La vara está que arde en Cuesta de Moras, maes. Y no, no es por el calor de agosto. Resulta que se armó un buen zafarrancho en la Comisión de Asuntos Sociales por un proyecto de ley con un nombre rimbombante: «Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público». Detrás de ese título de película de superhéroes, se esconde una propuesta que tiene a más de uno con el pelo de punta: ponerle un tope a las pensiones del sector público, incluyendo las del Poder Judicial. Y como era de esperarse, los representantes del Fondo de Jubilaciones de ese poder del Estado llegaron a la Asamblea Legislativa a decir, en el tico más diplomático posible, que se están jalando una torta.
El que llevó la batuta fue Mauricio Villalta, del Fondo. El mae llegó con los papeles en la mano a recordarles a los diputados un detallito que parece que se les olvidó. Les dijo: "Diay, ¿se acuerdan de la reforma que ya nos metieron en 2018? Fue durísima". Y tiene razón. Antes, un funcionario judicial se podía pensionar con 55 años de edad y 30 de brete. Ahora la cosa es mucho más ruda: 65 de edad y 35 de servicio. Villalta básicamente les planteó el meollo del asunto: hay gente que ya está pensionada bajo las reglas antiguas, gente que ya tiene un "derecho adquirido". Entonces, llegar ahora a decirles "mire, su pensión tiene un nuevo techo" suena, como mínimo, a que se puede ir al traste en la Sala IV por inconstitucional.
A este barco se subieron un par de diputadas. Katia Rivera, del PLN, lanzó una pregunta cargada de lógica: si una persona se fajó pagando mes a mes su cuota, ¿cómo se le puede llamar a eso "pensión de lujo"? Es como si usted ahorra toda su vida para comprarse un carro y cuando lo tiene, le dicen que es un lujo injusto. Villalta, ni lento ni perezoso, le dio la razón: no se puede hablar de lujos cuando la plata salió de la bolsa del trabajador. A ella se unió Priscila Vindas, del Frente Amplio, quien remató diciendo que esta gente sigue cotizando incluso después de jubilada. La pregunta de ella fue directa: ¿cómo vamos a satanizar una pensión si la persona pagó por ella hasta el último cinco?
Pero como en toda buena mejenga, siempre hay un equipo contrario. La diputada oficialista, Ada Acuña, salió a defender el proyecto. Para ella, la palabra clave es "sostenibilidad". Manifestó, con cara de preocupación, que este proyecto de ley viene con un análisis actuarial bajo el brazo. O sea, con números que, según ella, demostrarían que el sistema no aguanta. Su argumento es, en resumen: ¿estamos seguros de que lo que esa gente cotizó realmente alcanza para pagar esas pensiones tan altas por tantos años? Es la pregunta del millón que pone en jaque todo el sistema y que justifica, para el Gobierno, meterle mano a la vara.
Al final del día, el proyecto 24.786 sigue en el congelador de la comisión. Aún falta que lo analicen, le den vuelta y emitan una recomendación para ver si esta bronca llega al Plenario. Lo que queda en el aire es un despiche de marca mayor. Por un lado, tenés el argumento legalista y de justicia individual de los derechos adquiridos. Por el otro, el fantasma de la sostenibilidad y la presión de un sistema que, según algunos, podría colapsar. La gran duda es si este proyecto es la solución que el país necesita o si, por querer arreglar una cosa, terminan haciendo un caos que le va a costar carísimo al Estado en demandas. ¡Qué sal!
Maes, ahora les toca a ustedes. ¿Ustedes qué piensan de esta vara? ¿Tienen razón los del Fondo en que esto es pisotear derechos adquiridos o creen que ya es hora de ponerle un tope a estas pensiones, aunque la gente haya cotizado? ¿Justicia para el sistema o salado el que ya estaba jubilado? ¡Abro debate en el foro!
El que llevó la batuta fue Mauricio Villalta, del Fondo. El mae llegó con los papeles en la mano a recordarles a los diputados un detallito que parece que se les olvidó. Les dijo: "Diay, ¿se acuerdan de la reforma que ya nos metieron en 2018? Fue durísima". Y tiene razón. Antes, un funcionario judicial se podía pensionar con 55 años de edad y 30 de brete. Ahora la cosa es mucho más ruda: 65 de edad y 35 de servicio. Villalta básicamente les planteó el meollo del asunto: hay gente que ya está pensionada bajo las reglas antiguas, gente que ya tiene un "derecho adquirido". Entonces, llegar ahora a decirles "mire, su pensión tiene un nuevo techo" suena, como mínimo, a que se puede ir al traste en la Sala IV por inconstitucional.
A este barco se subieron un par de diputadas. Katia Rivera, del PLN, lanzó una pregunta cargada de lógica: si una persona se fajó pagando mes a mes su cuota, ¿cómo se le puede llamar a eso "pensión de lujo"? Es como si usted ahorra toda su vida para comprarse un carro y cuando lo tiene, le dicen que es un lujo injusto. Villalta, ni lento ni perezoso, le dio la razón: no se puede hablar de lujos cuando la plata salió de la bolsa del trabajador. A ella se unió Priscila Vindas, del Frente Amplio, quien remató diciendo que esta gente sigue cotizando incluso después de jubilada. La pregunta de ella fue directa: ¿cómo vamos a satanizar una pensión si la persona pagó por ella hasta el último cinco?
Pero como en toda buena mejenga, siempre hay un equipo contrario. La diputada oficialista, Ada Acuña, salió a defender el proyecto. Para ella, la palabra clave es "sostenibilidad". Manifestó, con cara de preocupación, que este proyecto de ley viene con un análisis actuarial bajo el brazo. O sea, con números que, según ella, demostrarían que el sistema no aguanta. Su argumento es, en resumen: ¿estamos seguros de que lo que esa gente cotizó realmente alcanza para pagar esas pensiones tan altas por tantos años? Es la pregunta del millón que pone en jaque todo el sistema y que justifica, para el Gobierno, meterle mano a la vara.
Al final del día, el proyecto 24.786 sigue en el congelador de la comisión. Aún falta que lo analicen, le den vuelta y emitan una recomendación para ver si esta bronca llega al Plenario. Lo que queda en el aire es un despiche de marca mayor. Por un lado, tenés el argumento legalista y de justicia individual de los derechos adquiridos. Por el otro, el fantasma de la sostenibilidad y la presión de un sistema que, según algunos, podría colapsar. La gran duda es si este proyecto es la solución que el país necesita o si, por querer arreglar una cosa, terminan haciendo un caos que le va a costar carísimo al Estado en demandas. ¡Qué sal!
Maes, ahora les toca a ustedes. ¿Ustedes qué piensan de esta vara? ¿Tienen razón los del Fondo en que esto es pisotear derechos adquiridos o creen que ya es hora de ponerle un tope a estas pensiones, aunque la gente haya cotizado? ¿Justicia para el sistema o salado el que ya estaba jubilado? ¡Abro debate en el foro!
