A ver, maes, siéntense que esta vara está para alquilar balcón. ¡Qué despiche se armó con el BCR SAFI! Cuando uno pensaba que ya había un camino para solucionar el enredo de los $70 millones, viene el Tribunal Contencioso Administrativo y nos jala la alfombra a todos. Para ponerlo en buen tico: le metieron un freno de mano a la orden de la Sugeval que obligaba al Banco de Costa Rica a devolverle esa millonada al fondo de inversión que ellos mismos administran. O sea, el enredo, la incertidumbre y el dolor de cabeza para 1,500 ahorrantes siguen y, por lo visto, para rato.
Hagamos memoria para entender la magnitud de este asunto. Resulta que la gente de BCR SAFI se jaló una torta monumental allá por el 2020. Compraron un chunche llamado Parque Empresarial del Pacífico, pero con el “pequeño” detalle de que el parque ni siquiera estaba construido del todo. Un negocio que olía raro desde el principio. La Sugeval, que es como el árbitro en esta mejenga financiera, vio la jugada, pitó falta y les dijo: “Señores del BCR, hagan el favor y devuelven esa plata al fondo”. El Conassif les dio la razón. Parecía que, por una vez, el sistema funcionaba y se iba a proteger al inversionista. Pero no, el BCR, en lugar de acatar, se fue a llorar al Contencioso y, de momento, les está funcionando.
Y diay, ¿quiénes pagan los platos rotos? Como siempre, el cristiano de a pie. En este caso, son 1,500 inversionistas que ahora mismo están más salados que el agua de Puntarenas. La mayoría, según cuentan, son adultos mayores. Gente que metió ahí la platica que guardaron con tanto esfuerzo durante todo su brete, confiando en el sello de un banco ESTATAL. Imagináte la escena: tu tata o tu abuelita, que confió en el BCR porque “es el banco de todos los ticos”, y ahora se topan con que no pueden tocar su propia plata y que el futuro de su inversión es una nebulosa. Es una crueldad que te deja sin palabras.
Y para ponerle la cereza al pastel, la actitud del BCR es, por decirlo elegantemente, cuestionable. En lugar de asumir la responsabilidad y buscar una solución que proteja a sus clientes, se atrincheran legalmente para no cumplir la orden del regulador. Los mismos ahorrantes lo dicen en su comunicado: la terquedad del banco no solo les hace daño a ellos, sino que al final le va a salir más caro al propio BCR cuando los condenen (porque todo apunta a eso) y tengan que pagar sumas mayores con intereses y costas. Están mandando una señal terrible a todo el mercado: que la palabra de un regulador se puede ignorar y que la confianza del público es un chereque de segunda mano.
Al final del día, este despiche trasciende los tecnicismos legales. Se trata de personas, de familias que dependen de esos recursos. Los inversionistas piden que se vea la “dimensión humana”, y tienen toda la razón. Ver a un gigante estatal como el BCR peleando en tribunales para no devolver una plata que el mismo regulador le ordenó reintegrar, mientras 1,500 de sus clientes viven una angustia diaria, es simplemente descorazonador. Uno se pregunta si de verdad entienden el daño que le están haciendo no solo a esas personas, sino a la ya golpeada confianza en el sistema financiero nacional.
Ahora les paso la bola a ustedes, maes. Más allá del pleito legal, ¿no les parece que un banco ESTATAL tiene una responsabilidad moral que va más allá de un tecnicismo judicial? ¿O es que la confianza del público ya no vale nada en este país?
Hagamos memoria para entender la magnitud de este asunto. Resulta que la gente de BCR SAFI se jaló una torta monumental allá por el 2020. Compraron un chunche llamado Parque Empresarial del Pacífico, pero con el “pequeño” detalle de que el parque ni siquiera estaba construido del todo. Un negocio que olía raro desde el principio. La Sugeval, que es como el árbitro en esta mejenga financiera, vio la jugada, pitó falta y les dijo: “Señores del BCR, hagan el favor y devuelven esa plata al fondo”. El Conassif les dio la razón. Parecía que, por una vez, el sistema funcionaba y se iba a proteger al inversionista. Pero no, el BCR, en lugar de acatar, se fue a llorar al Contencioso y, de momento, les está funcionando.
Y diay, ¿quiénes pagan los platos rotos? Como siempre, el cristiano de a pie. En este caso, son 1,500 inversionistas que ahora mismo están más salados que el agua de Puntarenas. La mayoría, según cuentan, son adultos mayores. Gente que metió ahí la platica que guardaron con tanto esfuerzo durante todo su brete, confiando en el sello de un banco ESTATAL. Imagináte la escena: tu tata o tu abuelita, que confió en el BCR porque “es el banco de todos los ticos”, y ahora se topan con que no pueden tocar su propia plata y que el futuro de su inversión es una nebulosa. Es una crueldad que te deja sin palabras.
Y para ponerle la cereza al pastel, la actitud del BCR es, por decirlo elegantemente, cuestionable. En lugar de asumir la responsabilidad y buscar una solución que proteja a sus clientes, se atrincheran legalmente para no cumplir la orden del regulador. Los mismos ahorrantes lo dicen en su comunicado: la terquedad del banco no solo les hace daño a ellos, sino que al final le va a salir más caro al propio BCR cuando los condenen (porque todo apunta a eso) y tengan que pagar sumas mayores con intereses y costas. Están mandando una señal terrible a todo el mercado: que la palabra de un regulador se puede ignorar y que la confianza del público es un chereque de segunda mano.
Al final del día, este despiche trasciende los tecnicismos legales. Se trata de personas, de familias que dependen de esos recursos. Los inversionistas piden que se vea la “dimensión humana”, y tienen toda la razón. Ver a un gigante estatal como el BCR peleando en tribunales para no devolver una plata que el mismo regulador le ordenó reintegrar, mientras 1,500 de sus clientes viven una angustia diaria, es simplemente descorazonador. Uno se pregunta si de verdad entienden el daño que le están haciendo no solo a esas personas, sino a la ya golpeada confianza en el sistema financiero nacional.
Ahora les paso la bola a ustedes, maes. Más allá del pleito legal, ¿no les parece que un banco ESTATAL tiene una responsabilidad moral que va más allá de un tecnicismo judicial? ¿O es que la confianza del público ya no vale nada en este país?
