Mae, a veces uno lee unas varas que parecen sacadas de una película de enredos, pero no, es la pura realidad tica. La última joyita de la corona es el despiche que se armó con el Banco de Costa Rica (BCR), su administradora de fondos BCR SAFI, y un grupo de inversionistas que, con toda la razón del mundo, ya están hasta la coronilla y piden cuentas claras. La vara está en que la plata de ellos, la que con tanto esfuerzo pusieron a bretear, parece que se manejó con una liviandad que asusta y ahora nadie quiere hacerse responsable del hueco millonario.
Para ponerlos en contexto, imaginen que usted le da harina a un compa para que le compre un carro de lujo, full extras. Su compa vuelve y le dice: 'Listo, ¡pagamos $70 millones!'. Usted, todo ilusionado, va a ver el chuzo y se da cuenta de que le entregaron una carcacha a medio armar, sin motor y en un lote baldío. Bueno, algo así, pero a escala masiva, es lo que pasó en 2020. BCR SAFI, usando la plata de los inversionistas, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en Puntarenas por esa suma exorbitante. Años después, sale a la luz la verdad: no eran bodegas terminadas, eran apenas unos galerones. Para rematar, los peritajes dicen que esa propiedad, en el estado en que estaba, valía $34.7 millones, ¡menos de la mitad! Menuda torta se jalaron.
Diay, como era de esperarse, a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) no le hizo ni media gracia el asunto. Al darse cuenta del tamaño del error, le ordenó al BCR y a la SAFI que se pusieran la mano en la conciencia (y en la billetera) y le devolvieran los $70 millones al fondo. Era lo lógico: si usted comete el error, usted lo paga. ¿Pero qué creen que pasó? El banco y su subsidiaria, en lugar de acatar y proteger a sus clientes, hicieron un berrinche. Apelaron la decisión ante el Conassif, que básicamente es como ir a quejarse con el tata después de que la mamá te castigó. El problema es que el 'tata' (Conassif) les dio la razón a Sugeval. Y ni así. El BCR decidió llevar el caso hasta el Tribunal Contencioso Administrativo. O sea, están usando recursos (que al final son de todos nosotros) para pelear contra el regulador y no reponer una plata que, a todas luces, se perdió por una gestión deficiente.
Como es natural, a los inversionistas se les acabó la paciencia. Este viernes pasado le pusieron el pecho a las balas y mandaron un oficio bien directo a los meros meros del BCR y la SAFI, incluyendo al gerente general Julio Trejos y a la presidenta Mahity Flores. La solicitud es simple y directa: 'Dejen de jugar de vivos y enséñennos los papeles'. Quieren copia de la demanda, dónde se presentó, a qué hora, qué número de expediente tiene... todo. Quieren transparencia total. Como dijo su vocero, Rodrigo Alberto Carazo, la idea es garantizar la 'simetría informativa'. En buen tico, eso significa que no se vale que el banco sepa todo y los dueños de la plata no sepan nada. ¡Más que justo!
Al final del día, toda esta vara se resume en una palabra: confianza. Los inversionistas pusieron su harina en un fondo administrado por un banco estatal, esperando seriedad y protección. En lugar de eso, se toparon con una compra inexplicable, una pérdida millonaria y una actitud de 'aquí no pasó nada' por parte de la administración. Lo más irónico es que el BCR prefiere gastar más plata en abogados y juicios largos que simplemente asumir su responsabilidad y devolver el dinero al fondo que pertenece, no lo olvidemos, a sus clientes. Aquí la pregunta del millón es... ¿Hasta cuándo se puede estirar la liga con la plata de la gente? ¿Ustedes qué harían si fuera su harina la que está en ese enredo? ¡Los leo en los comentarios!
Para ponerlos en contexto, imaginen que usted le da harina a un compa para que le compre un carro de lujo, full extras. Su compa vuelve y le dice: 'Listo, ¡pagamos $70 millones!'. Usted, todo ilusionado, va a ver el chuzo y se da cuenta de que le entregaron una carcacha a medio armar, sin motor y en un lote baldío. Bueno, algo así, pero a escala masiva, es lo que pasó en 2020. BCR SAFI, usando la plata de los inversionistas, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en Puntarenas por esa suma exorbitante. Años después, sale a la luz la verdad: no eran bodegas terminadas, eran apenas unos galerones. Para rematar, los peritajes dicen que esa propiedad, en el estado en que estaba, valía $34.7 millones, ¡menos de la mitad! Menuda torta se jalaron.
Diay, como era de esperarse, a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) no le hizo ni media gracia el asunto. Al darse cuenta del tamaño del error, le ordenó al BCR y a la SAFI que se pusieran la mano en la conciencia (y en la billetera) y le devolvieran los $70 millones al fondo. Era lo lógico: si usted comete el error, usted lo paga. ¿Pero qué creen que pasó? El banco y su subsidiaria, en lugar de acatar y proteger a sus clientes, hicieron un berrinche. Apelaron la decisión ante el Conassif, que básicamente es como ir a quejarse con el tata después de que la mamá te castigó. El problema es que el 'tata' (Conassif) les dio la razón a Sugeval. Y ni así. El BCR decidió llevar el caso hasta el Tribunal Contencioso Administrativo. O sea, están usando recursos (que al final son de todos nosotros) para pelear contra el regulador y no reponer una plata que, a todas luces, se perdió por una gestión deficiente.
Como es natural, a los inversionistas se les acabó la paciencia. Este viernes pasado le pusieron el pecho a las balas y mandaron un oficio bien directo a los meros meros del BCR y la SAFI, incluyendo al gerente general Julio Trejos y a la presidenta Mahity Flores. La solicitud es simple y directa: 'Dejen de jugar de vivos y enséñennos los papeles'. Quieren copia de la demanda, dónde se presentó, a qué hora, qué número de expediente tiene... todo. Quieren transparencia total. Como dijo su vocero, Rodrigo Alberto Carazo, la idea es garantizar la 'simetría informativa'. En buen tico, eso significa que no se vale que el banco sepa todo y los dueños de la plata no sepan nada. ¡Más que justo!
Al final del día, toda esta vara se resume en una palabra: confianza. Los inversionistas pusieron su harina en un fondo administrado por un banco estatal, esperando seriedad y protección. En lugar de eso, se toparon con una compra inexplicable, una pérdida millonaria y una actitud de 'aquí no pasó nada' por parte de la administración. Lo más irónico es que el BCR prefiere gastar más plata en abogados y juicios largos que simplemente asumir su responsabilidad y devolver el dinero al fondo que pertenece, no lo olvidemos, a sus clientes. Aquí la pregunta del millón es... ¿Hasta cuándo se puede estirar la liga con la plata de la gente? ¿Ustedes qué harían si fuera su harina la que está en ese enredo? ¡Los leo en los comentarios!
