¡Ay, Dios mío, qué bronca! El Caso BCR-SAFI sigue dando tela, y ahora la Fiscalía metió el dedo donde más dolía: en movimientos sospechosos con sociedades panameñas justo después de la venta multimillonaria del Parque Empresarial del Pacífico. Parece que la cosa se puso más turbia de lo que imaginábamos, y los implicados van a tener que sudar la gota gorda para salir airosos de este brete.
Como bien saben, la venta del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por unos jugosos $70 millones a BCR-SAFI levantó muchas cejas desde el principio. Un precio que, según avalúos posteriores, estaba más que inflado – hablamos de una diferencia de casi $54 millones, ¡una verdadera torta! Ahora, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) está investigando si detrás de esta transacción había un plan maquiavélico para enriquecerse a costa del patrimonio estatal.
Y ahí es donde entran las sociedades fantasma en Panamá. Según el expediente judicial, apenas unas semanas después de la venta del PEP, se registraron en Panamá dos empresas: Grupo Empresarial CBS Holding S.A. y Grupo Empresarial CBS de Latinoamericana. ¡Qué diay! Lo curioso es que entre sus directores aparecen figuras clave de la época en BCR-SAFI, como Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Álvaro Camacho de la O, quienes además formaban parte del Comité de Inversión. ¡Imagínate el choque de intereses!
Además, la trama se complica aún más con la participación de Marlon Sequeira Gamboa, otro exgerente de BCR-SAFI. Estos tres personajes, señalan las autoridades, estarían involucrados en la creación de estas sociedades offshore, lo que levanta serias sospechas de lavado de dinero y evasión de impuestos. ¡Parece que alguien se estaba haciendo macanas, pura vida! Pero vaya que ahora les tocará pagarle al Estado.
Pero eso no es todo. La Fiscalía también descubrió que, tras la adquisición del PEP, estos mismos individuos procedieron a destruir los discos duros de las computadoras que usaban en el BCR. ¡Un gesto bastante sospechoso, chunche! Eso sí que huele a chamusquina y demuestra que estaban tratando de borrar huellas de algún desliz.
El fiscal a cargo del caso, Carlos Benítez Guillén, ha declarado que la investigación ha sido sumamente compleja y que requirió de un análisis exhaustivo de abundante documentación. Gracias a la colaboración de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que también abrió una investigación paralela, pudieron construir una línea del tiempo que revela una red de negocios entre las sociedades del exdiputado Humberto Vargas Corrales y el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado de BCR-SAFI. Todo pinta a que se manejó poca transparencia en todo el proceso.
Con 14 personas imputadas, incluyendo al exdiputado Vargas Corrales, su hijo, exgerentes de BCR-SAFI y varios arquitectos, este caso promete dar mucho de qué hablar en los próximos meses. La Fiscalía asegura que existen pruebas sólidas de que se produjo un grave impacto en la Hacienda Pública y en el interés público, lo que podría significar consecuencias penales para los responsables. ¡Qué pena que tengamos que aguantar tanta corrupción!
Ahora, dígame usted, ¿cree que las autoridades deberían llevar este caso hasta las últimas consecuencias para recuperar el dinero perdido y enviar un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada en Costa Rica? ¿O piensa que este es solo otro escándalo político que se irá diluyendo con el tiempo?
Como bien saben, la venta del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por unos jugosos $70 millones a BCR-SAFI levantó muchas cejas desde el principio. Un precio que, según avalúos posteriores, estaba más que inflado – hablamos de una diferencia de casi $54 millones, ¡una verdadera torta! Ahora, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) está investigando si detrás de esta transacción había un plan maquiavélico para enriquecerse a costa del patrimonio estatal.
Y ahí es donde entran las sociedades fantasma en Panamá. Según el expediente judicial, apenas unas semanas después de la venta del PEP, se registraron en Panamá dos empresas: Grupo Empresarial CBS Holding S.A. y Grupo Empresarial CBS de Latinoamericana. ¡Qué diay! Lo curioso es que entre sus directores aparecen figuras clave de la época en BCR-SAFI, como Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Álvaro Camacho de la O, quienes además formaban parte del Comité de Inversión. ¡Imagínate el choque de intereses!
Además, la trama se complica aún más con la participación de Marlon Sequeira Gamboa, otro exgerente de BCR-SAFI. Estos tres personajes, señalan las autoridades, estarían involucrados en la creación de estas sociedades offshore, lo que levanta serias sospechas de lavado de dinero y evasión de impuestos. ¡Parece que alguien se estaba haciendo macanas, pura vida! Pero vaya que ahora les tocará pagarle al Estado.
Pero eso no es todo. La Fiscalía también descubrió que, tras la adquisición del PEP, estos mismos individuos procedieron a destruir los discos duros de las computadoras que usaban en el BCR. ¡Un gesto bastante sospechoso, chunche! Eso sí que huele a chamusquina y demuestra que estaban tratando de borrar huellas de algún desliz.
El fiscal a cargo del caso, Carlos Benítez Guillén, ha declarado que la investigación ha sido sumamente compleja y que requirió de un análisis exhaustivo de abundante documentación. Gracias a la colaboración de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que también abrió una investigación paralela, pudieron construir una línea del tiempo que revela una red de negocios entre las sociedades del exdiputado Humberto Vargas Corrales y el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado de BCR-SAFI. Todo pinta a que se manejó poca transparencia en todo el proceso.
Con 14 personas imputadas, incluyendo al exdiputado Vargas Corrales, su hijo, exgerentes de BCR-SAFI y varios arquitectos, este caso promete dar mucho de qué hablar en los próximos meses. La Fiscalía asegura que existen pruebas sólidas de que se produjo un grave impacto en la Hacienda Pública y en el interés público, lo que podría significar consecuencias penales para los responsables. ¡Qué pena que tengamos que aguantar tanta corrupción!
Ahora, dígame usted, ¿cree que las autoridades deberían llevar este caso hasta las últimas consecuencias para recuperar el dinero perdido y enviar un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada en Costa Rica? ¿O piensa que este es solo otro escándalo político que se irá diluyendo con el tiempo?
