Maes, a ver si entendí bien esta vara, porque a veces uno lee las noticias y se queda con cara de "¿aló, planeta Tierra?". Resulta que el Tribunal Penal acaba de absolver a Celso Gamboa, Johnny Araya y a la exfiscala Berenice Smith del delito de tráfico de influencias. Y hasta ahí, uno podría decir "bueno, diay, la justicia decidió". Pero es que el meollo del asunto, el chiste que se cuenta solo, es que fue el propio Ministerio Público el que llegó a pedirle a los jueces que por favor no los condenaran. Repito: el que se supone que acusa, llegó a defender.
O sea, en el español más tico posible, la Fiscalía, después de años de investigación y de tener el caso montado, llega a conclusiones y dice: "Uy, no. Viéndolo bien, la acusación que nosotros mismos presentamos como que no está muy clara, ¿verdad? Como que no describe bien los hechos y las pruebas no demuestran nada". ¡Qué torta! Es como un delantero que llega solo frente al marco, sin portero, y en vez de patear, se da media vuelta y le pasa la bola al defensa del otro equipo. Uno no sabe si es que de verdad se jalaron una torta monumental con el papeleo y la investigación, o si hay algo más que no nos están contando. Porque una cosa es perder un caso por falta de pruebas y otra muy distinta es ser el principal promotor de la absolución.
Aquí es donde la vara se pone color de hormiga, porque no todos en el lado del Estado estaban de acuerdo con este repentino ataque de amnesia acusatoria. La Procuraduría General de la República, que es como el abogado del Estado, se paró en la cancha y dijo: "Un momentito, aquí sí pasó algo". Según ellos, las gestiones de Gamboa sí influyeron para que el nombre de Araya quedara limpiecito justo a tiempo para las elecciones municipales de 2016. La Procuraduría sostuvo que sí hubo actos de corrupción y que toda esta movida le metió un golpe durísimo a la imagen y la credibilidad del Poder Judicial. Pidieron condena y que se pagara por el daño hecho.
Pero al final, el esfuerzo de la Procuraduría se fue al traste. El tribunal escuchó a las dos partes —al que acusaba pidiendo perdón y al que defendía al Estado pidiendo justicia— y decidió hacerle caso al primero. Sentencia absolutoria para todos y que la casa pague. El argumento central fue que no se pudo comprobar una "intervención indebida" ni un "beneficio concreto". Y uno se queda pensando... ¿un beneficio político de cara a unas elecciones no es suficientemente concreto? ¿Evitar que tu nombre salga en un expediente judicial no es una "intervención indebida"? Pareciera que estamos hablando idiomas diferentes.
Al final, ¿qué nos queda a los ciudadanos de a pie? Nos queda un despiche de señales contradictorias que alimentan esa sensación de que la justicia es para unos pocos. Nos queda la imagen de la Fiscalía y la Procuraduría jugando en equipos opuestos dentro de la misma cancha. Y nos queda, sobre todo, una duda que carcome la confianza. Esta resolución, además, dicen que es clave para el proceso de extradición de Gamboa. Así que la novela todavía tiene capítulos pendientes. Pero por ahora, la pregunta para el foro es obligatoria: más allá de si son culpables o no... ¿qué nos dice esto sobre nuestro sistema judicial? ¿Estamos ante un caso de 'justicia' real o simplemente el sistema protegiéndose a sí mismo? Los leo.
O sea, en el español más tico posible, la Fiscalía, después de años de investigación y de tener el caso montado, llega a conclusiones y dice: "Uy, no. Viéndolo bien, la acusación que nosotros mismos presentamos como que no está muy clara, ¿verdad? Como que no describe bien los hechos y las pruebas no demuestran nada". ¡Qué torta! Es como un delantero que llega solo frente al marco, sin portero, y en vez de patear, se da media vuelta y le pasa la bola al defensa del otro equipo. Uno no sabe si es que de verdad se jalaron una torta monumental con el papeleo y la investigación, o si hay algo más que no nos están contando. Porque una cosa es perder un caso por falta de pruebas y otra muy distinta es ser el principal promotor de la absolución.
Aquí es donde la vara se pone color de hormiga, porque no todos en el lado del Estado estaban de acuerdo con este repentino ataque de amnesia acusatoria. La Procuraduría General de la República, que es como el abogado del Estado, se paró en la cancha y dijo: "Un momentito, aquí sí pasó algo". Según ellos, las gestiones de Gamboa sí influyeron para que el nombre de Araya quedara limpiecito justo a tiempo para las elecciones municipales de 2016. La Procuraduría sostuvo que sí hubo actos de corrupción y que toda esta movida le metió un golpe durísimo a la imagen y la credibilidad del Poder Judicial. Pidieron condena y que se pagara por el daño hecho.
Pero al final, el esfuerzo de la Procuraduría se fue al traste. El tribunal escuchó a las dos partes —al que acusaba pidiendo perdón y al que defendía al Estado pidiendo justicia— y decidió hacerle caso al primero. Sentencia absolutoria para todos y que la casa pague. El argumento central fue que no se pudo comprobar una "intervención indebida" ni un "beneficio concreto". Y uno se queda pensando... ¿un beneficio político de cara a unas elecciones no es suficientemente concreto? ¿Evitar que tu nombre salga en un expediente judicial no es una "intervención indebida"? Pareciera que estamos hablando idiomas diferentes.
Al final, ¿qué nos queda a los ciudadanos de a pie? Nos queda un despiche de señales contradictorias que alimentan esa sensación de que la justicia es para unos pocos. Nos queda la imagen de la Fiscalía y la Procuraduría jugando en equipos opuestos dentro de la misma cancha. Y nos queda, sobre todo, una duda que carcome la confianza. Esta resolución, además, dicen que es clave para el proceso de extradición de Gamboa. Así que la novela todavía tiene capítulos pendientes. Pero por ahora, la pregunta para el foro es obligatoria: más allá de si son culpables o no... ¿qué nos dice esto sobre nuestro sistema judicial? ¿Estamos ante un caso de 'justicia' real o simplemente el sistema protegiéndose a sí mismo? Los leo.
