A ver, maes, siéntense porque esta vara está más enredada que un audífono de cable en la bolsa. Imagínense la escena: usted organiza una fiesta, invita a dos grupos de amigos, y justo cuando van a llegar, decide que mejor siempre no, que la fiesta se cancela. El problema es que ya sus compas están afuera, con el queque y los regalos, y usted no sabe cómo decirles que se vayan sin que se arme un pleito. Bueno, cambien "fiesta" por "concurso de revisión vehicular" y a "usted" por el Cosevi, y tienen el retrato perfecto del novelón que se está viviendo en este momento.
Diay, ¿cómo se sale uno de un concurso que uno mismo montó? Esa es la pregunta que le carcome la cabeza al viceministro Carlos Ávila y a toda la junta directiva del Cosevi. Desde julio, ellos le dijeron a las dos empresas precalificadas (Applus y Tüv Rheinland) que “muchas gracias por participar, pero este chunche se descarta”. El problema es que decirlo es una cosa, y hacerlo legalmente es otra muy distinta. Resulta que Cosevi se topó con un muro llamado Contraloría General de la República (CGR), y ahora el pleito es de interpretación. El Cosevi le mandó una carta a la Contraloría preguntando, básicamente, “mae, ¿cómo apago esto sin que explote?”. Y aquí es donde se armó el despiche.
La Contraloría, en su infinita sabiduría burocrática, parece tener dos versiones de la misma película. Según Ávila, por un lado la CGR dijo en 2015 que la precalificación en un concurso no le da “derechos” a nadie; es como pasar el primer examen de la U, no significa que ya te graduaste. Pero ¡sorpresa! Para este caso específico, la misma Contraloría ahora dice que nel, que como Cosevi ya emitió un “acto final” de precalificación, las empresas sí tienen derechos adquiridos. Es decir, Cosevi no solo los invitó a la fiesta, sino que les abrió la puerta y les sirvió el primer fresco. Ahora no puede simplemente echarlos. Parece que Cosevi se jaló una torta al no tener claro el camino de salida antes de intentar salirse.
Y mientras Cosevi y la Contraloría juegan a este ajedrez legal, hay dos empresas sentadas en la banca, viendo cómo la bola pasa de un lado a otro. Especialmente Tüv Rheinland, que ya se cansó del jueguito y les mandó a decir que o avanzan con la segunda fase del concurso, o se van a los tribunales. Los maes amenazan con una denuncia por “conducta omisiva”, que en buen tico significa: “ustedes tenían que hacer un brete, no lo están haciendo y por eso los vamos a demandar”. Para ponerle más picante al asunto, recordemos que esta decisión de frenar todo vino directo de Casa Presidencial, con una sesión de junta directiva del Cosevi bastante particular, donde tres ministros votaron para acatar la orden, una movida que ya les valió su propia denuncia penal.
Entonces, el panorama es este: el Gobierno quiere un concurso nuevo, Cosevi no sabe cómo matar el actual sin meterse en un broncón legal, la Contraloría le da respuestas que parecen un acertijo, y una de las empresas precalificadas está afilando los cuchillos legales. Cosevi le pregunta a la CGR si la vía correcta es declarar el proceso "infructuoso" o si tienen que ir por la "nulidad absoluta", que es el equivalente a usar una bomba atómica legal para borrar todo. Mientras tanto, nosotros seguimos con la revisión en manos de un permisionario temporal. Así que, maes, la pregunta del millón es: ¿quién tiene la razón en este pleito? ¿La Contraloría por defender el proceso, o Cosevi por intentar frenar algo que, según el Gobierno, ya no sirve? O, para ser más directos: ¿creen que esta vara ya se fue al traste por completo?
Diay, ¿cómo se sale uno de un concurso que uno mismo montó? Esa es la pregunta que le carcome la cabeza al viceministro Carlos Ávila y a toda la junta directiva del Cosevi. Desde julio, ellos le dijeron a las dos empresas precalificadas (Applus y Tüv Rheinland) que “muchas gracias por participar, pero este chunche se descarta”. El problema es que decirlo es una cosa, y hacerlo legalmente es otra muy distinta. Resulta que Cosevi se topó con un muro llamado Contraloría General de la República (CGR), y ahora el pleito es de interpretación. El Cosevi le mandó una carta a la Contraloría preguntando, básicamente, “mae, ¿cómo apago esto sin que explote?”. Y aquí es donde se armó el despiche.
La Contraloría, en su infinita sabiduría burocrática, parece tener dos versiones de la misma película. Según Ávila, por un lado la CGR dijo en 2015 que la precalificación en un concurso no le da “derechos” a nadie; es como pasar el primer examen de la U, no significa que ya te graduaste. Pero ¡sorpresa! Para este caso específico, la misma Contraloría ahora dice que nel, que como Cosevi ya emitió un “acto final” de precalificación, las empresas sí tienen derechos adquiridos. Es decir, Cosevi no solo los invitó a la fiesta, sino que les abrió la puerta y les sirvió el primer fresco. Ahora no puede simplemente echarlos. Parece que Cosevi se jaló una torta al no tener claro el camino de salida antes de intentar salirse.
Y mientras Cosevi y la Contraloría juegan a este ajedrez legal, hay dos empresas sentadas en la banca, viendo cómo la bola pasa de un lado a otro. Especialmente Tüv Rheinland, que ya se cansó del jueguito y les mandó a decir que o avanzan con la segunda fase del concurso, o se van a los tribunales. Los maes amenazan con una denuncia por “conducta omisiva”, que en buen tico significa: “ustedes tenían que hacer un brete, no lo están haciendo y por eso los vamos a demandar”. Para ponerle más picante al asunto, recordemos que esta decisión de frenar todo vino directo de Casa Presidencial, con una sesión de junta directiva del Cosevi bastante particular, donde tres ministros votaron para acatar la orden, una movida que ya les valió su propia denuncia penal.
Entonces, el panorama es este: el Gobierno quiere un concurso nuevo, Cosevi no sabe cómo matar el actual sin meterse en un broncón legal, la Contraloría le da respuestas que parecen un acertijo, y una de las empresas precalificadas está afilando los cuchillos legales. Cosevi le pregunta a la CGR si la vía correcta es declarar el proceso "infructuoso" o si tienen que ir por la "nulidad absoluta", que es el equivalente a usar una bomba atómica legal para borrar todo. Mientras tanto, nosotros seguimos con la revisión en manos de un permisionario temporal. Así que, maes, la pregunta del millón es: ¿quién tiene la razón en este pleito? ¿La Contraloría por defender el proceso, o Cosevi por intentar frenar algo que, según el Gobierno, ya no sirve? O, para ser más directos: ¿creen que esta vara ya se fue al traste por completo?
