¡Ay, Dios mío, qué despiche! Parece mentira que hayan pasado ocho meses desde que la DEA puso medio millón de dólares sobre la cabeza de Alejandro Arias Monge, alias “El Diablo”. Este tipo, que ha logrado evadir a la justicia como quien esquiva mosquitos en Guanacaste, sigue campando a sus anchas, y la sensación general es que estamos viendo la misma película, solo que con más actores involucrados y un presupuesto considerablemente inflado.
Para refrescarle la memoria a algunos, Arias Monge es el cabecilla de una organización criminal transnacional que ha estado metida hasta el cuello en narcotráfico, lavado de dinero y otras linduras. La DEA, harta de ver cómo este sujeto burla a las autoridades costarricenses, decidió ofrecer una recompensa sustancial para facilitar su captura. Pero ahí radica el problema: después de ocho meses, “El Diablo” sigue siendo más esquivo que un gato callejero en Santa Ana.
Michael Soto, el director interino del OIJ, admitió lo que todos ya sabíamos: “Todo el mundo dice que lo ve, pero nadie tiene certeza”. Esa frase, amigos míos, encapsula a la perfección la frustración que sentimos todos los costarricenses ante esta situación. Es como buscar una aguja en un pajar, pero en lugar de un pajar, tenemos una selva impenetrable y, encima, alguien nos está quitando las agujas.
Las investigaciones apuntan a que Arias Monge está invirtiendo fortunas para mantener a su círculo íntimo leal y silencioso. No se trata de comprar Lamborghinis ni mansiones lujosas; se trata de garantizar la seguridad y el bienestar de quienes podrían ser testigos clave en su contra. Es una inversión en silencio, una red de complicidades que se extiende por toda la región.
Pero lo realmente preocupante es la confirmación de que hay filtraciones constantes desde dentro de la Fuerza Pública. Información sensible sobre operativos policiales llega inexplicablemente a oídos de Arias Monge antes de que siquiera se puedan ejecutar. Esto no solo demuestra una grave falla en nuestros sistemas de seguridad, sino que también sugiere la posibilidad de corrupción a gran escala.
Y luego está el caso de Celso Gamboa, el exmagistrado señalado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como facilitador de las operaciones de Arias Monge. Aunque el presidente Chaves ha intentado minimizar la gravedad de la acusación, el dedo sigue señalando hacia otros sectores del Estado que estarían “protegiendo” al criminal. ¡Qué vara más negra! El hecho de tener que cuestionar la integridad de nuestras propias instituciones es un golpe durísimo para la democracia.
La prolongada libertad de “El Diablo” no solo representa un fracaso policial, sino también una afrenta a nuestra soberanía. El costo económico de esta persecución interminable es enorme, pero el daño reputacional es aún mayor. Estamos enviando el mensaje de que en Costa Rica, la ley puede comprarse y la justicia puede manipularse, y eso, mis queridos lectores, es algo inaceptable.
En fin, la historia de Alejandro Arias Monge es un espejo que refleja las debilidades de nuestro sistema judicial y la fragilidad de nuestras instituciones. Mientras “El Diablo” siga divirtiéndose a costa de la inseguridad ciudadana, la recompensa de medio millón de dólares será solo un amargo recordatorio de que, en ocasiones, el crimen paga mejor que trabajar honestamente. Entonces, dime tú: ¿Crees que la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica necesita una revisión completa, incluyendo una auditoría exhaustiva de los funcionarios públicos encargados de investigar estos casos?
Para refrescarle la memoria a algunos, Arias Monge es el cabecilla de una organización criminal transnacional que ha estado metida hasta el cuello en narcotráfico, lavado de dinero y otras linduras. La DEA, harta de ver cómo este sujeto burla a las autoridades costarricenses, decidió ofrecer una recompensa sustancial para facilitar su captura. Pero ahí radica el problema: después de ocho meses, “El Diablo” sigue siendo más esquivo que un gato callejero en Santa Ana.
Michael Soto, el director interino del OIJ, admitió lo que todos ya sabíamos: “Todo el mundo dice que lo ve, pero nadie tiene certeza”. Esa frase, amigos míos, encapsula a la perfección la frustración que sentimos todos los costarricenses ante esta situación. Es como buscar una aguja en un pajar, pero en lugar de un pajar, tenemos una selva impenetrable y, encima, alguien nos está quitando las agujas.
Las investigaciones apuntan a que Arias Monge está invirtiendo fortunas para mantener a su círculo íntimo leal y silencioso. No se trata de comprar Lamborghinis ni mansiones lujosas; se trata de garantizar la seguridad y el bienestar de quienes podrían ser testigos clave en su contra. Es una inversión en silencio, una red de complicidades que se extiende por toda la región.
Pero lo realmente preocupante es la confirmación de que hay filtraciones constantes desde dentro de la Fuerza Pública. Información sensible sobre operativos policiales llega inexplicablemente a oídos de Arias Monge antes de que siquiera se puedan ejecutar. Esto no solo demuestra una grave falla en nuestros sistemas de seguridad, sino que también sugiere la posibilidad de corrupción a gran escala.
Y luego está el caso de Celso Gamboa, el exmagistrado señalado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como facilitador de las operaciones de Arias Monge. Aunque el presidente Chaves ha intentado minimizar la gravedad de la acusación, el dedo sigue señalando hacia otros sectores del Estado que estarían “protegiendo” al criminal. ¡Qué vara más negra! El hecho de tener que cuestionar la integridad de nuestras propias instituciones es un golpe durísimo para la democracia.
La prolongada libertad de “El Diablo” no solo representa un fracaso policial, sino también una afrenta a nuestra soberanía. El costo económico de esta persecución interminable es enorme, pero el daño reputacional es aún mayor. Estamos enviando el mensaje de que en Costa Rica, la ley puede comprarse y la justicia puede manipularse, y eso, mis queridos lectores, es algo inaceptable.
En fin, la historia de Alejandro Arias Monge es un espejo que refleja las debilidades de nuestro sistema judicial y la fragilidad de nuestras instituciones. Mientras “El Diablo” siga divirtiéndose a costa de la inseguridad ciudadana, la recompensa de medio millón de dólares será solo un amargo recordatorio de que, en ocasiones, el crimen paga mejor que trabajar honestamente. Entonces, dime tú: ¿Crees que la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica necesita una revisión completa, incluyendo una auditoría exhaustiva de los funcionarios públicos encargados de investigar estos casos?
