Otra vez la Sala Constitucional intervino, declarándolos con razón y ordenándoles a los responsables a cumplir con la petición. ¡Que se agarren, porque esto todavía no termina!
Y ahora llega el tercer amparo, el que la Sala Cuarta acaba de admitir. Esta vez, la ANEP dice que el PANI se negó a entregar información sobre decisiones administrativas internas, cómo están organizando al personal y cómo están manejando los temas legales pendientes. ¡Una maraña de excusas! La Sala Cuarta, más dura que roca, ordenó al PANI rendir un informe bajo juramento en tan solo tres días hábiles. ¡Tres días para explicar qué está pasando ahí adentro!
Desde la ANEP, señalan que esto es una cuestión de principios, un asunto de respetar la ley y garantizar la transparencia. Afirman que el acceso a la información pública no es un lujo, sino un derecho fundamental, un pilar esencial para la confianza ciudadana. Tienen toda la razón, ¡el pueblo tiene derecho a saber cómo se manejan nuestros impuestos y cómo se toman las decisiones que afectan a nuestros hijos!
Andrés González Chacón, el vicepresidente ejecutivo del PANI, parece que anda sudando frío. Debería entender que no puede seguir jugando así con la información pública. Estamos hablando del futuro de los niños y niñas de Costa Rica, ¡esto no es ningún juego!
Con estos amparos, el PANI está en la cuerda floja. ¿Será posible que esta serie de demandas legales termine por desenmascarar problemas más profundos dentro de la institución? ¿O logrará salir airoso de esta crisis y demostrar que está comprometido con la transparencia y el buen gobierno? ¿Ustedes creen que el PANI va a cambiar su actitud o seguirá aferrado a la vieja costumbre de ocultar información al pueblo?
Todo esto viene de atrás, mae. La ANEP ha insistido en que el PANI no les está dando acceso a información pública básica, cosas como oficios y documentos relacionados con la revisión de expedientes. Dicen ellos que solo querían ver las decisiones administrativas que llevaron a esas revisiones, ¡nada más! Pero el PANI, con aires de “yo soy el dueño de la verdad”, se la pasó invocando la confidencialidad sin presentar pruebas ni nada. ¡Un despiche!
La Sala Constitucional, harta de tanto rodeo, les dijo: “¡Ey, ey!”, y los mandó a entregar la información solicitada. Le dieron un plazo de diez días, ¡diez días para aclarar la maraña! Y ahí quedó, el PANI obligado a ceder un poquito. Imagínate, tener que obedecer a la ley… ¡qué carga!
Pero eso no fue todo. La ANEP siguió topándose con obstáculos. Solicitó la lista de asistencia a unas capacitaciones del personal en Pozoblanco, algo simple, aparentemente. Pero el PANI, en vez de simplemente pasarle la lista, la pasó de mano en mano entre departamentos, haciendo que la ANEP se moviera como loca para conseguir lo que les tocaba por derecho. Otra vez la Sala Constitucional intervino, declarándolos con razón y ordenándoles a los responsables a cumplir con la petición. ¡Que se agarren, porque esto todavía no termina!
Y ahora llega el tercer amparo, el que la Sala Cuarta acaba de admitir. Esta vez, la ANEP dice que el PANI se negó a entregar información sobre decisiones administrativas internas, cómo están organizando al personal y cómo están manejando los temas legales pendientes. ¡Una maraña de excusas! La Sala Cuarta, más dura que roca, ordenó al PANI rendir un informe bajo juramento en tan solo tres días hábiles. ¡Tres días para explicar qué está pasando ahí adentro!
Desde la ANEP, señalan que esto es una cuestión de principios, un asunto de respetar la ley y garantizar la transparencia. Afirman que el acceso a la información pública no es un lujo, sino un derecho fundamental, un pilar esencial para la confianza ciudadana. Tienen toda la razón, ¡el pueblo tiene derecho a saber cómo se manejan nuestros impuestos y cómo se toman las decisiones que afectan a nuestros hijos!
Andrés González Chacón, el vicepresidente ejecutivo del PANI, parece que anda sudando frío. Debería entender que no puede seguir jugando así con la información pública. Estamos hablando del futuro de los niños y niñas de Costa Rica, ¡esto no es ningún juego!
Con estos amparos, el PANI está en la cuerda floja. ¿Será posible que esta serie de demandas legales termine por desenmascarar problemas más profundos dentro de la institución? ¿O logrará salir airoso de esta crisis y demostrar que está comprometido con la transparencia y el buen gobierno? ¿Ustedes creen que el PANI va a cambiar su actitud o seguirá aferrado a la vieja costumbre de ocultar información al pueblo?
