Un fisioterapeuta que trabajaba en el Hospital San Vicente de Paúl, en la provincia de Heredia, ha sido separado de su cargo por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a raíz de varias denuncias que lo acusan de haber cometido presuntos abusos sexuales contra pacientes que recibían tratamiento para problemas del suelo pélvico.
Según información preliminar, las acusaciones fueron presentadas a inicios de junio del presente año, y las autoridades del hospital actuaron rápidamente, trasladando el caso a las instancias legales y administrativas correspondientes.
Aunque el caso aún se encuentra en proceso de investigación, las implicaciones han generado gran controversia. A pesar de la gravedad de las denuncias, es crucial recalcar que el fisioterapeuta en cuestión no ha sido condenado judicialmente y que, por lo tanto, se le debe considerar inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, las acciones preventivas tomadas por el hospital dejan entrever la seriedad con la que las autoridades han tratado el caso.
El problema no se limita a las acusaciones personales contra el fisioterapeuta, ya que estas denuncias también han afectado directamente la prestación de los servicios de fisioterapia de suelo pélvico en el Hospital de Heredia. Este tipo de tratamiento, fundamental para pacientes que sufren de disfunciones en los músculos encargados de controlar el funcionamiento de la vejiga, los intestinos y otros órganos vitales, ha sido suspendido en las instalaciones del hospital local. Según se ha informado, la razón de esta suspensión radica en la falta de un reemplazo con la certificación adecuada para continuar ofreciendo el servicio.
Actualmente, las pacientes que necesitan este tipo de terapia han sido derivadas a otros centros médicos, como el Hospital México y el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare). No obstante, esta reubicación ha provocado un fuerte descontento entre las pacientes y los familiares, quienes han señalado que la atención ha sido insuficiente, especialmente para aquellas que se encontraban en la lista de espera desde que se presentó el caso del fisioterapeuta. El diputado Jonathan Acuña, del partido Frente Amplio, ha sido una de las voces más críticas de la situación, cuestionando la capacidad de las autoridades del hospital para garantizar la continuidad del servicio.
En una intervención reciente, Acuña expresó que es “inadmisible” que el hospital no haya podido retomar el servicio de suelo pélvico de manera directa, argumentando que deberían contar con el personal y los recursos necesarios para ofrecer esta atención tan importante. Según el diputado, la incapacidad de la administración para resolver este problema ha dejado a cientos de pacientes en una situación de incertidumbre y desatención.
Por otro lado, el hospital se defiende asegurando que ha actuado conforme a la normativa y ha priorizado la protección de las pacientes mientras se esclarecen los hechos. Asimismo, señalaron que han coordinado con otros hospitales para minimizar el impacto en la calidad del servicio. Sin embargo, el malestar persiste entre los afectados, quienes argumentan que estas soluciones temporales no cumplen con las necesidades urgentes de quienes requieren tratamiento inmediato.
El caso del fisioterapeuta, aunque todavía en etapa investigativa, ha puesto de relieve una problemática más profunda dentro del sistema de salud pública del país: la falta de personal especializado y la lentitud de los procedimientos judiciales que, mientras tanto, dejan a las víctimas en el limbo.
Según información preliminar, las acusaciones fueron presentadas a inicios de junio del presente año, y las autoridades del hospital actuaron rápidamente, trasladando el caso a las instancias legales y administrativas correspondientes.
Aunque el caso aún se encuentra en proceso de investigación, las implicaciones han generado gran controversia. A pesar de la gravedad de las denuncias, es crucial recalcar que el fisioterapeuta en cuestión no ha sido condenado judicialmente y que, por lo tanto, se le debe considerar inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, las acciones preventivas tomadas por el hospital dejan entrever la seriedad con la que las autoridades han tratado el caso.
El problema no se limita a las acusaciones personales contra el fisioterapeuta, ya que estas denuncias también han afectado directamente la prestación de los servicios de fisioterapia de suelo pélvico en el Hospital de Heredia. Este tipo de tratamiento, fundamental para pacientes que sufren de disfunciones en los músculos encargados de controlar el funcionamiento de la vejiga, los intestinos y otros órganos vitales, ha sido suspendido en las instalaciones del hospital local. Según se ha informado, la razón de esta suspensión radica en la falta de un reemplazo con la certificación adecuada para continuar ofreciendo el servicio.
Actualmente, las pacientes que necesitan este tipo de terapia han sido derivadas a otros centros médicos, como el Hospital México y el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare). No obstante, esta reubicación ha provocado un fuerte descontento entre las pacientes y los familiares, quienes han señalado que la atención ha sido insuficiente, especialmente para aquellas que se encontraban en la lista de espera desde que se presentó el caso del fisioterapeuta. El diputado Jonathan Acuña, del partido Frente Amplio, ha sido una de las voces más críticas de la situación, cuestionando la capacidad de las autoridades del hospital para garantizar la continuidad del servicio.
En una intervención reciente, Acuña expresó que es “inadmisible” que el hospital no haya podido retomar el servicio de suelo pélvico de manera directa, argumentando que deberían contar con el personal y los recursos necesarios para ofrecer esta atención tan importante. Según el diputado, la incapacidad de la administración para resolver este problema ha dejado a cientos de pacientes en una situación de incertidumbre y desatención.
Por otro lado, el hospital se defiende asegurando que ha actuado conforme a la normativa y ha priorizado la protección de las pacientes mientras se esclarecen los hechos. Asimismo, señalaron que han coordinado con otros hospitales para minimizar el impacto en la calidad del servicio. Sin embargo, el malestar persiste entre los afectados, quienes argumentan que estas soluciones temporales no cumplen con las necesidades urgentes de quienes requieren tratamiento inmediato.
El caso del fisioterapeuta, aunque todavía en etapa investigativa, ha puesto de relieve una problemática más profunda dentro del sistema de salud pública del país: la falta de personal especializado y la lentitud de los procedimientos judiciales que, mientras tanto, dejan a las víctimas en el limbo.
