¡Ay, Dios mío! Parece que la pelea por las playas está lejos de terminar, mi gente. Ahora, el Frente Amplio trae una propuesta que ha levantado polvareda entre turistas, hoteleros, gobiernos locales... ¡y hasta el ICT! Se trata de una ley que busca asegurar que tengamos al menos tres puntos de acceso público a nuestras playas, poniendo fin a esos trillos escondidos que terminan en propiedades privadas. ¿Se imaginan poder llegar sin andar buscando permiso a algún guardaparques?
La onda es que, aunque la ley dice desde 1942 que las costas son públicas – cortesía de la Ley de Aguas –, la realidad pinta diferente. Con tantas construcciones y cercas de lujo alrededor de las playas, muchos nos vemos obligados a rodearlas como si estuviéramos buscando un tesoro pirata. Ariel Robles, el diputado del Frente Amplio que lidera esta movida, explica que la clave está en regular el tema de los accesos, porque sino, cualquier camino improvisado puede convertirse en entrada exclusiva para clientes de hoteles y resorts.
Lo que propone el proyecto de ley es bastante claro: estudiar cada playa con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y establecer al menos tres accesos, tanto para carros como para peones. ¡Y ojo!, no serán accesos cualquiera. Tendrán que cumplir con ciertos estándares de calidad y accesibilidad para todos, incluyendo a las personas con discapacidad. Imagínense poder ir a disfrutar de Playa Hermosa sin tener que sortear obstáculos ni rampas peligrosas... ¡sería una maravilla!
Robles, con su estilo directo, enfatizó que esta ley busca garantizar que todos los costarricenses tengamos derecho a disfrutar de las playas, sin importar nuestro estrato social. “No queremos que ir a la playa sea un privilegio para unos pocos,” recalcó. ¿Se acuerdan de la bronca en Esterillos hace algunos años? Pues, esta ley quiere evitar que eso vuelva a suceder, y asegurar que podamos pasar nuestros fines de semana relajándonos en la arena y refrescándonos en el mar. Un poquito de tranquilidad para el pueblo, ¿eh?
Pero, como todo en este país, hay quien le pone hielo a la parrilla. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que usualmente está a favor de cualquier cosa que traiga moras, se está mostrando reacio. Según William Rodríguez, el ministro de Turismo, la ley podría entrar en conflicto con las leyes que rigen las playas, especialmente aquellas consideradas patrimonio natural, como Manuel Antonio o Tortuguero. ¿Será que les preocupa perder control sobre el flujo turístico? Uno nunca sabe...
Y ahí entran los gobiernos locales, que son los que tendrían que hacer la magia y construir y mantener estos accesos. Algunos alcaldes, como Ana McCalla de Limón, ven la ley como una oportunidad para mejorar la planificación territorial y facilitar el acceso a las playas en la región Caribeña. Ella comenta que ya están trabajando en el plan regulador y pueden incorporar estos nuevos accesos de forma eficiente. ¡Vamos Limón, pa’ lante! Pero otros, como Andrés Zárate de la UNGL, advierten que podrían surgir problemas si las rutas de acceso existentes tienen anchos menores a los 14 metros que exige la ley, afectando a las comunidades locales.
Otros alcaldes, como Randall Chavarría de Puntarenas, muestran total apoyo a la medida, destacando la importancia de preservar el acceso público a las playas como un derecho fundamental. Él asegura que ya hicieron los aportes correspondientes y confía en que la ley será aprobada favorablemente. Parece que la opinión está dividida y habrá mucho debate en la Asamblea Legislativa. ¡Esto promete candela, mi gente!
En fin, esta ley plantea una discusión importante sobre el acceso equitativo a los recursos naturales de Costa Rica. ¿Será posible encontrar un equilibrio entre proteger el medio ambiente, promover el desarrollo turístico y garantizar que todos los costarricenses podamos disfrutar de nuestras hermosas playas? ¿Cree usted que el Estado debería ser responsable de construir y mantener estos accesos, o debería recaer la responsabilidad en los propietarios privados? Deje sus opiniones en los comentarios y veamos qué piensa el foro sobre este tema tan crucial.
La onda es que, aunque la ley dice desde 1942 que las costas son públicas – cortesía de la Ley de Aguas –, la realidad pinta diferente. Con tantas construcciones y cercas de lujo alrededor de las playas, muchos nos vemos obligados a rodearlas como si estuviéramos buscando un tesoro pirata. Ariel Robles, el diputado del Frente Amplio que lidera esta movida, explica que la clave está en regular el tema de los accesos, porque sino, cualquier camino improvisado puede convertirse en entrada exclusiva para clientes de hoteles y resorts.
Lo que propone el proyecto de ley es bastante claro: estudiar cada playa con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y establecer al menos tres accesos, tanto para carros como para peones. ¡Y ojo!, no serán accesos cualquiera. Tendrán que cumplir con ciertos estándares de calidad y accesibilidad para todos, incluyendo a las personas con discapacidad. Imagínense poder ir a disfrutar de Playa Hermosa sin tener que sortear obstáculos ni rampas peligrosas... ¡sería una maravilla!
Robles, con su estilo directo, enfatizó que esta ley busca garantizar que todos los costarricenses tengamos derecho a disfrutar de las playas, sin importar nuestro estrato social. “No queremos que ir a la playa sea un privilegio para unos pocos,” recalcó. ¿Se acuerdan de la bronca en Esterillos hace algunos años? Pues, esta ley quiere evitar que eso vuelva a suceder, y asegurar que podamos pasar nuestros fines de semana relajándonos en la arena y refrescándonos en el mar. Un poquito de tranquilidad para el pueblo, ¿eh?
Pero, como todo en este país, hay quien le pone hielo a la parrilla. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que usualmente está a favor de cualquier cosa que traiga moras, se está mostrando reacio. Según William Rodríguez, el ministro de Turismo, la ley podría entrar en conflicto con las leyes que rigen las playas, especialmente aquellas consideradas patrimonio natural, como Manuel Antonio o Tortuguero. ¿Será que les preocupa perder control sobre el flujo turístico? Uno nunca sabe...
Y ahí entran los gobiernos locales, que son los que tendrían que hacer la magia y construir y mantener estos accesos. Algunos alcaldes, como Ana McCalla de Limón, ven la ley como una oportunidad para mejorar la planificación territorial y facilitar el acceso a las playas en la región Caribeña. Ella comenta que ya están trabajando en el plan regulador y pueden incorporar estos nuevos accesos de forma eficiente. ¡Vamos Limón, pa’ lante! Pero otros, como Andrés Zárate de la UNGL, advierten que podrían surgir problemas si las rutas de acceso existentes tienen anchos menores a los 14 metros que exige la ley, afectando a las comunidades locales.
Otros alcaldes, como Randall Chavarría de Puntarenas, muestran total apoyo a la medida, destacando la importancia de preservar el acceso público a las playas como un derecho fundamental. Él asegura que ya hicieron los aportes correspondientes y confía en que la ley será aprobada favorablemente. Parece que la opinión está dividida y habrá mucho debate en la Asamblea Legislativa. ¡Esto promete candela, mi gente!
En fin, esta ley plantea una discusión importante sobre el acceso equitativo a los recursos naturales de Costa Rica. ¿Será posible encontrar un equilibrio entre proteger el medio ambiente, promover el desarrollo turístico y garantizar que todos los costarricenses podamos disfrutar de nuestras hermosas playas? ¿Cree usted que el Estado debería ser responsable de construir y mantener estos accesos, o debería recaer la responsabilidad en los propietarios privados? Deje sus opiniones en los comentarios y veamos qué piensa el foro sobre este tema tan crucial.
