¡Aguante! La Asamblea Legislativa prendió la mecha con un nuevo proyecto de ley que quiere ponerle candado a las protestas. Parece que los diputados, después de tanto “qué sal” con las últimas marchas, decidieron que ya basta de chinchorros, grafitis y bloqueos a diestra y siniestra. La Comisión de Asuntos Jurídicos le dio luz verde a la propuesta, y ahora va rumbo al plenario para que se decidan si quieren meterle más mordaza a la gente.
Según dicen, la idea es reformar el Código Penal para castigar más duro a esos ‘maes’ que se esconden detrás de máscaras o cualquier otro pretexto para causar daño durante las manifestaciones. Ahora, si te pasas de listo y tapas la cara mientras pintas un mural vandálico en el Banco Central, prepárate porque vas a tener que rascarle más hondo al bolsillo, o pasar unos días en el calabozo. El proyecto, impulsado por la bancada de Nueva República, busca aumentar las penas para quienes obstaculicen el tránsito e incluso para aquellos que incurran en actos de vandalismo.
El argumento oficial, cortesía del diputado José Pablo Sibaja, es que esto no busca coartar la libertad de expresión ni el derecho a reunirse, ¡ni modo! Sino asegurar que las protestas se hagan “de forma pacífica”. Pero claro, ahí es donde empieza la bronca. Muchos ven esto como un intento burdo de silenciar a la población, especialmente a aquellos que salen a las calles a reclamar por cosas que consideran importantes, como el medio ambiente o la educación.
Para entenderlo mejor, el proyecto plantea aumentar un tercio la pena para quien tape su rostro y estorbe el paso. De diez a treinta días, ¡imagínate! Y si encima te atreviste a graffitear la fachada de la Universidad de Costa Rica, la multa podría subir considerablemente. Además, si ya te agarraron antes haciendo travesuras similares, la cárcel será tu destino casi seguro. Dicen que de treinta a ciento veinte días te van a hacer purgar el pecado.
Pero ojo, que no todo el mundo está contento con esta iniciativa. Las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos han levantado la voz, argumentando que esta ley es una chapuza que pone en riesgo las libertades ciudadanas. Señalan que criminalizar la protesta social es un retroceso democrático y que abre la puerta a abusos por parte de las autoridades. Además, cuestionan cómo se definirá exactamente qué constituye un acto de vandalismo, para evitar que se criminalice cualquier tipo de expresión artística o crítica.
Y vaya que ha encendido los ánimos en redes sociales. Desde que se filtró la información, los foros se han vuelto un hervidero de opiniones encontradas. Hay quienes aplauden la medida, diciendo que ya era hora de ponerle freno a los violentos que arruinan las marchas. Otros, en cambio, la critican duramente, calificándola de autoritaria y represiva. La polarización es tanta que hasta los familiares de los manifestantes se están peleando entre ellos.
Esto, mis queridos lectores, pinta para ser un debate largo y caliente. El proyecto aún tiene que pasar por el filtro del plenario legislativo, donde seguramente habrá enmiendas y modificaciones. Pero una cosa parece clara: esta ley no dejará indiferente a nadie. Ya veremos si los diputados ceden ante la presión popular o si optan por endurecer aún más las medidas contra las protestas. En fin, ¡que se prepare la pupusa!
Con tanto revuelo alrededor de esta ley, ¿creen que realmente logrará reducir la violencia en las manifestaciones o simplemente terminará generando más resentimiento y radicalización? Déjenme sus opiniones en los comentarios, ¡quiero saber qué piensan ustedes sobre este brete!
Según dicen, la idea es reformar el Código Penal para castigar más duro a esos ‘maes’ que se esconden detrás de máscaras o cualquier otro pretexto para causar daño durante las manifestaciones. Ahora, si te pasas de listo y tapas la cara mientras pintas un mural vandálico en el Banco Central, prepárate porque vas a tener que rascarle más hondo al bolsillo, o pasar unos días en el calabozo. El proyecto, impulsado por la bancada de Nueva República, busca aumentar las penas para quienes obstaculicen el tránsito e incluso para aquellos que incurran en actos de vandalismo.
El argumento oficial, cortesía del diputado José Pablo Sibaja, es que esto no busca coartar la libertad de expresión ni el derecho a reunirse, ¡ni modo! Sino asegurar que las protestas se hagan “de forma pacífica”. Pero claro, ahí es donde empieza la bronca. Muchos ven esto como un intento burdo de silenciar a la población, especialmente a aquellos que salen a las calles a reclamar por cosas que consideran importantes, como el medio ambiente o la educación.
Para entenderlo mejor, el proyecto plantea aumentar un tercio la pena para quien tape su rostro y estorbe el paso. De diez a treinta días, ¡imagínate! Y si encima te atreviste a graffitear la fachada de la Universidad de Costa Rica, la multa podría subir considerablemente. Además, si ya te agarraron antes haciendo travesuras similares, la cárcel será tu destino casi seguro. Dicen que de treinta a ciento veinte días te van a hacer purgar el pecado.
Pero ojo, que no todo el mundo está contento con esta iniciativa. Las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos han levantado la voz, argumentando que esta ley es una chapuza que pone en riesgo las libertades ciudadanas. Señalan que criminalizar la protesta social es un retroceso democrático y que abre la puerta a abusos por parte de las autoridades. Además, cuestionan cómo se definirá exactamente qué constituye un acto de vandalismo, para evitar que se criminalice cualquier tipo de expresión artística o crítica.
Y vaya que ha encendido los ánimos en redes sociales. Desde que se filtró la información, los foros se han vuelto un hervidero de opiniones encontradas. Hay quienes aplauden la medida, diciendo que ya era hora de ponerle freno a los violentos que arruinan las marchas. Otros, en cambio, la critican duramente, calificándola de autoritaria y represiva. La polarización es tanta que hasta los familiares de los manifestantes se están peleando entre ellos.
Esto, mis queridos lectores, pinta para ser un debate largo y caliente. El proyecto aún tiene que pasar por el filtro del plenario legislativo, donde seguramente habrá enmiendas y modificaciones. Pero una cosa parece clara: esta ley no dejará indiferente a nadie. Ya veremos si los diputados ceden ante la presión popular o si optan por endurecer aún más las medidas contra las protestas. En fin, ¡que se prepare la pupusa!
Con tanto revuelo alrededor de esta ley, ¿creen que realmente logrará reducir la violencia en las manifestaciones o simplemente terminará generando más resentimiento y radicalización? Déjenme sus opiniones en los comentarios, ¡quiero saber qué piensan ustedes sobre este brete!
