Gente, pónganle atención a esta vara porque es para sentarse a llorar. Resulta que la Defensoría de los Habitantes acaba de soltar una bomba: entre 2021 y 2023, se registraron más de 500 denuncias por acoso laboral en 11 ministerios del país. Quinientas. No son diez, ni veinte. Son quinientos casos de personas que, probablemente, viven un infierno cada vez que marcan tarjeta en su brete. Y lo peor de todo es que, con la transparencia de una pared de concreto, la Defensoría no suelta prenda sobre cuáles ministerios son los focos rojos. Diay, ¿así cómo? Nos dejan con el dato crudo, la indignación a flor de piel y la sensación de que el sistema está diseñado para proteger al mismo sistema. ¡Qué torta!
Ahora, aquí viene la parte que ya es el colmo del realismo mágico tico. La Defensoría dice que la mayoría de estas entidades tienen "programas de capacitación". O sea, le dan un folletito o una charla al personal para que sepan cómo denunciar. ¡Genial! Pero el chiste se cuenta solo: al mismo tiempo, señalan que no todos los ministerios se toman la molestia de incluir el tema en la inducción de los nuevos empleados. Es como darte un chaleco salvavidas pero no enseñarte a nadar. Y para rematar, solo nueve de los ministerios investigados tienen servicio de atención psicológica. Nueve. Para un universo de más de 500 denuncias. Prácticamente, el plan de apoyo para las víctimas se va al traste antes de empezar, dejándolas solas con el estrés y la ansiedad que una situación así genera.
Hablemos de los plazos, porque esto es un chiste de mal gusto. En teoría, la investigación preliminar no debería durar más de dos meses. En el papel suena bonito, ¿verdad? Pero como siempre en nuestra querida burocracia, existe el asterisco gigante: "puede variar de acuerdo a la complejidad del caso, por otorgamiento de prórroga o por carga de trabajo". Traducido al español simple: si su caso es un despiche, si hay mucha gente en fila o si a alguien se le ocurre pedir más tiempo, su espera se puede alargar hasta el infinito y más allá. Y agárrense de la silla con esto: en el MOPT, el MEIC y el MEP, ¡solo la persona denunciada tiene derecho a apelar el resultado! O sea, si a usted lo acosan, la resolución no le cuadra y siente que no se hizo justicia… ¡qué sal! Se aguanta. Una vara increíblemente injusta.
Y como si el panorama no fuera lo suficientemente gris, hay un "cuadro de honor" de la lentitud. Cinco instituciones tienen sus normativas internas contra el acoso laboral pendientes, en el limbo, acumulando polvo. Apunten los nombres: Micitt, Mideplan, Mivah, MOPT y Gobernación. Unos dicen que están "revisando la primera versión", otros que el borrador "está en etapa final". Mae, con todo respeto, ¿cuánto tiempo más necesitan? Mientras ellos le dan vueltas al documento, hay gente sufriendo en sus pasillos. No tener un reglamento claro y robusto a estas alturas del partido es, simple y sencillamente, jalarse una torta monumental y fallarle a sus propios colaboradores.
La cereza en este pastel de frustración es el proyecto de ley 20.873. Una ley específica para prevenir y sancionar el acoso laboral en todo el sector público y privado. Suena como la solución, ¿no? Pues esa iniciativa se presentó en ¡junio de 2018! Lleva dos periodos constitucionales durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Mientras nuestros diputados debaten otras varas, esta herramienta fundamental para proteger a miles de trabajadores sigue en una gaveta. La Defensoría lo dice claro: mientras esa ley no exista, cada institución es responsable. Pero como ya vimos, esa responsabilidad parece ser muy relativa para algunos. La pregunta queda en el aire, y quema.
En serio, maes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que es pura burocracia e incapacidad, o hay una falta de voluntad real para proteger a los empleados públicos? ¿Qué tiene que pasar para que esta vara cambie y se tomen el acoso laboral con la seriedad que merece? ¡Los leo en los comentarios!
Ahora, aquí viene la parte que ya es el colmo del realismo mágico tico. La Defensoría dice que la mayoría de estas entidades tienen "programas de capacitación". O sea, le dan un folletito o una charla al personal para que sepan cómo denunciar. ¡Genial! Pero el chiste se cuenta solo: al mismo tiempo, señalan que no todos los ministerios se toman la molestia de incluir el tema en la inducción de los nuevos empleados. Es como darte un chaleco salvavidas pero no enseñarte a nadar. Y para rematar, solo nueve de los ministerios investigados tienen servicio de atención psicológica. Nueve. Para un universo de más de 500 denuncias. Prácticamente, el plan de apoyo para las víctimas se va al traste antes de empezar, dejándolas solas con el estrés y la ansiedad que una situación así genera.
Hablemos de los plazos, porque esto es un chiste de mal gusto. En teoría, la investigación preliminar no debería durar más de dos meses. En el papel suena bonito, ¿verdad? Pero como siempre en nuestra querida burocracia, existe el asterisco gigante: "puede variar de acuerdo a la complejidad del caso, por otorgamiento de prórroga o por carga de trabajo". Traducido al español simple: si su caso es un despiche, si hay mucha gente en fila o si a alguien se le ocurre pedir más tiempo, su espera se puede alargar hasta el infinito y más allá. Y agárrense de la silla con esto: en el MOPT, el MEIC y el MEP, ¡solo la persona denunciada tiene derecho a apelar el resultado! O sea, si a usted lo acosan, la resolución no le cuadra y siente que no se hizo justicia… ¡qué sal! Se aguanta. Una vara increíblemente injusta.
Y como si el panorama no fuera lo suficientemente gris, hay un "cuadro de honor" de la lentitud. Cinco instituciones tienen sus normativas internas contra el acoso laboral pendientes, en el limbo, acumulando polvo. Apunten los nombres: Micitt, Mideplan, Mivah, MOPT y Gobernación. Unos dicen que están "revisando la primera versión", otros que el borrador "está en etapa final". Mae, con todo respeto, ¿cuánto tiempo más necesitan? Mientras ellos le dan vueltas al documento, hay gente sufriendo en sus pasillos. No tener un reglamento claro y robusto a estas alturas del partido es, simple y sencillamente, jalarse una torta monumental y fallarle a sus propios colaboradores.
La cereza en este pastel de frustración es el proyecto de ley 20.873. Una ley específica para prevenir y sancionar el acoso laboral en todo el sector público y privado. Suena como la solución, ¿no? Pues esa iniciativa se presentó en ¡junio de 2018! Lleva dos periodos constitucionales durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Mientras nuestros diputados debaten otras varas, esta herramienta fundamental para proteger a miles de trabajadores sigue en una gaveta. La Defensoría lo dice claro: mientras esa ley no exista, cada institución es responsable. Pero como ya vimos, esa responsabilidad parece ser muy relativa para algunos. La pregunta queda en el aire, y quema.
En serio, maes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que es pura burocracia e incapacidad, o hay una falta de voluntad real para proteger a los empleados públicos? ¿Qué tiene que pasar para que esta vara cambie y se tomen el acoso laboral con la seriedad que merece? ¡Los leo en los comentarios!
