¡Ay, papá! El circo sigue dando vueltas en Barranca-Limonal. Resulta que Ingeniería Estrella S.A., la misma empresa que se salió del proyecto hace unos años en medio del escándalo del Cochinilla, anda rondando de nuevo, esta vez de la mano de Bel Ingeniería. Se firmaron los contratos con el MOPT y todo, listos para retomar la ampliación de la ruta Interamericana. Parece que estamos reviviendo viejas películas, ¿verdad?
Para refrescarles la memoria, allá por el 2023, el consorcio Ruta 1, integrado por Estrella y H Solís, pidió el finiquito del contrato alegando que el proyecto estaba paralizado. Ahí empezaron los problemas, las reclamaciones multimillonarias, y todo eso porque querían que les pagaran por “tareas realizadas” como la devolución de retenciones de buena obra, ingeniería de valor, e incluso por “optimización de diseños”. Una verdadera torta, si me preguntan.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se puso a tantear y mandó el asunto a la Comisión de Resolución de Controversias (CRC). Después de andar dándole vueltas, llegaron a un acuerdo para pagarle al contratista cerca de 13.3 millones de dólares. Pero al final, el costo escaló a más de 14 millones, un 61.5% de lo que pedían originalmente. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiaba la obra, dio luz verde a esos pagos, dejando a muchos cuestionándose qué tan justificadas estaban esas sumas.
Y ahora, volvemos a empezar. Estrella, en alianza con Bel Ingeniería, se encargará del tramo entre Barranca y San Gerardo. Mientras tanto, Meco trabajará el otro lado, entre San Gerardo y Limonal. Según el ministro Zeledón, la empresa Estrella no ha sido sancionada, así que legalmente pueden participar. Claro, pero… ¿quién se acuerda de la vara, mi pana?
Zeledón asegura que esta vez han incluido “herramientas” en el contrato que permitirán sancionar o liquidarlo en caso de incumplimientos. Suena bien en teoría, pero recordemos que los contratos suelen estar escritos en letra pequeña, y los abogados siempre encuentran la forma de sacar raja. Y vamos, ya hemos visto suficientes cosas raras en proyectos públicos para ser escépticos.
Para evitar un posible abandono total de la obra –como ocurrió con el Cochinilla–, el proyecto se dividió en dos partes. Así, si alguna empresa le da un brinco, los trabajos podrían continuar. Pero dividir la obra no soluciona la raíz del problema: la falta de transparencia, la corrupción y la cultura de la impunidad que permea algunos sectores del país. Esa es la verdadera carga que tenemos que cargar como ticos.
Ahora, la Contraloría General de la República (CGR) tiene 25 días para refrendar los contratos. Si todo sale bien, dicen que la construcción podría retomarse en noviembre. Esperemos que esta vez sí avance, y no nos hagan pasar otra vez por el fiacre. Porque ya estamos cansados de ver cómo nuestros impuestos se van al brete, y las obras quedan a medias.
Después de todo este rollo, me queda una pregunta: ¿cree usted que realmente podemos confiar en que este proyecto avanzará sin tropiezos ni nuevos escándalos, o estamos destinados a repetir la historia de Barranca-Limonal?
Para refrescarles la memoria, allá por el 2023, el consorcio Ruta 1, integrado por Estrella y H Solís, pidió el finiquito del contrato alegando que el proyecto estaba paralizado. Ahí empezaron los problemas, las reclamaciones multimillonarias, y todo eso porque querían que les pagaran por “tareas realizadas” como la devolución de retenciones de buena obra, ingeniería de valor, e incluso por “optimización de diseños”. Una verdadera torta, si me preguntan.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se puso a tantear y mandó el asunto a la Comisión de Resolución de Controversias (CRC). Después de andar dándole vueltas, llegaron a un acuerdo para pagarle al contratista cerca de 13.3 millones de dólares. Pero al final, el costo escaló a más de 14 millones, un 61.5% de lo que pedían originalmente. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiaba la obra, dio luz verde a esos pagos, dejando a muchos cuestionándose qué tan justificadas estaban esas sumas.
Y ahora, volvemos a empezar. Estrella, en alianza con Bel Ingeniería, se encargará del tramo entre Barranca y San Gerardo. Mientras tanto, Meco trabajará el otro lado, entre San Gerardo y Limonal. Según el ministro Zeledón, la empresa Estrella no ha sido sancionada, así que legalmente pueden participar. Claro, pero… ¿quién se acuerda de la vara, mi pana?
Zeledón asegura que esta vez han incluido “herramientas” en el contrato que permitirán sancionar o liquidarlo en caso de incumplimientos. Suena bien en teoría, pero recordemos que los contratos suelen estar escritos en letra pequeña, y los abogados siempre encuentran la forma de sacar raja. Y vamos, ya hemos visto suficientes cosas raras en proyectos públicos para ser escépticos.
Para evitar un posible abandono total de la obra –como ocurrió con el Cochinilla–, el proyecto se dividió en dos partes. Así, si alguna empresa le da un brinco, los trabajos podrían continuar. Pero dividir la obra no soluciona la raíz del problema: la falta de transparencia, la corrupción y la cultura de la impunidad que permea algunos sectores del país. Esa es la verdadera carga que tenemos que cargar como ticos.
Ahora, la Contraloría General de la República (CGR) tiene 25 días para refrendar los contratos. Si todo sale bien, dicen que la construcción podría retomarse en noviembre. Esperemos que esta vez sí avance, y no nos hagan pasar otra vez por el fiacre. Porque ya estamos cansados de ver cómo nuestros impuestos se van al brete, y las obras quedan a medias.
Después de todo este rollo, me queda una pregunta: ¿cree usted que realmente podemos confiar en que este proyecto avanzará sin tropiezos ni nuevos escándalos, o estamos destinados a repetir la historia de Barranca-Limonal?
