¡Ay, Dios mío, qué vara! Aquí en Costa Rica, siempre nos inventamos formas nuevas de complicarle la vida a la gente que más lo necesita. Esta vez, la bronca es entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) – dos entes que deberían estar trabajando juntos para ayudar a los más vulnerables, pero que ahora están tirándose balones y dejando a mucha gente colgada.
Parece que el problemón viene de quién es responsable de actualizar la información socioeconómica de las personas que necesitan servicios de salud. Imagínate la situación: vas a la Caja buscando una pensión del Régimen No Contributivo o quieres que te aseguren por cuenta del Estado, y te dicen que tienes que ir al IMAS. Y luego, al IMAS, te mandan de vuelta a la Caja. ¡Un círculo vicioso que está dejando a muchísima gente sin atención médica!
Lo peor de todo es que esta maraña burocrática está afectando a personas que realmente lo necesitan. Pacientes hospitalizados esperando medicamentos, gente necesitada de citas médicas… todos atascados porque la CCSS y el IMAS no se ponen de acuerdo sobre quién tiene que hacer qué. ¡Qué despache tan grande! Una señora me contaba ayer cómo lleva meses dando vueltas, sin poder conseguir ni siquiera una cita con el médico, porque nadie sabe bien qué papeleo tiene que rellenar.
Según el IMAS, la CCSS anda remitiendo a sus oficinas a la gente que debería ser atendida por ellos. Dicen que la Caja quiere que todos actualicen el Registro de Información Social (RIS) a través del SINIRUBE, aunque tienen acceso directo a la plataforma. El IMAS argumenta que esto es ilegal y que les están imponiendo una carga extra que no les corresponde por ley. ¡Esto ya parece novela!
Por otro lado, la CCSS dice que no es su responsabilidad determinar quién está en condiciones de pobreza y que no tienen los recursos para manejar toda esa información. Afirman que este problema empezó en 2021, pero que se ha agudizado bastante en los últimos meses. El brete es complejo, porque ambos lados tienen argumentos válidos, pero al final, quien está pagando la factura es la población vulnerable.
Afortunadamente, la Defensoría de los Habitantes ha tenido que meterse en el medio para abrir una mesa de diálogo entre la CCSS y el IMAS. Parece que hasta han invitado al SINIRUBE, al Ministerio de Hacienda y al DESAF para tratar de llegar a un acuerdo. ¡Esperemos que esta vez sí logren ponerle un parche a este desmadre! En un mes, la CCSS deberá comunicar su análisis sobre si va a participar en la actualización del RIS, y también informarán sobre posibles reformas a sus reglamentos internos. Mientras tanto, el IMAS estará asumiendo esa tarea para ayudar a la gente.
La presidenta de la CCSS, Mónica Taylor, y la presidenta del IMAS, Yorleni León, estuvieron presentes en la primera sesión, junto con el defensor adjunto Juan Carlos Pereira y sus equipos técnicos. Se inició un proceso de diálogo con plazo definido, así que esperemos que no se queden solo en promesas vacías. La idea es definir claramente las responsabilidades de cada institución en relación con la aplicación y actualización de la información socioeconómica de las personas que requieren servicios de salud. Pero, díganme ustedes, ¿cree que esta mesa de diálogo realmente va a solucionar el problema o será otra promesa que se va a quedar en el papel?
Ahora me pregunto, ¿ustedes conocen historias de personas que hayan sufrido por esta problemática entre la CCSS y el IMAS? ¿Qué soluciones creen que serían más efectivas para evitar que esto siga pasando y garantizar que las personas vulnerables tengan acceso a la atención médica que necesitan? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan!
Parece que el problemón viene de quién es responsable de actualizar la información socioeconómica de las personas que necesitan servicios de salud. Imagínate la situación: vas a la Caja buscando una pensión del Régimen No Contributivo o quieres que te aseguren por cuenta del Estado, y te dicen que tienes que ir al IMAS. Y luego, al IMAS, te mandan de vuelta a la Caja. ¡Un círculo vicioso que está dejando a muchísima gente sin atención médica!
Lo peor de todo es que esta maraña burocrática está afectando a personas que realmente lo necesitan. Pacientes hospitalizados esperando medicamentos, gente necesitada de citas médicas… todos atascados porque la CCSS y el IMAS no se ponen de acuerdo sobre quién tiene que hacer qué. ¡Qué despache tan grande! Una señora me contaba ayer cómo lleva meses dando vueltas, sin poder conseguir ni siquiera una cita con el médico, porque nadie sabe bien qué papeleo tiene que rellenar.
Según el IMAS, la CCSS anda remitiendo a sus oficinas a la gente que debería ser atendida por ellos. Dicen que la Caja quiere que todos actualicen el Registro de Información Social (RIS) a través del SINIRUBE, aunque tienen acceso directo a la plataforma. El IMAS argumenta que esto es ilegal y que les están imponiendo una carga extra que no les corresponde por ley. ¡Esto ya parece novela!
Por otro lado, la CCSS dice que no es su responsabilidad determinar quién está en condiciones de pobreza y que no tienen los recursos para manejar toda esa información. Afirman que este problema empezó en 2021, pero que se ha agudizado bastante en los últimos meses. El brete es complejo, porque ambos lados tienen argumentos válidos, pero al final, quien está pagando la factura es la población vulnerable.
Afortunadamente, la Defensoría de los Habitantes ha tenido que meterse en el medio para abrir una mesa de diálogo entre la CCSS y el IMAS. Parece que hasta han invitado al SINIRUBE, al Ministerio de Hacienda y al DESAF para tratar de llegar a un acuerdo. ¡Esperemos que esta vez sí logren ponerle un parche a este desmadre! En un mes, la CCSS deberá comunicar su análisis sobre si va a participar en la actualización del RIS, y también informarán sobre posibles reformas a sus reglamentos internos. Mientras tanto, el IMAS estará asumiendo esa tarea para ayudar a la gente.
La presidenta de la CCSS, Mónica Taylor, y la presidenta del IMAS, Yorleni León, estuvieron presentes en la primera sesión, junto con el defensor adjunto Juan Carlos Pereira y sus equipos técnicos. Se inició un proceso de diálogo con plazo definido, así que esperemos que no se queden solo en promesas vacías. La idea es definir claramente las responsabilidades de cada institución en relación con la aplicación y actualización de la información socioeconómica de las personas que requieren servicios de salud. Pero, díganme ustedes, ¿cree que esta mesa de diálogo realmente va a solucionar el problema o será otra promesa que se va a quedar en el papel?
Ahora me pregunto, ¿ustedes conocen historias de personas que hayan sufrido por esta problemática entre la CCSS y el IMAS? ¿Qué soluciones creen que serían más efectivas para evitar que esto siga pasando y garantizar que las personas vulnerables tengan acceso a la atención médica que necesitan? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan!
