¡Ay, Dios mío! La cosa está que arde en este país. Resulta que el Gobierno y la Asamblea Legislativa se están agarrando a mordiscos por quién manda en las cárceles. Un verdadero despiche, porque mientras unos quieren ponerle orden, otros prefieren seguir viendo cómo se complica la papa. Esto ha salido a relucir con el análisis del expediente 24.912, la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que el Gobierno está tratando de meterle mano.
La bronca viene de que el Viceministro de Justicia, Nils Ching, dice que el Ministerio necesita tener el control absoluto del sistema penitenciario. Argumenta que mezclar decisiones administrativas con judiciales es como armar un brete, generando contradicciones y hasta poniendo en riesgo la seguridad. Según él, la propuesta del Gobierno es más completa que la del Poder Judicial, esa que habla de “ejecución de la pena” y que parece querer compartir el mando. ¡Imagínate la maraña!
Pero ahí es donde se pone interesante, porque el Ministerio de Justicia anda bien fastidiado con los jueces de ejecución de la pena. Dicen que muchas veces las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología, las cuales sugieren qué hacer con los presos – si les dan beneficios o no –, los jueces las ignoran. Esto, para el Ejecutivo, debilita la gestión carcelaria y les impide aplicar las medidas necesarias, sobre todo en esas pelanchas de máxima seguridad como La Reforma, que ya tienen sus propios problemas, diay.
El Gobierno también justifica su postura diciendo que esta ley permitiría establecer unas reglas claras y fijas, que no cambien dependiendo de quién esté en el poder. Así evitamos que cada administración haga lo que quiera y genere incertidumbre. Una verdadera carga para todos los que trabajamos en esto, tener que reinventarnos cada vez que hay nuevas caras en Zapote. Imagina la papelera que se arma…
Sin embargo, la mayoría de los diputados en la Comisión de Seguridad ya le dieron luz verde a la propuesta del Poder Judicial, esa de la “ejecución de la pena”. Muchos legisladores consideran que es más completa y protege mejor los derechos de los internos. Pero, pa’ remate, el Gobierno no convocó a sesiones extraordinarias para avanzar con ella, así que la iniciativa quedó congelada. ¡Una jugada maestra para bloquearla!
Y aquí es donde entra el choque de filosofías. El Ejecutivo quiere control, seguridad y un jefe único mandando; el Legislativo y el Poder Judicial, prefieren un modelo con más equilibrio entre las instituciones y más atención a los derechos de los privados de libertad. Uno quiere ponerle candado a todo, el otro quiere darle espacio para la reinserción. Una vara muy diferente, chunches.
Más allá de lo legal y administrativo, esta pelea refleja una disputa mucho más profunda sobre cómo queremos administrar la justicia en Costa Rica y el tipo de sociedad que queremos construir. Tenemos hacinamiento en las cárceles, el narcotráfico creciendo como espuma, y el sistema judicial saturado. Una crisis compleja que requiere soluciones urgentes, pero parece que estamos más preocupados por quién tiene la batuta. De verdad, ¡qué torta!
En fin, la pelota sigue rodando y este debate promete sacudirnos a todos en los próximos meses. Con la seguridad pública y los derechos fundamentales en juego, nos queda preguntarnos: ¿Debería prevalecer un enfoque punitivo y centralizado en la administración penitenciaria, o debemos apostar por un modelo más inclusivo y orientado a la rehabilitación?
La bronca viene de que el Viceministro de Justicia, Nils Ching, dice que el Ministerio necesita tener el control absoluto del sistema penitenciario. Argumenta que mezclar decisiones administrativas con judiciales es como armar un brete, generando contradicciones y hasta poniendo en riesgo la seguridad. Según él, la propuesta del Gobierno es más completa que la del Poder Judicial, esa que habla de “ejecución de la pena” y que parece querer compartir el mando. ¡Imagínate la maraña!
Pero ahí es donde se pone interesante, porque el Ministerio de Justicia anda bien fastidiado con los jueces de ejecución de la pena. Dicen que muchas veces las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología, las cuales sugieren qué hacer con los presos – si les dan beneficios o no –, los jueces las ignoran. Esto, para el Ejecutivo, debilita la gestión carcelaria y les impide aplicar las medidas necesarias, sobre todo en esas pelanchas de máxima seguridad como La Reforma, que ya tienen sus propios problemas, diay.
El Gobierno también justifica su postura diciendo que esta ley permitiría establecer unas reglas claras y fijas, que no cambien dependiendo de quién esté en el poder. Así evitamos que cada administración haga lo que quiera y genere incertidumbre. Una verdadera carga para todos los que trabajamos en esto, tener que reinventarnos cada vez que hay nuevas caras en Zapote. Imagina la papelera que se arma…
Sin embargo, la mayoría de los diputados en la Comisión de Seguridad ya le dieron luz verde a la propuesta del Poder Judicial, esa de la “ejecución de la pena”. Muchos legisladores consideran que es más completa y protege mejor los derechos de los internos. Pero, pa’ remate, el Gobierno no convocó a sesiones extraordinarias para avanzar con ella, así que la iniciativa quedó congelada. ¡Una jugada maestra para bloquearla!
Y aquí es donde entra el choque de filosofías. El Ejecutivo quiere control, seguridad y un jefe único mandando; el Legislativo y el Poder Judicial, prefieren un modelo con más equilibrio entre las instituciones y más atención a los derechos de los privados de libertad. Uno quiere ponerle candado a todo, el otro quiere darle espacio para la reinserción. Una vara muy diferente, chunches.
Más allá de lo legal y administrativo, esta pelea refleja una disputa mucho más profunda sobre cómo queremos administrar la justicia en Costa Rica y el tipo de sociedad que queremos construir. Tenemos hacinamiento en las cárceles, el narcotráfico creciendo como espuma, y el sistema judicial saturado. Una crisis compleja que requiere soluciones urgentes, pero parece que estamos más preocupados por quién tiene la batuta. De verdad, ¡qué torta!
En fin, la pelota sigue rodando y este debate promete sacudirnos a todos en los próximos meses. Con la seguridad pública y los derechos fundamentales en juego, nos queda preguntarnos: ¿Debería prevalecer un enfoque punitivo y centralizado en la administración penitenciaria, o debemos apostar por un modelo más inclusivo y orientado a la rehabilitación?
