¡Fiufé! Se armó un brete en el Poder Judicial. Resulta que los directores de los distintos órganos andan pidiendo a gritos unos ¢64 mil millones pa' contratar a más gente y enfrentar esa plaga de crimen organizado que anda jodiendo al país. Parece que la cosa está más fea de lo que pintan, y la justicia necesita refuerzos como churros.
Según contaron desde la Corte Suprema de Justicia, tienen un déficit enorme de recursos humanos que va acumulándose año tras año por culpa de esos presupuestos ajustadísimos. Dicen que no alcanzan ni pa' cubrir las plazas básicas en los juzgados penales, ni pa' atender a las víctimas de delitos sexuales, ni pa' cuidar a los reos, ni siquiera pa’ tener jueces decentes en las zonas indígenas y en la Sala Constitucional. ¡Un panicazo!
El presidente de la Corte, Don Orlando Aguirre, salió con la frasecita: “Tenemos, actualmente, un déficit de recursos humanos que no se ha otorgado el dinero, a través del tiempo, por las limitaciones presupuestarias. Los recursos no son suficientes para atender el aumento de la criminalidad.” Y no es que él esté inventando cosas, la realidad es clara como el agua: necesitamos más mano de obra en la justicia pa’ que las cosas rueden y los delincuentes paguen por sus fechorías.
Pero la vaina no termina ahí, porque además de pedir lana extra, también quieren reformar el Código Procesal Penal pa’ quitarle algunas espinas clavadas que usan los abogados pa' alargar los juicios hasta el infinito. Parece que algunos defensores se aprovechan de los tecnicismos para sacar tarjetas, y eso solo beneficia a los malos. ¡Qué torta!
Lo peor de todo es que, según dicen, el Ministerio de Hacienda anda haciendo zancadilla al tema. No están liberando los ¢9 mil millones que ya estaban asignados al Ministerio Público y al OIJ, y eso sí que es un problemón. Randall Zúñiga, jefe del OIJ, confesó que solo recibieron ¢3 millones de los casi ¢9 mil que esperaban. ¡Se van al traste los esfuerzos!
El Poder Judicial, con un presupuesto total de ¢532 mil millones, tiene otros proyectos en la mira: invertir en tecnología, construir una nueva morgue judicial en Buenos Aires (que parece que ya va por los derrames), y mejorar la seguridad en todos los edificios judiciales. Son cosas necesarias, pero a veces uno piensa: ¿pa' qué sirve tener la última tecnología si no hay gente suficiente para operar?”
Diputados como Sonia Rojas (PLN) y Paulina Ramírez (PLN) criticaron duramente al gobierno por no ver la importancia de fortalecer la justicia. Rojas dijo que “es inaceptable” que no se le dé la importancia debida al Poder Judicial, mientras que Ramírez se preguntó cómo priorizar los recursos cuando todo es urgente. Eli Feinzag (PLP) incluso sugirió suspender la membresía de lujo del CAF para financiar más funcionarios de seguridad. ¡Una idea a considerar, mae!
En fin, la situación es complicada. El Poder Judicial necesita urgentemente esos recursos pa' poder cumplir su función y proteger a la población. Ahora me pregunto: ¿Realmente el gobierno comprende la gravedad de la situación y priorizará la seguridad ciudadana por encima de otras consideraciones políticas? Voten en los comentarios, ¡quiero saber qué piensan ustedes!
Según contaron desde la Corte Suprema de Justicia, tienen un déficit enorme de recursos humanos que va acumulándose año tras año por culpa de esos presupuestos ajustadísimos. Dicen que no alcanzan ni pa' cubrir las plazas básicas en los juzgados penales, ni pa' atender a las víctimas de delitos sexuales, ni pa' cuidar a los reos, ni siquiera pa’ tener jueces decentes en las zonas indígenas y en la Sala Constitucional. ¡Un panicazo!
El presidente de la Corte, Don Orlando Aguirre, salió con la frasecita: “Tenemos, actualmente, un déficit de recursos humanos que no se ha otorgado el dinero, a través del tiempo, por las limitaciones presupuestarias. Los recursos no son suficientes para atender el aumento de la criminalidad.” Y no es que él esté inventando cosas, la realidad es clara como el agua: necesitamos más mano de obra en la justicia pa’ que las cosas rueden y los delincuentes paguen por sus fechorías.
Pero la vaina no termina ahí, porque además de pedir lana extra, también quieren reformar el Código Procesal Penal pa’ quitarle algunas espinas clavadas que usan los abogados pa' alargar los juicios hasta el infinito. Parece que algunos defensores se aprovechan de los tecnicismos para sacar tarjetas, y eso solo beneficia a los malos. ¡Qué torta!
Lo peor de todo es que, según dicen, el Ministerio de Hacienda anda haciendo zancadilla al tema. No están liberando los ¢9 mil millones que ya estaban asignados al Ministerio Público y al OIJ, y eso sí que es un problemón. Randall Zúñiga, jefe del OIJ, confesó que solo recibieron ¢3 millones de los casi ¢9 mil que esperaban. ¡Se van al traste los esfuerzos!
El Poder Judicial, con un presupuesto total de ¢532 mil millones, tiene otros proyectos en la mira: invertir en tecnología, construir una nueva morgue judicial en Buenos Aires (que parece que ya va por los derrames), y mejorar la seguridad en todos los edificios judiciales. Son cosas necesarias, pero a veces uno piensa: ¿pa' qué sirve tener la última tecnología si no hay gente suficiente para operar?”
Diputados como Sonia Rojas (PLN) y Paulina Ramírez (PLN) criticaron duramente al gobierno por no ver la importancia de fortalecer la justicia. Rojas dijo que “es inaceptable” que no se le dé la importancia debida al Poder Judicial, mientras que Ramírez se preguntó cómo priorizar los recursos cuando todo es urgente. Eli Feinzag (PLP) incluso sugirió suspender la membresía de lujo del CAF para financiar más funcionarios de seguridad. ¡Una idea a considerar, mae!
En fin, la situación es complicada. El Poder Judicial necesita urgentemente esos recursos pa' poder cumplir su función y proteger a la población. Ahora me pregunto: ¿Realmente el gobierno comprende la gravedad de la situación y priorizará la seguridad ciudadana por encima de otras consideraciones políticas? Voten en los comentarios, ¡quiero saber qué piensan ustedes!
