¡Ay, Dios mío, qué vaina! Resulta que ahora los diputados andan tramitando una movida para cambiar cómo se elige a los directores del Banco Popular. Parece que quieren sacarle el dedo al Gobierno en estas designaciones, ¿se imaginan eso?
La onda es que, según parece, desde hace rato el Poder Ejecutivo ha estado usando este tema de las ratificaciones para meter baza y nombrar gente que les caiga bien, a pesar de que la Asamblea de Trabajadores ya haya elegido a otros. La Procuraduría General de la República, en su sabiduría, lo dice clarito en un documento: han habido situaciones donde se ha controlado la institución de forma “indebida, ilegítima y anómala”. ¡Qué sal!
El proyecto, número 24.627, busca eliminar la necesidad de que el Gobierno le dé el visto bueno a esos cuatro directores y a los dos suplentes que escoge la Asamblea de Trabajadores. Lo que básicamente quiere decir es darle más poder a los empleados del banco para decidir quién los representa en la Junta Directiva.
Y ojo, porque no es que esto sea nuevo. Según explican en el proyecto, hubo un momento en 2023 en el que el Banco Popular se quedó sin Junta Directiva porque el Gobierno no ratificó a los nombres que propuso la Asamblea. Imagínate la bronca, ahí el banco quedó a la deriva durante meses, ¡pura torta! Esto supuestamente le dio al Ejecutivo la oportunidad de extender su influencia y control sobre la Junta por casi dos años. Eso sí que da qué pensar.
Pero calma, que no todo es tan complicado. La ley orgánica del Banco Popular establece que la Junta Directiva se compone de tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo y cuatro designados por la Asamblea de Trabajadores – estos últimos, hasta ahora, necesitan la aprobación del Gobierno. Con esta reforma, se elimina esa necesidad de ratificación para los representantes de los trabajadores.
Ahora, la parte interesante viene de la mano de la Procuraduría, que argumenta que el Banco Popular no es una institución estatal, sino una entidad pública no estatal. Por eso, dicen, el Gobierno no debería estar metiendo sus narices en la gestión del banco. Citan la ley 4351, que asegura que el Banco Popular debe actuar con absoluta independencia y que nadie puede imponerle decisiones sobre la administración del ahorro de los trabajadores. ¡A todo dar!
Además, señalan que incluso la SUGEF y el CONASSIF pueden evaluar la idoneidad de los directores, haciendo aún más innecesaria la intervención del Ejecutivo. Parece que quieren que los trabajadores tengan más voz y voto en la toma de decisiones del banco, fortalecer así una participación autónoma. Es una vara interesante, la verdad. Y, si nos ponemos a pensar, quizás sea hora de darle un respiro al Banco Popular y dejar que funcione como debería: con criterio técnico y pensando en el bienestar de los trabajadores.
Entonces, ¿será este cambio realmente positivo para el Banco Popular y sus usuarios? ¿Crees que darle más poder a los trabajadores contribuirá a una mejor gestión de la institución, o hay riesgo de que se vaya todo al garete sin la supervisión del Gobierno? ¡Déjanos tus comentarios y opiniones en el foro!
La onda es que, según parece, desde hace rato el Poder Ejecutivo ha estado usando este tema de las ratificaciones para meter baza y nombrar gente que les caiga bien, a pesar de que la Asamblea de Trabajadores ya haya elegido a otros. La Procuraduría General de la República, en su sabiduría, lo dice clarito en un documento: han habido situaciones donde se ha controlado la institución de forma “indebida, ilegítima y anómala”. ¡Qué sal!
El proyecto, número 24.627, busca eliminar la necesidad de que el Gobierno le dé el visto bueno a esos cuatro directores y a los dos suplentes que escoge la Asamblea de Trabajadores. Lo que básicamente quiere decir es darle más poder a los empleados del banco para decidir quién los representa en la Junta Directiva.
Y ojo, porque no es que esto sea nuevo. Según explican en el proyecto, hubo un momento en 2023 en el que el Banco Popular se quedó sin Junta Directiva porque el Gobierno no ratificó a los nombres que propuso la Asamblea. Imagínate la bronca, ahí el banco quedó a la deriva durante meses, ¡pura torta! Esto supuestamente le dio al Ejecutivo la oportunidad de extender su influencia y control sobre la Junta por casi dos años. Eso sí que da qué pensar.
Pero calma, que no todo es tan complicado. La ley orgánica del Banco Popular establece que la Junta Directiva se compone de tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo y cuatro designados por la Asamblea de Trabajadores – estos últimos, hasta ahora, necesitan la aprobación del Gobierno. Con esta reforma, se elimina esa necesidad de ratificación para los representantes de los trabajadores.
Ahora, la parte interesante viene de la mano de la Procuraduría, que argumenta que el Banco Popular no es una institución estatal, sino una entidad pública no estatal. Por eso, dicen, el Gobierno no debería estar metiendo sus narices en la gestión del banco. Citan la ley 4351, que asegura que el Banco Popular debe actuar con absoluta independencia y que nadie puede imponerle decisiones sobre la administración del ahorro de los trabajadores. ¡A todo dar!
Además, señalan que incluso la SUGEF y el CONASSIF pueden evaluar la idoneidad de los directores, haciendo aún más innecesaria la intervención del Ejecutivo. Parece que quieren que los trabajadores tengan más voz y voto en la toma de decisiones del banco, fortalecer así una participación autónoma. Es una vara interesante, la verdad. Y, si nos ponemos a pensar, quizás sea hora de darle un respiro al Banco Popular y dejar que funcione como debería: con criterio técnico y pensando en el bienestar de los trabajadores.
Entonces, ¿será este cambio realmente positivo para el Banco Popular y sus usuarios? ¿Crees que darle más poder a los trabajadores contribuirá a una mejor gestión de la institución, o hay riesgo de que se vaya todo al garete sin la supervisión del Gobierno? ¡Déjanos tus comentarios y opiniones en el foro!