¡Ay, Dios mío! Aquí tenemos otro broncazo político que nos va a sacar canas verdes. Parece que el oficialismo, con Ada Acuña a la cabeza, quiere meterle mano a la Contraloría General de la República (CGR), imponiendo plazos estrictos para que resuelva recursos y apruebe contratos. ¡Qué despiche! Esto huele raro, ¿no?
La idea, según explican, es agilizar los trámites y darle más “seguridad jurídica” a las instituciones y empresas públicas. Claro, porque aparentemente la Contraloría es más lenta que perezoso en Semana Santa. Pero, vamos a ver, ¿realmente este es el problema, o hay intereses turbios detrás de todo esto?
El proyecto de ley propone límites de 30 días hábiles para la aprobación de contratos y de 15 días para empresas públicas que estén compitiendo en el mercado. Además, quieren que la CGR siga los plazos establecidos en otras leyes, como la de Administración Pública y el Código Procesal Contencioso-Administrativo. Suena bien en teoría, pero cuando le metes lupa, huele a chamaco.
Lo que realmente preocupa es que, según argumentan los proponentes, algunos recursos pueden tardar hasta nueve meses en resolverse. Citan el caso del Sinart (Servicio Nacional de Abastecimiento y Adquisiciones para la Defensa) como ejemplo. Desde noviembre de 2023, tienen recursos pendientes que, según la Contraloría, no se resolverán sino hasta septiembre de 2024. ¡Diez meses! Eso sí que es un brete pa’ cualquier empresa que necesita moverse rápido.
Ada Acuña, la diputada que impulsa esta iniciativa, dice que si la Contraloría no se pronuncia dentro de los plazos estipulados, se activará el silencio positivo. Y si se pasan de la raya seguido, ¡prepárense los funcionarios de la CGR! Porque les caería responsabilidad disciplinaria. Una forma clara de poner presión al órgano fiscalizador y forzarlo a trabajar a marchas forzadas, aunque eso signifique sacrificar la calidad de sus revisiones. ¿Estamos entendiendo esto bien?
Muchos expertos cuestionan esta medida, argumentando que podría comprometer la independencia de la Contraloría y abrir la puerta a posibles irregularidades. Si le ponen plazos muy cortos, ¿cómo esperan que hagan una revisión exhaustiva y detecten todos los problemas? Al final, podríamos estar cambiando una lentitud burocrática por una corrupción desenfrenada. ¡Qué torta sería!
Claro, también hay quienes defienden la propuesta, diciendo que la Contraloría se ha vuelto demasiado rígida e ineficiente, obstaculizando el desarrollo económico del país. Dicen que la necesidad de agilidad en los procesos supera el riesgo de algunas concesiones. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar la transparencia y el control ciudadano por unos pocos días de ahorro en papeleos?
Esta movida del oficialismo abre un debate importante sobre el rol de la Contraloría en nuestro país. ¿Necesitamos reformarla para hacerla más eficiente, o simplemente estamos frente a un intento de controlar al órgano fiscalizador y facilitar negocios turbios? Me comentaron hace poco que varios colegas analistas dicen que esto es pura campaña política... ¡Ay, qué carga! ¿Ustedes creen que esto es una medida necesaria para mejorar la gestión pública, o un ataque encubierto a la autonomía de la Contraloría? Déjenme leer sus opiniones en el foro; estoy curiosísimo por saber qué piensa la gente al respecto.
La idea, según explican, es agilizar los trámites y darle más “seguridad jurídica” a las instituciones y empresas públicas. Claro, porque aparentemente la Contraloría es más lenta que perezoso en Semana Santa. Pero, vamos a ver, ¿realmente este es el problema, o hay intereses turbios detrás de todo esto?
El proyecto de ley propone límites de 30 días hábiles para la aprobación de contratos y de 15 días para empresas públicas que estén compitiendo en el mercado. Además, quieren que la CGR siga los plazos establecidos en otras leyes, como la de Administración Pública y el Código Procesal Contencioso-Administrativo. Suena bien en teoría, pero cuando le metes lupa, huele a chamaco.
Lo que realmente preocupa es que, según argumentan los proponentes, algunos recursos pueden tardar hasta nueve meses en resolverse. Citan el caso del Sinart (Servicio Nacional de Abastecimiento y Adquisiciones para la Defensa) como ejemplo. Desde noviembre de 2023, tienen recursos pendientes que, según la Contraloría, no se resolverán sino hasta septiembre de 2024. ¡Diez meses! Eso sí que es un brete pa’ cualquier empresa que necesita moverse rápido.
Ada Acuña, la diputada que impulsa esta iniciativa, dice que si la Contraloría no se pronuncia dentro de los plazos estipulados, se activará el silencio positivo. Y si se pasan de la raya seguido, ¡prepárense los funcionarios de la CGR! Porque les caería responsabilidad disciplinaria. Una forma clara de poner presión al órgano fiscalizador y forzarlo a trabajar a marchas forzadas, aunque eso signifique sacrificar la calidad de sus revisiones. ¿Estamos entendiendo esto bien?
Muchos expertos cuestionan esta medida, argumentando que podría comprometer la independencia de la Contraloría y abrir la puerta a posibles irregularidades. Si le ponen plazos muy cortos, ¿cómo esperan que hagan una revisión exhaustiva y detecten todos los problemas? Al final, podríamos estar cambiando una lentitud burocrática por una corrupción desenfrenada. ¡Qué torta sería!
Claro, también hay quienes defienden la propuesta, diciendo que la Contraloría se ha vuelto demasiado rígida e ineficiente, obstaculizando el desarrollo económico del país. Dicen que la necesidad de agilidad en los procesos supera el riesgo de algunas concesiones. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar la transparencia y el control ciudadano por unos pocos días de ahorro en papeleos?
Esta movida del oficialismo abre un debate importante sobre el rol de la Contraloría en nuestro país. ¿Necesitamos reformarla para hacerla más eficiente, o simplemente estamos frente a un intento de controlar al órgano fiscalizador y facilitar negocios turbios? Me comentaron hace poco que varios colegas analistas dicen que esto es pura campaña política... ¡Ay, qué carga! ¿Ustedes creen que esto es una medida necesaria para mejorar la gestión pública, o un ataque encubierto a la autonomía de la Contraloría? Déjenme leer sus opiniones en el foro; estoy curiosísimo por saber qué piensa la gente al respecto.
