¡Ay, Dios mío! Se armó un ganzuado tremendo en el Banco de Costa Rica y sus alrededores. Esta mañana, los fiscales de Probidad no le dieron tregua y pusieron candado a oficinas del BCR, de la SAFI y hasta a la casa de un exlegislador. Parece que el tema de las compras turbias de propiedades ha llegado a su clímax, y vaya que ha sido un brete el seguirle la corriente a este caso.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió la puerta a una investigación profunda en relación con el caso BCR-SAFI, donde se presume que hubo juguetitos ilegales en la adquisición de nueve proyectos inmobiliarios. Según dicen, la onda es que la SAFI compró terrenos y edificios sin estar listos, sin los permisos necesarios, ¡ni siquiera con los planos aprobados por el Colegio de Ingenieros! Eso ya es echarle gasolina al fuego, mi pana.
El elefante en la habitación es el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), una adquisición que costó unos $70 millones originales. Esa vara, como dice la gente, es una herida abierta en las finanzas públicas. La Sugeval ya mandó al BCR a poner $42 millones extra para cubrir el hueco entre el precio pagado y el avalúo real, ¡y eso es solo la punta del iceberg! Al final, parece que el banco tendrá que asumir la recapitalización completa, lo que significa que nosotros, los contribuyentes, vamos a tener que pagar la pauta.
Y no solo eso, pues. La investigación apunta a que hay personas ligadas al exdiputado Humberto Vargas Corrales y a su hijo, quienes serían los responsables de vender estos proyectos con fallas evidentes. También están metidos en la olla miembros del comité de inversión de la SAFI, exjerarcas del BCR... ¡parece que varios han ido a parar al mismo agujero! Algunos, por cierto, ya andaban en el ojo del huracán por el famoso caso del ‘cementazo’.
Lo que más preocupa es que se sospecha de destrucción de evidencia digital. Dicen que inhabilitaron discos duros, ¡qué barbaridad! Imagínate la magnitud de lo que podrían estar tratando de esconder. Esto no es un chunche cualquiera, esto involucra nuestros ahorros, los fondos de pensiones… ¡ese es el dinero de todos los ticos, mae!
El Banco de Costa Rica, obviamente, no se quedó callado y salió a dar su versión. Dijeron que estaban colaborando con las autoridades y que tenían toda la información lista para entregarla. Eso suena bien, claro, pero uno siempre anda con la mosca detrás de la oreja. La vocera del BCR aseguró que las operaciones seguían funcionando normalmente, aunque admitió que también allanaron un edificio de tecnología en Aranjuez, donde encontraron más documentación.
Hasta ahora, nadie ha sido detenido, pero los implicados van a ser llamados a declarar. Los fiscales aseguran que la investigación va viento en popa y que tienen elementos de prueba importantes. Vaya si son importantes, considerando el daño económico que se estima en unos $92 millones. Este caso, amigos míos, no es una simple vara; es un sacudón para la confianza en nuestras instituciones financieras.
Ahora, cuéntame tú, ¿crees que los responsables de estas irregularidades deberían enfrentar consecuencias penales severas, o sería suficiente con medidas administrativas? ¿Será que este caso nos obligará a revisar cómo se gestionan los fondos de inversión en Costa Rica, o seguirá siendo un brete interminable?
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió la puerta a una investigación profunda en relación con el caso BCR-SAFI, donde se presume que hubo juguetitos ilegales en la adquisición de nueve proyectos inmobiliarios. Según dicen, la onda es que la SAFI compró terrenos y edificios sin estar listos, sin los permisos necesarios, ¡ni siquiera con los planos aprobados por el Colegio de Ingenieros! Eso ya es echarle gasolina al fuego, mi pana.
El elefante en la habitación es el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), una adquisición que costó unos $70 millones originales. Esa vara, como dice la gente, es una herida abierta en las finanzas públicas. La Sugeval ya mandó al BCR a poner $42 millones extra para cubrir el hueco entre el precio pagado y el avalúo real, ¡y eso es solo la punta del iceberg! Al final, parece que el banco tendrá que asumir la recapitalización completa, lo que significa que nosotros, los contribuyentes, vamos a tener que pagar la pauta.
Y no solo eso, pues. La investigación apunta a que hay personas ligadas al exdiputado Humberto Vargas Corrales y a su hijo, quienes serían los responsables de vender estos proyectos con fallas evidentes. También están metidos en la olla miembros del comité de inversión de la SAFI, exjerarcas del BCR... ¡parece que varios han ido a parar al mismo agujero! Algunos, por cierto, ya andaban en el ojo del huracán por el famoso caso del ‘cementazo’.
Lo que más preocupa es que se sospecha de destrucción de evidencia digital. Dicen que inhabilitaron discos duros, ¡qué barbaridad! Imagínate la magnitud de lo que podrían estar tratando de esconder. Esto no es un chunche cualquiera, esto involucra nuestros ahorros, los fondos de pensiones… ¡ese es el dinero de todos los ticos, mae!
El Banco de Costa Rica, obviamente, no se quedó callado y salió a dar su versión. Dijeron que estaban colaborando con las autoridades y que tenían toda la información lista para entregarla. Eso suena bien, claro, pero uno siempre anda con la mosca detrás de la oreja. La vocera del BCR aseguró que las operaciones seguían funcionando normalmente, aunque admitió que también allanaron un edificio de tecnología en Aranjuez, donde encontraron más documentación.
Hasta ahora, nadie ha sido detenido, pero los implicados van a ser llamados a declarar. Los fiscales aseguran que la investigación va viento en popa y que tienen elementos de prueba importantes. Vaya si son importantes, considerando el daño económico que se estima en unos $92 millones. Este caso, amigos míos, no es una simple vara; es un sacudón para la confianza en nuestras instituciones financieras.
Ahora, cuéntame tú, ¿crees que los responsables de estas irregularidades deberían enfrentar consecuencias penales severas, o sería suficiente con medidas administrativas? ¿Será que este caso nos obligará a revisar cómo se gestionan los fondos de inversión en Costa Rica, o seguirá siendo un brete interminable?
