¡Ay, Dios mío! Esto se puso bien picante, chango. Resulta que Camilo Saldarriaga, el mismo que anduvo pegao’ al expresidente Carlos Alvarado, y que ya sabemos salió en el ojo del huracán del Caso Cochinilla, ahora anda metido en otro brete. Parece que es el rey Midas de los certificados de cesión de la Coalición Agenda Ciudadana, según unos papeles que salieron a luz y que, ni corto ni perezoso, ya están disponibles para que cualquiera los vaya a revisar en el TSE. ¡Qué vaina!
Rónald Chacón Badilla, el man que maneja los temas de financiamiento en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), me confirmó que los números hablan solos. Saldarriaga es el que más certificados compró, con unos ₡2.975.000 por siete unidades, todas adquiridas hace poquito, el 27 de octubre del 2025. Pero no anda solo en esto, porque también aparece Eduardo Solano, exviceministro de Seguridad, con cuatro certificados que le costaron ₡1.020.000. También Francisco Serrano, Heydi Murillo y Annemarie Sauter tienen sus pedacitos del pastel, aunque en cantidades mucho menores.
Ahora, pa' ponerle más sabor al mondongo, estos certificados son como vales de regalo que los partidos políticos pueden ceder a otros, inversionistas o medios de comunicación, para conseguir billete rápido. Son derechos que podrían llegar a cobrar, pero siempre dependen de que revisen y aprueben todos los gastitos que hace el partido en campaña. Esto nos dice que, aunque hayan pagado por esos certificados, no significa que vayan a sacar la máquina hasta arriba, ¿me entienden?
Pero vamos por partes, chava. En el informe de la Coalición Agenda Ciudadana, aparte de los certificados de cesión, también hubo algunos donantes que pusieron su granito de arena, sumando unos ₡801.000 en total. Boris Ramírez, el que busca ser diputado por Heredia, aportó una buena lana, unos ₡385.000, seguido por Ana Gabriel Zúñiga Aponte con ₡165.000. Claro, los demás donantes fueron con montos más modestos, no pasaban de los ₡50.000.
Y volviendo a Saldarriaga, recuerden que el señor ya lleva tiempo en la mira por el Caso Cochinilla, esa novela llena de dádivas sospechosas, contratos turbios y obras que quedaron peor que antes. El OIJ entró a saco en Casa Presidencial, Conavi y varias empresas allá por el 2021, y ahí precisamente encontraron evidencias que lo vinculan con este asunto. Su abogada, Gabriela Arias Godínez, asegura que todavía está en limbo legalmente; ni culpable ni inocente, pa’ que se enteren.
¿Y cómo empezó todo este lío? Pues parece que Saldarriaga hacía llamadas y seguimientos pa’ asegurarse de que Hacienda liberara la plata pa’ el Conavi. Las transcripciones de esas conversaciones son explosivas, con señalamientos directos de influencias políticas desde Casa Presidencial. Un día, hasta le estaban pidiendo que le diera “seguimiento” y que “llamara al despacho del Ministro de Hacienda”. ¡Qué maraña!
A pesar de todo el embrollo, Saldarriaga renunció a su puesto en Casa Presidencial asegurando que iba con la conciencia tranquila, jurando y perjurando que no había hecho nada malo. Dijo que en el debido proceso se demostraría su inocencia. Pero bueno, ya saben cómo funcionan estas cosas… Uno nunca sabe quién va a salir favorecido o perjudicado al final del camino. El señor tiene un currículum interesante: llegó al país con su familia huyendo de la guerra en Colombia, estudió economía en la UCR, fue líder estudiantil, trabajó con Luis Guillermo Solís en el IMAS y Fonabe, y terminó siendo el brazo derecho de Alvarado. Una vida movida, ¿eh?
Bueno, cambiando de tema un momentito... Todo este rollo nos deja pensando: ¿Es ético que alguien cercano a un político, especialmente en medio de investigaciones de corrupción, invierta fuertemente en certificados de cesión de un partido? ¿O simplemente estamos exagerando y Saldarriaga es un inversionista sagaz? ¡Dígame, tú qué opinas, mae!?
Rónald Chacón Badilla, el man que maneja los temas de financiamiento en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), me confirmó que los números hablan solos. Saldarriaga es el que más certificados compró, con unos ₡2.975.000 por siete unidades, todas adquiridas hace poquito, el 27 de octubre del 2025. Pero no anda solo en esto, porque también aparece Eduardo Solano, exviceministro de Seguridad, con cuatro certificados que le costaron ₡1.020.000. También Francisco Serrano, Heydi Murillo y Annemarie Sauter tienen sus pedacitos del pastel, aunque en cantidades mucho menores.
Ahora, pa' ponerle más sabor al mondongo, estos certificados son como vales de regalo que los partidos políticos pueden ceder a otros, inversionistas o medios de comunicación, para conseguir billete rápido. Son derechos que podrían llegar a cobrar, pero siempre dependen de que revisen y aprueben todos los gastitos que hace el partido en campaña. Esto nos dice que, aunque hayan pagado por esos certificados, no significa que vayan a sacar la máquina hasta arriba, ¿me entienden?
Pero vamos por partes, chava. En el informe de la Coalición Agenda Ciudadana, aparte de los certificados de cesión, también hubo algunos donantes que pusieron su granito de arena, sumando unos ₡801.000 en total. Boris Ramírez, el que busca ser diputado por Heredia, aportó una buena lana, unos ₡385.000, seguido por Ana Gabriel Zúñiga Aponte con ₡165.000. Claro, los demás donantes fueron con montos más modestos, no pasaban de los ₡50.000.
Y volviendo a Saldarriaga, recuerden que el señor ya lleva tiempo en la mira por el Caso Cochinilla, esa novela llena de dádivas sospechosas, contratos turbios y obras que quedaron peor que antes. El OIJ entró a saco en Casa Presidencial, Conavi y varias empresas allá por el 2021, y ahí precisamente encontraron evidencias que lo vinculan con este asunto. Su abogada, Gabriela Arias Godínez, asegura que todavía está en limbo legalmente; ni culpable ni inocente, pa’ que se enteren.
¿Y cómo empezó todo este lío? Pues parece que Saldarriaga hacía llamadas y seguimientos pa’ asegurarse de que Hacienda liberara la plata pa’ el Conavi. Las transcripciones de esas conversaciones son explosivas, con señalamientos directos de influencias políticas desde Casa Presidencial. Un día, hasta le estaban pidiendo que le diera “seguimiento” y que “llamara al despacho del Ministro de Hacienda”. ¡Qué maraña!
A pesar de todo el embrollo, Saldarriaga renunció a su puesto en Casa Presidencial asegurando que iba con la conciencia tranquila, jurando y perjurando que no había hecho nada malo. Dijo que en el debido proceso se demostraría su inocencia. Pero bueno, ya saben cómo funcionan estas cosas… Uno nunca sabe quién va a salir favorecido o perjudicado al final del camino. El señor tiene un currículum interesante: llegó al país con su familia huyendo de la guerra en Colombia, estudió economía en la UCR, fue líder estudiantil, trabajó con Luis Guillermo Solís en el IMAS y Fonabe, y terminó siendo el brazo derecho de Alvarado. Una vida movida, ¿eh?
Bueno, cambiando de tema un momentito... Todo este rollo nos deja pensando: ¿Es ético que alguien cercano a un político, especialmente en medio de investigaciones de corrupción, invierta fuertemente en certificados de cesión de un partido? ¿O simplemente estamos exagerando y Saldarriaga es un inversionista sagaz? ¡Dígame, tú qué opinas, mae!?
