Mae, agárrense porque la bomba que acaba de estallar en la Caja es de las que hacen eco. Resulta que en el Hospital Calderón Guardia, uno de los pilares de nuestra seguridad social, hay una investigación que apunta a un posible fraude que, si se confirma, es para que a uno se le revuelva el estómago. La vara es así de sencilla y así de indignante: al parecer, hay médicos que estaban reportando jornadas de hasta 15 horas, ¡quince!, cuando en realidad el reloj de entrada y salida apenas marcaba cuatro horas de brete. Es decir, nos estarían cobrando el triple de lo trabajado, y todo con fondos públicos. ¡Qué despiche más monumental!
La cosa no es un simple chisme de pasillo. La propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que le metió el bisturí al asunto después de recibir una denuncia formal. Llevaban al menos nueve meses con esta jugada, según los primeros indicios. Nueve meses. Imagínense la cantidad de plata que se pudo haber fugado por esa grieta. Mientras tanto, uno hace filas interminables para una cita o espera meses por un medicamento. La Caja ya está en pleno zafarrancho, revolcando planillas, registros de asistencia y hasta el último comprobante de pago para ver dónde se torció el chunche y quiénes son los responsables de este posible despilfarro.
Como era de esperarse, el director médico del Calderón, Álvaro Ramos Salas, ya salió a apagar el incendio. Diay, el mae salió a decir lo que se espera: que se están tomando la vara "con total seriedad" y que están cruzando toda la información para ver si los números calzan. Promete que, si se confirma que alguien se jaló esta torta, habrá consecuencias disciplinarias. Pero, seamos honestos, esto va más allá de un simple regaño. Expertos en gestión hospitalaria ya están diciendo lo que todos pensamos: que un fraude de este calibre no pasa si los controles internos sirven para algo más que para gastar papel. Es una señal de alarma gigantesca sobre cómo se fiscaliza la plata en nuestras instituciones más queridas.
Y aquí es donde la situación se pone color de hormiga. Porque si se llega a comprobar que los médicos alteraron los reportes a propósito para inflar sus salarios, esto no es solo una falta administrativa. Legalmente, la figura se llama "falsedad ideológica", y eso, mis compas, es un delito que puede terminar en los tribunales penales. Ya no estamos hablando de devolver la plata y pedir perdón; estamos hablando de enfrentar a la justicia. Si a los implicados se les comprueba el dolo, el plan de hacerse un sobresueldo a costa de todos se les puede ir al traste de la peor manera. Es un recordatorio de que jugar de vivo con los fondos públicos puede salir carísimo.
Al final del día, lo que queda es una sensación amarga. Esta vara no es solo un escándalo en un hospital; es un síntoma de un problema más profundo. Nos obliga a cuestionar la supervisión en todo el aparato estatal. ¿Cuántos otros portillos como este existirán por ahí? ¿Cuánta plata se nos va en "errores", "inconsistencias" y fraudes descarados? La confianza en el sistema se erosiona con cada noticia así, porque la plata que se fuga en estas jugadas es la misma que falta para las becas, para tapar los huecos de las calles o para equipar mejor a la Fuerza Pública. Esto demuestra que los protocolos, sin una auditoría real y constante, muchas veces son un saludo a la bandera.
La pregunta del millón es: ¿creen que esto es un caso aislado o la punta del iceberg de un desorden más grande en nuestras instituciones? Y más importante, ¿qué harían ustedes para que una vara así no vuelva a pasar? Los leo, maes.
La cosa no es un simple chisme de pasillo. La propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que le metió el bisturí al asunto después de recibir una denuncia formal. Llevaban al menos nueve meses con esta jugada, según los primeros indicios. Nueve meses. Imagínense la cantidad de plata que se pudo haber fugado por esa grieta. Mientras tanto, uno hace filas interminables para una cita o espera meses por un medicamento. La Caja ya está en pleno zafarrancho, revolcando planillas, registros de asistencia y hasta el último comprobante de pago para ver dónde se torció el chunche y quiénes son los responsables de este posible despilfarro.
Como era de esperarse, el director médico del Calderón, Álvaro Ramos Salas, ya salió a apagar el incendio. Diay, el mae salió a decir lo que se espera: que se están tomando la vara "con total seriedad" y que están cruzando toda la información para ver si los números calzan. Promete que, si se confirma que alguien se jaló esta torta, habrá consecuencias disciplinarias. Pero, seamos honestos, esto va más allá de un simple regaño. Expertos en gestión hospitalaria ya están diciendo lo que todos pensamos: que un fraude de este calibre no pasa si los controles internos sirven para algo más que para gastar papel. Es una señal de alarma gigantesca sobre cómo se fiscaliza la plata en nuestras instituciones más queridas.
Y aquí es donde la situación se pone color de hormiga. Porque si se llega a comprobar que los médicos alteraron los reportes a propósito para inflar sus salarios, esto no es solo una falta administrativa. Legalmente, la figura se llama "falsedad ideológica", y eso, mis compas, es un delito que puede terminar en los tribunales penales. Ya no estamos hablando de devolver la plata y pedir perdón; estamos hablando de enfrentar a la justicia. Si a los implicados se les comprueba el dolo, el plan de hacerse un sobresueldo a costa de todos se les puede ir al traste de la peor manera. Es un recordatorio de que jugar de vivo con los fondos públicos puede salir carísimo.
Al final del día, lo que queda es una sensación amarga. Esta vara no es solo un escándalo en un hospital; es un síntoma de un problema más profundo. Nos obliga a cuestionar la supervisión en todo el aparato estatal. ¿Cuántos otros portillos como este existirán por ahí? ¿Cuánta plata se nos va en "errores", "inconsistencias" y fraudes descarados? La confianza en el sistema se erosiona con cada noticia así, porque la plata que se fuga en estas jugadas es la misma que falta para las becas, para tapar los huecos de las calles o para equipar mejor a la Fuerza Pública. Esto demuestra que los protocolos, sin una auditoría real y constante, muchas veces son un saludo a la bandera.
La pregunta del millón es: ¿creen que esto es un caso aislado o la punta del iceberg de un desorden más grande en nuestras instituciones? Y más importante, ¿qué harían ustedes para que una vara así no vuelva a pasar? Los leo, maes.
