Maes, agárrense porque esta vara está para alquilar balcón. ¿Se acuerdan del despiche con la BCR SAFI y un fondillo de inversión que terminó siendo un clavo? Bueno, la novela suma un nuevo capítulo y, sinceramente, es de no creer. Resulta que el Banco de Costa Rica (BCR), en lugar de solucionar el problema, decidió hacer la única jugada que le quedaba para patear la bola: demandar al propio regulador para no pagar los platos rotos. ¡Qué nivel!
Vamos por partes, para entender la torta monumental que se jalaron. En 2020, los genios que manejaban la SAFI (la subsidiaria de inversiones del BCR) decidieron que era una idea brillante pagar $70 millones por un chunche en Puntarenas llamado Parque Empresarial del Pacífico. El “pequeño” detalle es que el inmueble no estaba terminado; eran puros galerones. Lo más increíble es que no fue un secreto: al menos 12 altos funcionarios del banco vieron fotos y sabían perfectamente que estaban comprando un proyecto a medio palo, algo que ni siquiera está permitido para ese tipo de fondos. Hoy, ese mismo inmueble vale menos de la mitad. Un negocio redondo, pero para el que vendió.
Como era de esperarse, la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que es como el profe que revisa la tarea de los bancos, vio el desastre y le dijo al BCR: “A ver, papito, arrégleme este enredo. Saque $70 millones de su plata y respóndale a los 1,500 inversionistas que confiaron en usted”. Incluso el Conassif, el tata de los tatas en el sistema financiero, les dijo lo mismo. Pero diay, el BCR decidió que las reglas no aplican para ellos y se fueron al Tribunal Contencioso Administrativo a pedir una medida cautelar. Tomás Soley, el superintendente de la Sugeval, está que echa humo. El mae dice que está “consternado”, que en buen tico significa que no puede creer la caradurez del banco de llevar esto a un pleito legal eterno en lugar de solucionar el problema que ellos mismos crearon.
Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque la excusa del BCR es una joya. Salen con un comunicado muy tieso diciendo que no pueden cumplir la orden porque “implicaría el traslado definitivo de más de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado”. ¡Plop! O sea, según su lógica, el problema no fue el pésimo negocio donde se esfumó la plata de los inversionistas, sino la orden de arreglarlo. Es como chocar el carro y echarle la culpa al mecánico por cobrar la reparación. Como bien dijo Soley, es imposible “echarle el muerto a la Sugeval”, porque ellos no administraron ni un cinco de esa plata. El riesgo para los fondos públicos (y privados) no nació con la orden de Sugeval, nació el día que la SAFI firmó ese cheque.
Al final del día, la vara es sencilla. Tener una SAFI, como dice Soley, es como administrar los ahorros de la gente “como un buen padre de familia”. Claramente, acá alguien no hizo el brete. El BCR, en lugar de asumir la responsabilidad por su subsidiaria y limpiar su nombre, está alargando la agonía de casi 1,500 inversionistas que están saladísimos y viendo cómo su plata se va al traste. Este caso, que no tiene precedentes, sienta una base peligrosísima: que un banco del Estado puede meter las patas hasta el fondo y luego usar a los mismos tribunales para lavárselas. Una jugada maestra de cómo socializar las pérdidas.
Pero bueno, quiero saber qué piensan ustedes en el foro. ¿Está bien que el BCR se la juegue en tribunales para “proteger los fondos públicos” o es simplemente una jugada para no pagar los platos rotos de su propio despiche? ¡Los leo!
Vamos por partes, para entender la torta monumental que se jalaron. En 2020, los genios que manejaban la SAFI (la subsidiaria de inversiones del BCR) decidieron que era una idea brillante pagar $70 millones por un chunche en Puntarenas llamado Parque Empresarial del Pacífico. El “pequeño” detalle es que el inmueble no estaba terminado; eran puros galerones. Lo más increíble es que no fue un secreto: al menos 12 altos funcionarios del banco vieron fotos y sabían perfectamente que estaban comprando un proyecto a medio palo, algo que ni siquiera está permitido para ese tipo de fondos. Hoy, ese mismo inmueble vale menos de la mitad. Un negocio redondo, pero para el que vendió.
Como era de esperarse, la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que es como el profe que revisa la tarea de los bancos, vio el desastre y le dijo al BCR: “A ver, papito, arrégleme este enredo. Saque $70 millones de su plata y respóndale a los 1,500 inversionistas que confiaron en usted”. Incluso el Conassif, el tata de los tatas en el sistema financiero, les dijo lo mismo. Pero diay, el BCR decidió que las reglas no aplican para ellos y se fueron al Tribunal Contencioso Administrativo a pedir una medida cautelar. Tomás Soley, el superintendente de la Sugeval, está que echa humo. El mae dice que está “consternado”, que en buen tico significa que no puede creer la caradurez del banco de llevar esto a un pleito legal eterno en lugar de solucionar el problema que ellos mismos crearon.
Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque la excusa del BCR es una joya. Salen con un comunicado muy tieso diciendo que no pueden cumplir la orden porque “implicaría el traslado definitivo de más de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado”. ¡Plop! O sea, según su lógica, el problema no fue el pésimo negocio donde se esfumó la plata de los inversionistas, sino la orden de arreglarlo. Es como chocar el carro y echarle la culpa al mecánico por cobrar la reparación. Como bien dijo Soley, es imposible “echarle el muerto a la Sugeval”, porque ellos no administraron ni un cinco de esa plata. El riesgo para los fondos públicos (y privados) no nació con la orden de Sugeval, nació el día que la SAFI firmó ese cheque.
Al final del día, la vara es sencilla. Tener una SAFI, como dice Soley, es como administrar los ahorros de la gente “como un buen padre de familia”. Claramente, acá alguien no hizo el brete. El BCR, en lugar de asumir la responsabilidad por su subsidiaria y limpiar su nombre, está alargando la agonía de casi 1,500 inversionistas que están saladísimos y viendo cómo su plata se va al traste. Este caso, que no tiene precedentes, sienta una base peligrosísima: que un banco del Estado puede meter las patas hasta el fondo y luego usar a los mismos tribunales para lavárselas. Una jugada maestra de cómo socializar las pérdidas.
Pero bueno, quiero saber qué piensan ustedes en el foro. ¿Está bien que el BCR se la juegue en tribunales para “proteger los fondos públicos” o es simplemente una jugada para no pagar los platos rotos de su propio despiche? ¡Los leo!
