¡Ay, Dios mío! La Fiscalía está metida en un brete que ni Don Remberto Rojas podría resolver. Resulta que el ente encargado de perseguir el delito anda con la soga al cuello, así lo confirmó el mismísimo Fiscal General, Carlo Díaz, en declaraciones exclusivas a Diario Extra. Parece que este año no vamos a ver milagros y el panorama para el cierre anual es… bueno, digamos que no es para presumir.
La bronca, según explican los que andan adentro, es que el presupuesto está más flaco que perrito apaleado. Eso significa que no hay plata para cubrir las incapacidades ni las licencias de los funcionarios fiscales. Y no es cualquier cosita, ¡eh! Estamos hablando de gente clave que necesita descansar o atender sus asuntos personales, pero no pueden porque si se van, deja un vacío enorme. ¿Y qué pasa cuando faltan fiscales? Pues que los casos se acumulan, los procesos se retrasan y los delincuentes se ríen a carcajadas, diay.
Pero la cosa no termina ahí. El número de causas judiciales que llegan a la Fiscalía cada año va para arriba, y eso es gracias a que el crimen organizado está echándole ganas, aprovechándose de la situación. Imagínate: más trabajo, menos personal y un enemigo que no precisamente está dispuesto a echarse atrás. Un verdadero dolor de cabeza, mae. Así que ya ven porqué Carlos Díaz dice que están ‘apagando incendios’, intentando taparle agujeros a un barco que se hunde poco a poco.
Díaz fue claro al decir que la situación actual es comparable, o incluso peor, a la que vivieron hace unos meses. Recordarán que semanas atrás, el Ministerio Público soltó la bomba de la falta de recursos, lo cual encendió alarmas hasta en la Corte Plena. Pero parece que nadie le hizo caso y ahora estamos pagando las consecuencias. Este asunto ya no es un rumor; es una realidad palpable que afecta directamente la seguridad ciudadana.
El Fiscal General no se anda con rodeos. Reconoce que el panorama de los últimos dos meses es «totalmente reservado». Dice que el año pasado lograron hacer magia, sacando adelante lo que podían, pero que ahora no espera resultados similares. «No creo que podamos sacar más de lo que nos entra», advierte Díaz. En otras palabras, estamos llegando al límite, y si no hacemos algo pronto, la cosa se pondrá fea.
Para intentar mitigar la crisis, han puesto en marcha un plan especial: un grupo de fiscales dedicado exclusivamente a atender los rezagos acumulados. Digamos que son los bomberos de la justicia, corriendo contra el tiempo para evitar que todo se vaya al traste. Están tratando de ayudar a las diferentes fiscalías que están ahogadas en papeleos y expedientes, pero ¿será suficiente?
Y no solo eso, la pandemia dejó secuelas enormes en todos los ámbitos, incluyendo la administración de justicia. La morosidad judicial se disparó, los tribunales siguen saturados y la confianza de la ciudadanía en el sistema legal se ha visto erosionada. Ahora sumarle la falta de recursos económicos a toda esta ecuación... ¡ufff!, qué torta de situación. Es como querer arreglar un techo con lluvia torrencial.
Ante este escenario desalentador, me pregunto: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la Fiscalía trabaje con ataduras de manos? ¿Será que nuestros representantes en la Asamblea Legislativa realmente entienden la gravedad de esta situación o seguirán pensando en otros churros mientras el país se va a pique? ¿Creen que el gobierno debería priorizar la inversión en seguridad y fortalecer el sistema judicial antes de que sea demasiado tarde?
La bronca, según explican los que andan adentro, es que el presupuesto está más flaco que perrito apaleado. Eso significa que no hay plata para cubrir las incapacidades ni las licencias de los funcionarios fiscales. Y no es cualquier cosita, ¡eh! Estamos hablando de gente clave que necesita descansar o atender sus asuntos personales, pero no pueden porque si se van, deja un vacío enorme. ¿Y qué pasa cuando faltan fiscales? Pues que los casos se acumulan, los procesos se retrasan y los delincuentes se ríen a carcajadas, diay.
Pero la cosa no termina ahí. El número de causas judiciales que llegan a la Fiscalía cada año va para arriba, y eso es gracias a que el crimen organizado está echándole ganas, aprovechándose de la situación. Imagínate: más trabajo, menos personal y un enemigo que no precisamente está dispuesto a echarse atrás. Un verdadero dolor de cabeza, mae. Así que ya ven porqué Carlos Díaz dice que están ‘apagando incendios’, intentando taparle agujeros a un barco que se hunde poco a poco.
Díaz fue claro al decir que la situación actual es comparable, o incluso peor, a la que vivieron hace unos meses. Recordarán que semanas atrás, el Ministerio Público soltó la bomba de la falta de recursos, lo cual encendió alarmas hasta en la Corte Plena. Pero parece que nadie le hizo caso y ahora estamos pagando las consecuencias. Este asunto ya no es un rumor; es una realidad palpable que afecta directamente la seguridad ciudadana.
El Fiscal General no se anda con rodeos. Reconoce que el panorama de los últimos dos meses es «totalmente reservado». Dice que el año pasado lograron hacer magia, sacando adelante lo que podían, pero que ahora no espera resultados similares. «No creo que podamos sacar más de lo que nos entra», advierte Díaz. En otras palabras, estamos llegando al límite, y si no hacemos algo pronto, la cosa se pondrá fea.
Para intentar mitigar la crisis, han puesto en marcha un plan especial: un grupo de fiscales dedicado exclusivamente a atender los rezagos acumulados. Digamos que son los bomberos de la justicia, corriendo contra el tiempo para evitar que todo se vaya al traste. Están tratando de ayudar a las diferentes fiscalías que están ahogadas en papeleos y expedientes, pero ¿será suficiente?
Y no solo eso, la pandemia dejó secuelas enormes en todos los ámbitos, incluyendo la administración de justicia. La morosidad judicial se disparó, los tribunales siguen saturados y la confianza de la ciudadanía en el sistema legal se ha visto erosionada. Ahora sumarle la falta de recursos económicos a toda esta ecuación... ¡ufff!, qué torta de situación. Es como querer arreglar un techo con lluvia torrencial.
Ante este escenario desalentador, me pregunto: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la Fiscalía trabaje con ataduras de manos? ¿Será que nuestros representantes en la Asamblea Legislativa realmente entienden la gravedad de esta situación o seguirán pensando en otros churros mientras el país se va a pique? ¿Creen que el gobierno debería priorizar la inversión en seguridad y fortalecer el sistema judicial antes de que sea demasiado tarde?
